Conversando para un Nuevo Chile - Ciudadanía - Reeditor.com

. Lo que se ha expresado, y se ha sentido a flor de piel, en el reencuentro de las personas con sus instancias locales más directas, en la reactivación de relaciones de buena vecindad y de pertenencia a los barrios, en la concurrencia a gremios o sindicatos para conversar. Este espíritu gregario y de colaboración había permanecido en una suerte de hibernación. El efecto telúrico de esta explosión social, ha permitido recuperar lazos con un ánimo distinto, de resistencia, de solidaridad, de colaboración, de unidad frente a la fuerza bruta que ha aplicado el sistema para criminalizar y aislar al movimiento social.

El 26 de Abril deberá realizarse el Plebiscito que permitirá decidir si Chile aprueba o rechaza caminar hacia una Nueva Constitución, decidiendo, además, el medio por el cual se redactará esa Carta Magna. Y aquí, la ciudadanía deberá decidir si ese nuevo texto constitucional será redactado por una Convención Mixta o por una convención Constitucional. La primera opción implicaría que un 50% de los delegados constituyentes serían elegidos por la ciudadanía y que el otro 50% sería designado por el Congreso y serían parlamentarios en ejercicio. La Segunda opción, Convención Constitucional, significa que la totalidad de los delegados serán elegidos por la ciudadanía.

El Acuerdo del 15 de noviembre “por la paz social y nueva Constitución” fue la salida que la clase política acordó para destrabar el conflicto social en marcha. Lo medular es que, a partir del Plebiscito de Abril, podrá abrirse un proceso constituyente que partirá con una hoja en blanco. Sin embargo, lo que quiso mantener como amarre la clase política fue exigir que la Convención redactora funcione tomando acuerdos con un quorum de 2/3 de sus miembros. Otra cortapisa que ha pretendido dejar la clase política, ha sido condicionar la postulación de candidatos a delegados constituyentes independientes a un patrocinio de los partidos políticos, cuestión que ha sido ampliamente cuestionada por la ilegitimidad que implica, toda vez que ha sido la movilización social, la sociedad civil, la que ha logrado abrir este proceso a partir del 18 de Octubre, #18O, mientras los partidos políticos apenas tienen un 2% de adhesión de la ciudadanía.

Asumida así, con su letra chica y sus medias tintas, esta apertura a una nueva constitución, la civilidad no se ha desmovilizado y apuesta a imponer una mayoría contundente en el Plebiscito que permita tomar decisiones soberanas, aun cuando rija el quorum de amarre de los 2/3 acordado por la clase política. Es así como, en miles de conversatorios, conferencias, programas de televisión independientes, la ciudadanía se ha preparado para votar sin que nadie se abstenga, el próximo 26 de Abril. Del lado del gobierno, todo su accionar ha sido fortalecer la represión y criminalizar al movimiento social, usando noticias falsas, hablando de supuestos atentados incendiarios contra hospitales, sanitarias y otros sitios considerados estratégicos, que nunca han ocurrido.

Corriendo ya el 5to mes de esta convulsión social, Sebastián Piñera no ha querido tocar los intereses corporativos del 1% que es dueño de Chile, ni con el pétalo de una rosa. Teniendo en su mano la posibilidad de haber tomado decisiones que atendieran demandas urgentes, como en las pensiones, en las que no ha sido capaz de exigirles a las AFP, aplicar una esperanza de vida realista, de 85 años, en vez de los 110 con que hasta hoy calculan las pensiones. Ese solo ejemplo demuestra que la decisión del Presidente y de su equipo del segundo piso de la Moneda, ha sido apostar a la fuerza, represión que amedrente a la sociedad civil movilizada, en vez de buscar soluciones sensatas que pudieren distensionar la presión social.

Marzo se anunció como un mes de reactivación de la movilización social. Inconcebiblemente, el Congreso se tomó su feriado estival de Febrero, como si nada ocurriera, asumiendo esa “normalidad” que nos quieren vender desde la institucionalidad, sin querer ver que el país no dará marcha atrás, que por más que saquen a la vitrina a personeros de la ex-Concertación a apoyar al gobierno y su defensa del “orden público”, la respuesta desde la ciudadanía es que esos “cadáveres políticos” sólo vienen a evidenciar todo por lo que se está reclamando, porque en el capitalismo salvaje y depredador aplicado, son esos políticos concertacionistas, que administraron y profundizaron el modelo pinochetista, tan responsables como los políticos de derecha, de la desigualdad que marca a Chile, y que es como una gran falla geológica que, finalmente, está tumbando el modelo neoliberal para construir un nuevo Chile.

En los conversatorios desarrollados, con diversos actores y líderes de opinión, se ha venido delineando esos mínimos comunes denominadores que permiten una unidad supraideológica, basada en principios éticos, de integridad, transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas.

Se trata de acordar de entrada los grandes principios del país que queremos. Para que, en base a ese consenso ir construyendo un nuevo Chile.

Como los primeros cristianos, desde las catatumbas, alejados de los medios oficiales y expresándose en toda su diversidad y pluralidad étnica, en todo Chile han ido surgiendo miles de grupos, movimientos, nuevos partidos emergentes, esgrimiendo ideas que constituyen esos mínimos comunes denominadores para trabajar un nuevo texto constitucional. Lo cual se resume en grandes pricipios que deberán inspirar la nueva carta magna, para garantizar a todos los habitantes de Chile que sus necesidades básicas estarán aseguradas como un derecho, por un Estado Responsable y no podrán ser objeto de negocio. El derecho al agua, la salud, la previsión, el ingreso mínimo, es ese piso de equidad que la Nueva Constitución habrá de consagrar.

Un Estado Democrático, con un Estado Responsable y no Subsidiario, que planifique el desarrollo y convoque la energía de los privados, pero de manera transparente, erradicando bolsones de corrupción. Una planificación participativa y descentralizada en las regiones, con participación crítica y fiscalizadora de la sociedad civil.

Un Estado que regule y fiscalice y que en su interior tenga los necesarios equilibrios de poder y controles institucionales, que aseguren el buen uso de los recursos públicos y una equidad que conduzca a una paz social verdadera.

En el contexto internacional, se busca un Estado Soberano, que construya y mantenga relaciones de cooperación con los demás países de la región, de manera permanente, independiente de la alternancia política, fijando objetivos de largo plazo que nos fortalezcan en el contexto internacional, en la defensa y manejo de nuestras riquezas.

Este verano ha sido de movilización, diálogo y reflexión. Porque ha habido temor a que la fuerza pretenda nuevamente poner la bota sobre la ciudadanía, pero revisar las circunstancias de contexto internacional, permite afirmar que esa opción desesperada es improbable y que en los grupos empresariales habría más cordura y pragmatismo, que en los mismos políticos del sector, como para navegar en reglas del juego más estrictas, como lo hacen normalmente en democracias más maduras. También ha habido llamados de cautela para no caer en la provocación social de quienes quieren, precisamente, justificar mayor represión y estados de excepción, con el pretexto de recuperación del “orden público”.

Reservar la energía ciudadana para el 26 de Abril, significa abocarse a lo importante: que en cada hogar se escuche con claridad el significado de una Nueva Constitución, demostrando cómo ello impactará en nuestras vidas, quitando los amarres que hoy no permiten tener un Estado locomotora, que atienda los temas de desarrollo sustentable ni las urgencias geopolíticas que el país requiere.

Si vota ese 60% que se abstuvo en la última elección presidencial, superaremos el 80% con el voto Apruebo Nueva Constitución.

Hernan Narbona Veliz, Periodismo Independiente, 2 de marzo de 2020