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Chile: Hacia un Capitalismo Regulado


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13/02/2020


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Reflexiones para el Debate Ciudadano.


Este verano está transcurriendo en un clima confrontacional, maniqueo y fundamentalista, que impide debates serios del tipo de sociedad que los chilenos debemos darnos. Sin entrar a discutir de los orígenes y causas de este clima belicista, cabe anotar que la ciudadanía movilizada nunca ha estado en guerra, pero sí tuvo que escuchar del Presidente Piñera una declaración de guerra y una sostenida política que ha centrado la energía en reprimir y desinformar, con todo el peso de los medios oficiales de comunicación, de propiedad de los grupos económicos y financiados por una generosa propaganda gubernamental. Sólo gracias al fenómeno de las redes sociales y las diversas expresiones de periodismo independiente, es que se logra un relativo contrapeso a la propaganda oficial.

La campaña del terror busca asustar a las masas en función de una falacia. Una nueva Constitución llevaría al caos económico, a la pérdida de los logros de Chile en la experiencia del neoliberalismo. Se caricaturiza con un comunismo que se apropiaría de los patrimonios de las personas, que el Estado lo concentraría todo, que empeoraría la calidad de vida de las personas.

Tengo 50 años de vida profesional y en esa trayectoria he sido Consultor Internacional de Naciones Unidas, el BID, ALADI y de OEA, apoyando la implementación de políticas públicas de promoción de inversiones y exportaciones, modernización aduanera y organización de consorcios, cooperativas y joint ventures de Exportación, en numerosos países de América Latina y el Caribe. Paralelamente, trabajé como Académico en la Escuela de Gobierno y Gestión Pública de la Universidad de Chile, desarrollando programas de fortalecimiento de la Cancillería en materia de Negocios Internacionales. Integré al final de los 80 los equipos económicos que buscaban desarrollar la Segunda Etapa del Proyecto Exportador y fuimos profesionales que vimos frustrados numerosos proyectos de industrialización de materias primas, por la realidad de los acuerdos cupulares de la clase política, que abrazó el modelo heredado de la dictadura y, lo que es peor, lo profundizó y lo hizo más inhumano, privatizando el agua, entregando las riquezas mineras a grupos internacionales, celebrando privatizaciones o concesiones de empresas públicas, como puertos, carreteras, sanitarias.

La imposición de una doctrina económica concentradora de la riqueza, cuyas consecuencias han quedado en evidencia en el estallido social de octubre, significó endiosar al mercado irracionalmente, toda vez que las experiencias capitalistas del mundo desarrollado tienen todas la participación reguladora y fiscalizadora del Estado, el cual, en mayor o menor grado, se ocupa de fijar planes de desarrollo con la energía privada, pero enmarcándola en necesarias normas y ejemplares sanciones en caso de incumplimiento de las mismas.

Creo interpretar a la gran mayoría de los que critican este sistema por inhumano y corrupto, al señalar algunos parámetros que responden a la campaña del terror, como ideas fuerza que darían forma a relaciones económicas de mayor equidad y sustentabilidad en visión de Estado y de largo plazo.

Lo que se busca frenar en Chile es la concentración económica, no he escuchado a nadie pretender una economía centralmente planificada ni una eliminación de la propiedad e iniciativa privada. Recuperar el rol conductor del Estado significa que la sociedad en una nueva Constitución le devuelva al Estado su soberanía, su capacidad para planificar un desarrollo sustentable con la concurrencia del sector privado dentro de los planes maestros que la sociedad defina para los siguientes cien años. Un nuevo Pacto Social en lo económico significa asegurar que el Estado y sus instituciones no sean permeadas por la corrupción que suponen el tráfico de influencias, el nepotismo, el cohecho.

La ética de la sociedad que se busca recuperar, implica reglas de conducta, de decencia, en lo público y lo privado. La planificación participativa e indicativa significa desconcentrar poder público en los espacios territoriales regionales y comunales, para que, terminando con el presidencialismo actual y el centralismo que hace que todo se decida en la capital, permita generar obras de infraestructura, en coinversión de agentes económicos privados, nacionales e internacionales, con el Estado.

El Estado debe ser responsablemente quien planifica con la participación de la sociedad civil y las cámaras empresariales los planes de desarrollo. El Estado debe Regular con Transparencia las relaciones de colaboración público-privada, sacándoles todos los vicios que han venido corrompiendo su funcionamiento expedito y eficaz. La participación de la gente en los proyectos no sólo debe ser de información, sino también de fiscalización y auditoría, de manera que no existan nunca más sobreprecios en obras públicas que vayan al enriquecimiento ilícito de políticos y funcionarios de turno, porque eso arruina el mercado, traiciona la leal competencia y lleva a la concentración de la riqueza en los peores delincuentes que se haya conocido, los que se coluden en impunidad para abusar de las grandes mayorías.

