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El individualismo: la gran cuña enclavada en el alma de Chile.


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06/12/2019


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Estamos llegando a los 50 días de explosión social y Sebastián Piñera ha caído en la adhesión ciudadana a un nivel menor de 5%, mientras el rechazo supera el 80%. Sin embargo, pese a esta evidencia histórica, aún no se ha ganado nada.

El contraataque del sistema partió el 15 de noviembre, cuando la clase política introdujo un llamado a Plebiscito, en Abril/2020, para determinar el camino hacia una Nueva Constitución, en un acuerdo político negociado desde el Congreso y  que ha pretendido escamotear el liderazgo a la explosión social que ha explotado desde la sociedad civil, tratando de distorsionar su expresa aspiración a cambios de fondo, en el objetivo de elegir una Asamblea Constituyente, libre y soberana, con todos los delegados elegidos directamente por el pueblo, en plebiscito con voto obligatorio.

Las máquinas políticas aplicaron letra chica y dejaron temas por concordar. Se conjugaron para plantear una Convención Constituyente, pero, en la bajada de título, se ha tratado de restringir el universo de votantes a los padrones electorales del 2017, monopolizando los partidos la nominación de candidatos a delegados y realizando el plebiscito de entrada sólo con voto voluntario. En la letra chica de ese acuerdo, alcanzado a las 2 de la madrugada del 15 de noviembre, la Unidad Social, a la luz del día siguiente, pudo comprobar que el gobierno y el parlamento se conjugaban para tirar un salvavidas a Sebastián Piñera y enviar a la vía lenta las demandas de la ciudadanía.

De allí, a la fecha, se han sucedido diversas acciones que fueron generando desánimo en la civilidad, que ha visto que se imponía la agenda autoritaria, aumentaban las víctimas y las mutilaciones, imponiéndose la visión belicista de Piñera, que volvió a reeditar su “guerra contra un enemigo implacable y despiadado que no respeta a nada ni nadie”, poniendo en tabla legislativa un grupo de leyes que demonizan la protesta civil  y aumentan la fuerza de la represión con un marco de legalidad que, esquivando el uso de los estados de excepción por la responsabilidad que ello implica, está usando la estrategia de dictar nuevas leyes contra delitos de suyo definidos, como incendio, robo, saqueos, en un proyecto mediático que ha buscado asfixiar la protesta callejera.

Además de lo cual, en el discurso oficial, se ha extendido el negacionismo a la represión, con una barrera mediática para destacar los robos y saqueos, de manera de justificar la vuelta de los militares para proteger infraestructura crítica, negando tozudamente los informes  que formularan Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

Pero, en este escenario, lo que se ha observado como gran hándicap de la Unidad Social han sido inexplicables pugnas en las bancadas que se suponía eran reserva ética frente al duopolio, en general políticos jóvenes que, provenientes de protestas anteriores, llevaron una posición tercerista al Congreso. Lo primero a destacar en este orden de ideas, fue la firma de Gabriel Boric del Acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución del 15Nov, que realizó sin consultar a su partido, lo que provocó un quiebre, con la deserción de Convergencia Social, de Jorge Sharp y un numeroso grupo de militantes.

Y ha habido otros hechos en que los egos e intereses particulares se han impuesto por encima del interés general, que 4 millones de almas han expresado en esta explosión social. Lo que se evidenció en ocasión de la acusación constitucional contra Sebastián Piñera, cuya iniciativa fue de la diputada Pamela Jiles y que no obtuvo las 10 firmas necesarias. Pero, casi de inmediato, surgió una nueva acusación, aparentemente liderada por el diputado Tomás Hirsch, que pudo alcanzar 15 firmas y está actualmente en proceso. Cuando más se requería consecuencia y unidad, se notaron fracturas que terminaron debilitando una acusación que se dilató y que pudo contar con fuerzas suficientes si se hubiese alcanzado una unidad sin calculadoras.

Y un hecho que ha rebasado el vaso, ha sido la votación a favor de la ley antiprotestas por parte del Frente Amplio y la abstención de un grupo de parlamentarios del Partido Comunista, lo que ha permitido al gobierno reforzar la posición belicista, criminalizando la movilización callejera, con esta ley que avala la represión con una intrínseca impunidad. Un retroceso en las libertades públicas y los derechos humanos. Existiendo leyes claras contra robo, incendios, saqueos, no era necesario legislar, pero en el contraataque lo que se busca es sacar a la gente de las calles, criminalizando las marchas “por interrumpir libre circulación” con lo cual escalará la brutal represión contra la protesta social.

En este estado de cosas, la reacción oficial al movimiento social ha contado, quizá sin proponérselo, con una triste característica de nuestro ethos cultural, nuestra escasa capacidad asociativa o colaborativa, consecuencia de cuatro décadas de fragmentación social, de demolición, medante el terrorismo de estado, del tejido social, con exacerbación de lo individual, de las aspiraciones personales, de la competencia brutal, del sálvese quien pueda.

Construir un colectivo con ese lastre emocional y frente a la necesidad de caminar unidos hacia la construcción de una plataforma política, que nos permita  ganar poder mayoritario para cambiar aquello que nos afecta como país, exige superar condiciones internas y emocionales que nos pesan a la hora de actuar: el ego, la soberbia que impide escuchar, la desconfianza en el otro, la duda constante respecto a lo que ese otro pretende.

El adagio “divide y reinarás” vuelve a ser la maquiavélica receta, que, lamentablemente, le está resultando al sistema neoliberal y, por tanto, requiere ser superada por la conciencia colectiva.

Normalmente, la derecha económica ha tratado de neutralizar los conflictos buscando limitar el sindicalismo o tratando de segmentarlo con tratos preferentes a unos pocos respecto a los más, lo que lleva el conflicto a instancias intestinas, generando división y resentimiento. Esto es una debilidad en cualquier grupo humano que busca objetivos y lo difícil de llevar a buen puerto la Unidad Social es la poca capacidad que se advierte, de resignar las legítimas aspiraciones personales o sectoriales, para definir mínimos comunes denominadores, que expresen prioridades sociales para una concreción puntual del bien común aglutinante.

Diagnosticar esta realidad dura apunta a la reflexión colectiva: es algo que la movilización social debe superar, existe una responsabilidad que debemos asumir, para no cargar con nuevas décadas de asfixiante frustración. Conversar de esto, significa autocrítica, generosidad y sentido común. Impedir que el individualismo nos hunda como pueblo plurinacional. Significa conversar a todo nivel, para caminar sin fundamentalismos y en la diversidad, privilegiando lo que nos une, lo sustantivo que merecen recibir como país digno las próximas generaciones.

Periodismo Independiente, 06.diciembre.2019

 



Etiquetas:   Política   ·   Terrorismo   ·   Democracia   ·   Neoliberalismo   ·   Sociedad Civil

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