El precio del kiwi



Los agricultores españoles llevan varias semanas de protestas y movilizaciones a lo largo y ancho de nuestro país para poner de manifiesto el grave problema que tienen: la escasa productividad del sector primario ―agricultura y ganadería― en España. La subida del salario mínimo, aunque no afecta a todos los agricultores, fue la gota que colmó el vaso para muchos, ya que supone un incremento de costes con el que mantener la actividad se vuelve insostenible para aquellos que, inicialmente, no podían pagar por encima del SMI.

 


Durante las protestas, y especialmente a través de los medios de comunicación y redes sociales, hemos visto algunos ejemplos de la demagogia y el populismo más descarados, apoyados además por grupos políticos con representación en el Gobierno. Se comparan una y otra vez los precios en origen (lo que los comercializadores pagan a los agricultores por su producto) con los precios en destino (el PVP al que los consumidores compran el producto en los supermercados), dejando caer la idea de que alguien cuadruplica o quintuplica el precio por pura avaricia y sin añadir valor alguno al producto. Es un argumento falsario que busca un chivo expiatorio fácil sobre el que descargar la culpa en vez de resolver nada. Una forma más de enfrentar a "los nuestros" contra "los otros".

Lo cierto es que en el modelo de sociedad que hemos desarrollado, los consumidores no queremos vernos obligados a ir una determinada mañana al mercado a comprar fruta y verdura, luego a la carnicería, luego a la pescadería, el ultramarinos, la droguería, etc. Queremos poder ir a un supermercado cuando nos venga bien, cuando el trabajo y otras obligaciones nos lo permitan, y hacer toda la compra de una vez. Queremos, además, encontrar fruta, verduras, hortalizas y legumbres todo el año, no solo en temporada ni sólo aquellas que se cultivan a unos pocos kilómetros. Queremos también que la oferta de estos productos sea variada, su aspecto apetecible y lustroso, y los precios bajos. Todo eso tiene un coste (transporte, almacenamiento, mano de obra, condiciones higiénico-sanitarias, impuestos, etc.), que es el que hace que los productos lleguen al consumidor mucho más caros de lo que salieron en origen, pero que lleguen y estén disponibles en establecimientos de todo el país, durante prácticamente todo el año.

Una de las demandas más repetidas por los agricultores es que se les pague un precio justo. Los comercializadores, sin embargo, no van a pagar veinte si encuentran lo mismo por diez, que es lo que pasa con los productos de países extracomunitarios (los cuales, la mayoría de veces, pueden competir con precios mucho más bajos porque sus costes de producción son mucho menores). La solución, entonces, es que el Estado, o la UE, pague a los agricultores la diferencia, lo que no sólo supone sostener una industria que no es rentable, sino que también elimina cualquier incentivo de mejorar la productividad. Pero Europa no es sólo España y los demás países pueden pensar que no tienen por qué gastar millones en sostener esta actividad, como ya está sucediendo (la UE planea de hecho recortar en un 14 % las ayudas al sector agrícola).

Puede parecer con esto que los agricultores se equivocan al protestar, pero es todo lo contrario. Hacen muy bien en salir a la calle y poner la cuestión sobre la mesa. La agricultura en España no es productiva, y el estado tiene que hacer frente al problema. Si no se hace nada, los agricultores acabarán por abandonar la actividad y engrosar las listas del paro ―que ya son bastante largas―, y además perderemos una de las mayores riquezas de nuestro país. Pero ayudas como las subvenciones europeas no son más que meros parches. Las alternativas pasan por modernizar el sector primario y que las inversiones del estado se dirijan, por un lado, a aumentar la productividad, y por otro a aumentar la calidad. El desarrollo de sellos de denominación de origen (en contra a la mezcla de productos de diferente procedencia en los establecimientos) y los cultivos ecológicos podrían marcar una clara diferencia competitiva entre los productos originados en nuestro país y los llegados de fuera, justificando así una diferencia de precio que muchos consumidores estarían dispuestos a pagar. Convendría, quizás, echar una mirada a Nueva Zelanda, un país con un fuerte sector primario que ha sabido adaptarse eliminando las subvenciones y enfocándose en la productividad y protección del medio ambiente.