El Estado debe ser un Fiscalizador efectivo, es decir que actúe con eficiencia en los recursos y eficacia en los resultados, para lo cual se debe dotar de mayor autonomía a los entes fiscalizadores, tales como SII, Aduanas, Contraloría General de la República, Superintendencias, Servicio de Salud, SAG, Ministerio Público. En la actualidad, sufrimos un Estado débil que, sin recursos adecuados, es normalmente frenado en sus fiscalizaciones por la acción de los lobistas y los grupos de presión.

Si se recupera el rol fiscalizador del Estado, se podrá frenar la evasión fiscal, las condonaciones escandalosas que logran del Fisco, las grandes empresas. El corazón de la crisis ética que es causa del mayor descontento popular, está en este punto. Queremos un Estado que sancione con rigor a los corruptos, como en Alemania, Estados Unidos o Escandinavia. Los agentes económicos deberán entender que se terminó la plata dulce y que Chile empezará a fiscalizar en serio a empresas privadas y públicas.

El Estado debe promover la Dignidad Social, corrigiendo el populismo asistencialista que se ha aplicado con criterios clientelistas en el modelo vigente. La entrega de bonos como se realiza hasta ahora, perpetúa las condiciones de dependencia de quienes son estratificados como pobres en las fichas sociales. Una promoción integral de las comunidades debe generar la responsabilidad individual y colectiva para la solución de los problemas, fomentando acciones cooperativas que sean sustentables y que se conjuguen con educación gratuita y salud garantizada para las familias. Las acciones de colaboración significa organización de los barrios como un estilo permanente de civismo y ayuda mutua, que potencie la iniciativa y la innovación en materia social. Se deberá fortalecer la inversión en los establecimientos productivos de mediana y pequeña empresa. Se devolverá al BancoEstado su rol clásico, como banca pública de desarrollo, que permita regular las tasas de mercado.

Las empresas públicas del Estado, como Codelco, Enami, ENAP o BancoEstado, dejarán de ser ghettos autónomos y privilegiados y su objetivo será atender al bien común, con remuneraciones justas, pero que no signifiquen asimetrías enojosas, respecto al trato laboral del resto de la Administración del Estado.

El Estado priorizará la Vida y las necesidades básicas dejarán de ser productos comercializables. Debe existir el agua como bien de uso público, asegurada y garantizada para consumo humano y animal. La educación pública deberá ser la columna vertebral, premiando el talento y el mérito, con una planificación racional de las competencias y profesiones y oficios que Chile necesita para su desarrollo. Poner fin a la estafa de vender títulos inconducentes, debe ser parte de la conducción del Estado Responsable que se propone. La salud deberá ser prestada prioritariamente por el sistema público y se invertirá en su desarrollo con criterios de mejora a la atención al paciente. El aporte del Estado a Salud deberá ir a hospitales y centros públicos, cortando el flujo que hoy existe a las clínicas privadas. Se enfocará energías a la medicina preventiva y se regulará la distribución de medicamentos para evitar los oligopolios actuales. En lo previsional, se deberá volver a pensiones garantizadas con un sistema solidario, tripartito y de reparto, apuntando fundamentalmente a la existencia de un sistema público previsional que se haga cargo del ahorro previsional y su colocación en las personas y en proyectos que el país requiera potenciar.

La economía mixta será un capitalismo ordenado a través de una regulación y fiscalización permanente del Estado y la sociedad civil y sus organizaciones sociales, con capacidad estatal para emprender proyectos que el país requiera, ya sea en forma directa o en coinversión con inversionistas privados, pero siempre con transparencia y rendición de cuentas. La clave es que nadie quede fuera de la fiscalización cruzada y la mirada fiscalizadora de la prensa libre y la sociedad civil.

Se deberá crear el Defensor del Pueblo, OMBUDSMAN, que actúe como la Defensoría del Pueblo en diversos ámbitos, como Salud, Educación, Mercado Financiero, Libre Competencia, Vivienda. Una economía de mercado con estos equilibrios impedirá que existan acciones impropias de los grupos económicos. Lo cual significa erradicar la delincuencia que nos ha abusado por décadas.

Motivos de fondo para sumarse al APRUEBO NUEVA CONSTITUCIÓN Y CONVENCIÓN CONSTITUYENTE, EL 26 DE ABRIL



Hernán Narbona Véliz, Periodismo Independiente, 12 de febrero de 2020

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Etiquetas:   Economía   ·   Política   ·   Anticorrupción   ·   Sociedad Civil   ·   Estado de Derecho

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