Este año ha sido de explosión social y se ha comprobado
que la humanidad enfrenta una profunda crisis de supervivencia, con los pueblos
cada vez más sometidos a la dominación de un orden mundial depredador, centrado
en combustibles fósiles, que pretende mantener un crecimiento ilimitado, imposible
de sostener sin un daño ambiental severo.
Un orden basado en la codicia de pocos en desmedro y hambre
de muchos, que ha hecho de la acumulación de la riqueza en esos pocos, su declarado
objetivo: maximizar las ganancias en el menor tiempo posible.
En el sistema global, estamos en medio de una crisis
climática que no frena, toda vez que, pese a la fanfarria de la COP25, se
seguirá irrespetando los ciclos que la naturaleza marca para la renovación de
los recursos.
Atrapados en un sistema que no es sólo intergubernamental
porque los poderes financieros globales están por encima del ámbito público; con
acuerdos internacionales redactados para asegurar el modelo global, donde son
las compañías multinacionales y los mercados de capitales los protagonistas
principales. Metódicamente, se ha ido quitando poder y soberanía al Estado
Nación, como máxima organización soberana de los pueblos, con convenciones
internacionales que limitan las políticas públicas que el Estado puede
emprender, que se lo trata como a un privado más y como tal puede ser objeto de
demandas en tribunales extranjeros.
Por otra parte, un sistema que ha permeado las instituciones
con el tráfico de influencias, lo que se ha expresado en una corrupción
transversal de las instituciones. Todo el aparataje jurídico del modelo
neoliberal global ha apuntado a asegurar a las multinacionales reglas que las
favorezcan. Pero, si la normativa no alcanzare, se ha aplicado metódicamente la
corrupción del aparato público, en colusiones público privadas que han hecho de
los representantes populares, aliados serviles y funcionales a los intereses internacionales.
La seguridad ha admitido en las potencias, una privatización de la guerra, con
una industria asociada a las políticas que el imperio se ha dado para actuar preventivamente
en cualquier lugar del globo en donde se deba defender intereses. En esta
lógica, el Estado ha quedado a merced de los estadios jurídicos supranacionales,
con poco margen de maniobra para tomar decisiones que puedan lesionar, directa
o indirectamente, dichos intereses foráneos.
La realidad reseñada del orden mundial, explica de manera
clara las condicionantes que ha tenido que enfrentar la explosión social de
Chile, un país en que el modelo global se impuso por la fuerza, con una
Constitución Política generada en dictadura, negociada en 1989 como retorsión
para abrir paso a una democracia representativa protegida, sin que se tocara
ese orden económico ni con el pétalo de una rosa. Los administradores del
modelo fueron gobiernos supuestamente progresistas, pero que profundizaron el
modelo y se sirvieron de él, agudizando la desregulación y renunciando a
fiscalizar, dejando a los privados una desregulación, que no podrían encontrar
en ninguna otra economía capitalista. Baste observar como la economía capitalista
de la Unión Europea y los países escandinavos, siguieron el paradigma social
demócrata de economía social de mercado, construyendo un Estado de Bienestar,
con una fuerte tributación directa y derechos sociales asegurados en salud,
previsión social, educación, vivienda. Ni siquiera en Estados Unidos habrían
podido encontrar la permisividad que se ha dado en Chile, en un extremismo
neoliberal sin par, lo que explica la obsecuencia de las instituciones
cooptadas por los poderes económicos y la impunidad de que han gozado respecto
a delitos económicos que nunca se han pagado con cárcel. La evidencia de vivir en
una sociedad mediática controlada por los poderes fácticos, que, al mismo
tiempo, se convirtió en un mercado de prueba para los adelantos tecnológicos, tuvo
la contrapartida de una comunidad dotada de conectividad, con un grupo etario menor
a 35 años que se formó en las tecnologías de información y comunicaciones,
dominando las redes sociales.
