. La subida
del salario mínimo, aunque no afecta a todos los agricultores, fue
la gota que colmó el vaso para muchos, ya que supone un incremento
de costes con el que mantener la actividad se vuelve insostenible
para aquellos que, inicialmente, no podían pagar por encima del SMI.
Durante las
protestas, y especialmente a través de los medios de comunicación y
redes sociales, hemos visto algunos ejemplos de la demagogia y el
populismo más descarados, apoyados además por grupos políticos con
representación en el Gobierno. Se comparan una y otra vez los
precios en origen (lo que los comercializadores pagan a los
agricultores por su producto) con los precios en destino (el PVP al
que los consumidores compran el producto en los supermercados),
dejando caer la idea de que alguien cuadruplica o quintuplica el
precio por pura avaricia y sin añadir valor alguno al producto. Es
un argumento falsario que busca un chivo expiatorio fácil sobre el
que descargar la culpa en vez de resolver nada. Una forma más de
enfrentar a "los nuestros" contra "los otros".
Lo cierto es que en
el modelo de sociedad que hemos desarrollado, los consumidores no
queremos vernos obligados a ir una determinada mañana al mercado a
comprar fruta y verdura, luego a la carnicería, luego a la
pescadería, el ultramarinos, la droguería, etc. Queremos poder ir a
un supermercado cuando nos venga bien, cuando el trabajo y otras
obligaciones nos lo permitan, y hacer toda la compra de una vez.
Queremos, además, encontrar fruta, verduras, hortalizas y legumbres
todo el año, no solo en temporada ni sólo aquellas que se cultivan
a unos pocos kilómetros. Queremos también que la oferta de estos
productos sea variada, su aspecto apetecible y lustroso, y los
precios bajos. Todo eso tiene un coste (transporte, almacenamiento,
mano de obra, condiciones higiénico-sanitarias, impuestos, etc.),
que es el que hace que los productos lleguen al consumidor mucho más
caros de lo que salieron en origen, pero que lleguen y estén
disponibles en establecimientos de todo el país, durante
prácticamente todo el año.
Una de las demandas
más repetidas por los agricultores es que se les pague un precio
justo. Los comercializadores, sin embargo, no van a pagar veinte si
encuentran lo mismo por diez, que es lo que pasa con los productos de
países extracomunitarios (los cuales, la mayoría de veces, pueden
competir con precios mucho más bajos porque sus costes de producción
son mucho menores). La solución, entonces, es que el Estado, o la
UE, pague a los agricultores la diferencia, lo que no sólo supone
sostener una industria que no es rentable, sino que también elimina
cualquier incentivo de mejorar la productividad. Pero Europa no es
sólo España y los demás países pueden pensar que no tienen por
qué gastar millones en sostener esta actividad, como ya está
sucediendo (la UE planea de hecho recortar en un 14 % las ayudas al
sector agrícola).
Puede parecer con
esto que los agricultores se equivocan al protestar, pero es todo lo
contrario. Hacen muy bien en salir a la calle y poner la cuestión
sobre la mesa. La agricultura en España no es productiva, y el
estado tiene que hacer frente al problema. Si no se hace nada, los
agricultores acabarán por abandonar la actividad y engrosar las
listas del paro ―que ya son bastante largas―, y además
perderemos una de las mayores riquezas de nuestro país. Pero ayudas
como las subvenciones europeas no son más que meros parches. Las
alternativas pasan por modernizar el sector primario y que las
inversiones del estado se dirijan, por un lado, a aumentar la
productividad, y por otro a aumentar la calidad. El desarrollo de
sellos de denominación de origen (en contra a la mezcla de productos
de diferente procedencia en los establecimientos) y los cultivos
ecológicos podrían marcar una clara diferencia competitiva entre
los productos originados en nuestro país y los llegados de fuera,
justificando así una diferencia de precio que muchos consumidores
estarían dispuestos a pagar. Convendría, quizás, echar una mirada
a Nueva Zelanda, un país con un fuerte sector primario que ha sabido
adaptarse eliminando las subvenciones y enfocándose en la
productividad y protección del medio ambiente.