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Los agricultores españoles llevan varias semanas de protestas y movilizaciones a lo largo y ancho de nuestro país para poner de manifiesto el grave problema que tienen: la escasa productividad del sector primario ―agricultura y ganadería― en España. La subida del salario mínimo, aunque no afecta a todos los agricultores, fue la gota que colmó el vaso para muchos, ya que supone un incremento de costes con el que mantener la actividad se vuelve insostenible para aquellos que, inicialmente, no podían pagar por encima del SMI.

 


Durante las protestas, y especialmente a través de los medios de comunicación y redes sociales, hemos visto algunos ejemplos de la demagogia y el populismo más descarados, apoyados además por grupos políticos con representación en el Gobierno. Se comparan una y otra vez los precios en origen (lo que los comercializadores pagan a los agricultores por su producto) con los precios en destino (el PVP al que los consumidores compran el producto en los supermercados), dejando caer la idea de que alguien cuadruplica o quintuplica el precio por pura avaricia y sin añadir valor alguno al producto. Es un argumento falsario que busca un chivo expiatorio fácil sobre el que descargar la culpa en vez de resolver nada. Una forma más de enfrentar a "los nuestros" contra "los otros".

Lo cierto es que en el modelo de sociedad que hemos desarrollado, los consumidores no queremos vernos obligados a ir una determinada mañana al mercado a comprar fruta y verdura, luego a la carnicería, luego a la pescadería, el ultramarinos, la droguería, etc. Queremos poder ir a un supermercado cuando nos venga bien, cuando el trabajo y otras obligaciones nos lo permitan, y hacer toda la compra de una vez. Queremos, además, encontrar fruta, verduras, hortalizas y legumbres todo el año, no solo en temporada ni sólo aquellas que se cultivan a unos pocos kilómetros. Queremos también que la oferta de estos productos sea variada, su aspecto apetecible y lustroso, y los precios bajos. Todo eso tiene un coste (transporte, almacenamiento, mano de obra, condiciones higiénico-sanitarias, impuestos, etc.), que es el que hace que los productos lleguen al consumidor mucho más caros de lo que salieron en origen, pero que lleguen y estén disponibles en establecimientos de todo el país, durante prácticamente todo el año.

Una de las demandas más repetidas por los agricultores es que se les pague un precio justo. Los comercializadores, sin embargo, no van a pagar veinte si encuentran lo mismo por diez, que es lo que pasa con los productos de países extracomunitarios (los cuales, la mayoría de veces, pueden competir con precios mucho más bajos porque sus costes de producción son mucho menores). La solución, entonces, es que el Estado, o la UE, pague a los agricultores la diferencia, lo que no sólo supone sostener una industria que no es rentable, sino que también elimina cualquier incentivo de mejorar la productividad. Pero Europa no es sólo España y los demás países pueden pensar que no tienen por qué gastar millones en sostener esta actividad, como ya está sucediendo (la UE planea de hecho recortar en un 14 % las ayudas al sector agrícola).

Puede parecer con esto que los agricultores se equivocan al protestar, pero es todo lo contrario. Hacen muy bien en salir a la calle y poner la cuestión sobre la mesa. La agricultura en España no es productiva, y el estado tiene que hacer frente al problema. Si no se hace nada, los agricultores acabarán por abandonar la actividad y engrosar las listas del paro ―que ya son bastante largas―, y además perderemos una de las mayores riquezas de nuestro país. Pero ayudas como las subvenciones europeas no son más que meros parches. Las alternativas pasan por modernizar el sector primario y que las inversiones del estado se dirijan, por un lado, a aumentar la productividad, y por otro a aumentar la calidad. El desarrollo de sellos de denominación de origen (en contra a la mezcla de productos de diferente procedencia en los establecimientos) y los cultivos ecológicos podrían marcar una clara diferencia competitiva entre los productos originados en nuestro país y los llegados de fuera, justificando así una diferencia de precio que muchos consumidores estarían dispuestos a pagar. Convendría, quizás, echar una mirada a Nueva Zelanda, un país con un fuerte sector primario que ha sabido adaptarse eliminando las subvenciones y enfocándose en la productividad y protección del medio ambiente.




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