Esos jóvenes vienen de haber sufrido en carne propia la
deshumanización de la sociedad chilena, comprobando que sus derechos básicos al
agua, a la educación, a la salud, son bienes de consumo, que si tienes dinero
los alcanzas o, si no, te friegas. Jóvenes corriendo detrás de títulos que
resultaron estafas, jóvenes que cargan la mochila de deudas a tasas de usura, contraídas
para poder estudiar; jóvenes que han sido presa del individualismo, con hogares
fracturados, con padres endeudados sin llegar a fin de mes; todos enfrascados
en la pertenencia materialista al sistema, con una competencia salvaje y
depredadora. La generación detonante de la explosión social en Chile, han sido
jóvenes que han visto a sus abuelos morir trabajando o hacerlo en listas de
espera en la salud pública. Mientras la prensa oficial les vendía la pomada de ser los jaguares,
ellos vivían la ruptura del tejido social, de la afectividad social, con
adultos enclaustrados en casas enrejadas, cada cual en lo suyo. Corresponde a
una generación formada en una mentira de democracia y de supuesto éxito
regional, que, a partir del 18 de octubre de 2019, despertó a Chile y mostró los
pies de barro, la fragilidad y la crueldad del modelo. Porque el sistema les
negó todo, los excluyó o condenó a ser ciudadanos de segunda clase, esos
jóvenes, sin miedo, conformaron una Primera Línea, amortiguando la represión
desatada contra civiles desarmados que ejercían su derecho a manifestarse
libremente. Esa Primera Línea no es ni extraterrestre ni obedece a planes
tenebrosos, son jóvenes que, como en toda época, enfrentan en las protestas a
las fuerzas represivas, dan primeros auxilios a
los heridos, protegen a los más viejos, a las mujeres que remecen al
mundo con su canto libertario; no son bandas de narcos ni vándalos, son jóvenes
quizá marginados por la institucionalidad, quizá chicos que sufrieron el SENAME,
chilenos que buscan una política con credibilidad y no la han escuchado del
gobierno represor.
En 1970, el imperialismo decidió impedir en Chile que asumiera
y concluyera un gobierno democrático que ofrecía construir una sociedad más
justa, de lo cual quedó la nacionalización del cobre. Cuando Augusto Pinochet
dicta la Constitución de 1980, la concibe como pilar y baluarte de un orden
económico en donde el mercado es el que ofrece soluciones a las necesidades de
los individuos. Luego, en 1989, con la anuencia de los políticos que tomaban la
posta para volver a la democracia representativa, Chile quedó en una camisa de
fuerza. Un sistema blindado mediante quorum calificado hizo casi imposible
cambiar la Constitución. Los presidentes de la Concertación nunca se
propusieron en serio cambiarla. La presión siempre fue desde la sociedad civil.
El 2006 fueron los pingüinos, en el 2011, los universitarios, siguieron los
paros de los empleados públicos, de los profesores, surgió el Movimiento No Más
AFP que movilizó millones de manifestantes, y el sistema, con el gobierno de
turno que fuese, siempre actuó como un mono porfiado, con faramallas de participación,
“mesas de te club”, comisiones gigantescas e inconducentes, para quedar al
final, como siempre, bonos más o bonos menos.
Por ello, existe una perfecta simetría entre el modelo
neoliberal global, del cual Chile ha sido activo protagonista con su inserción
internacional basada en exportación de recursos básicos, y la crisis social que
se ha vivido este año en Colombia, Ecuador, Perú y Chile.
Sin embargo, este 2019 hubo conjunción de aristas que
explican la explosión social, que se dio en llamar la primavera de Octubre. El
descreimiento total en las instituciones, toda la corrupción acumulada en los
procesos de PENTA, SQM, terminaron
saneados con cinismo por los gobiernos de Bachelet y Piñera; los gigantescos
robos a recursos públicos y fondos reservados del cobre, en el Ejército y en
Carabineros, que habrían ameritado configurar el delito de alta traición a la
Patria, se fueron desperfilando, invisibilizados por los medios oficiales, aunque
en la opinión pública la memoria sigue viva y existe una percepción clara de
desconfianza total en esos cuerpos armados; estuvo latente la ratificación del
TPP11, que venía a consolidar el poder de las multinacionales por encima de la
soberanía del Estado; la sequía que afecta al centro norte de Chile y el robo
de agua denunciado por las comunidades rurales del valle de Petorca; los
reconocimientos internacionales a Rodrigo Mundaca, Ingeniero Agrónomo, líder
social de MODATIMA; la COP25 que exigía señales concretas de descarbonización
de la matriz energética; la APEC que daría ocasión a un supuesto término de la
guerra comercial entre China y EEUU; el Movimiento No Más AFP, los profesores,
los portuarios, los aduaneros, todo estaba ahí, a la vista, muchos lo habíamos
alertado, vivíamos un mentira y la explosión social era crónica de una crisis anunciada.
Los únicos sordos y ciegos fueron los personeros de la clase política. Los
estudiantes saltaron los torniquetes del metro y vino un efecto catalizador de
una energía social que palpitaba en los barrios de todo Chile.
Mientras las fuerzas conservadoras tratan de distorsionar
el clamor popular, el gran avance del 2019 es que la clase política y la
institucionalidad hayan aceptado que el pueblo abrió el 18 de octubre un
proceso constituyente. Se ha logrado además que exista paridad de género en
esa Convención Constituyente. Cada concesión ha sido difícil de obtener. A la
hora de esta crónica falta definir la postulación de independientes y la
existencia de cupo para pueblos originarios.
Y, aunque quieran introducir eufemismos y hablar de Convención
Constituyente en vez de Asamblea Constituyente, y, aunque pretendan amarrar las
decisiones que pueda tomar esa instancia constituyente, exigiendo un quorum de
3/5, lo crucial como ciudadanía es que ya existe evidencia cuantitativa y cualitativa
de la voluntad de cambio de la constitución por un nuevo texto. Porque en la
consulta comunal desarrollada en 225 comunas de Chile una mayoría aplastante se
manifestó por cambiarla. En el plebiscito de abril, esa ciudadanía ha decidido
darse un nuevo orden, sin amarres dictatoriales.
Los que defienden el modelo son los mismos que han obtenido
con leyes corruptas quedarse con el mar y sus recursos; son los mismos que
atesoran el agua y especulan con ella mientras la miseria y la muerte destruye
a lo pequeños campesinos y pastores de nuestros valles; los que quieren
mantener el modelo, son los dueños de clínicas, de laboratorios , ISAPRES y por
eso no quieren que se fortalezca la salud pública sino seguir recibiendo
suculentos recursos de Estado para sus negocios privados; los que están por el
modelo, no quieren que un Estado los fiscalice y los haga tributar debidamente;
pretenden seguir drenando las divisas del país fugando capitales a paraísos
fiscales; los que no quieren cambiar el modelo, no quieren que se fortalezca la
Educación Pública, que se acorten las carreras ni se terminen las estafas con carreras
que no se necesita y que no tienen campo laboral. Si se busca solucionar en
Chile la sequía, un Estado capaz de planificar y con descentralización, podrá
convocar a inversionistas a colaborar en planes de desarrollo regional,
podremos recuperar ferrocarriles, infraestructura, en un Estado que no esté infiltrado
por operadores políticos que sólo buscan el enriquecimiento ilícito.
Un Chile
decente se juega su destino en este 2020. La primera gran batalla cívica será
ganar arrolladoramente, por un 80 o 90% la opción Yo Apruebo ir a una Nueva
Constitución, mediante una Convención democrática Libre y soberana. Haciendo de
Chile un país decente, recuperando la República, podremos reconocernos como un
pueblo plurinacional y respetar las historias de nuestro ancestros y héroes
anónimos.
Lo social y lo ambiental son inseparables. Si no se cambia
el modelo, poco podrá hacerse para proteger nuestra flora y fauna. Frenar el
despojo y la depredación de nuestro territorio, significa no olvidar que
estamos cruzando el umbral crítico y en las próximas décadas ya no habrá vuelta
atrás en la crisis climática.
Hernán
Narbona Véliz, Periodismo Independiente, 21 diciembre 2019.