. En esta crónica se
analiza el actual escenario de la convulsión social en Chile.
El miedo fue una
herramienta para aplastar la vía democrática al socialismo que impulsaba el
gobierno de Salvador Allende, y se aplicó a sangre y fuego, antes, durante y
después de los mil días de la Unidad Popular. Partió el terrorismo con el
complot que ordenó Nixon y que organizó Kissinger para evitar la elección de Salvador
Allende; en esa etapa se asesinó al comandante en jefe del Ejército y luego de
asumir Allende, la presión desestabilizadora prosiguió tanto en el plano
político como en la organización de grupos paramilitares y con financiamiento de
la CIA. La Memoria ha debido resistir el negacionismo y pos verdad de la
ultraderecha heredera del pinochetismo, pero parte importante de esa época
oscura fue relevada por las Comisiones Rettig y Valech. Los 17 años de dictadura,
con sus consejos de guerra, campos de concentración, crímenes de lesa
humanidad, montajes, desapariciones, torturas, exilio, exoneraciones y listas
negras. La herida en el Alma de Chile fue profunda y sigue en carne viva. Durante
los 30 años de democracia cautelada, la desmovilización social se excusó por el
miedo a que volvieran los militares. Lo real es que en la connivencia con el ex
dictador, la Concertación fue profundizando el modelo y profitando de sus
ventajas en relaciones incestuosas de lo público y privado y fueron las generaciones
jóvenes las que rompieron la inercia desmovilizadora el 2005, el 2011 y el
2019. Es una juventud que, sin haber vivido el terrorismo de estado del período
dictatorial, ha sufrido sí todos los abusos derivados del sistema, principalmente
el de una educación mercantilizada y sin destino. Esos estudiantes secundarios no
tuvieron miedo para enfrentar al poder y han sido el detonante de la rebelión
social presente.
El consumo. En el modelo
neoliberal impuesto en Chile se aplicó la mercantilización de todas las
necesidades básicas, lo que significó que el mercado determina la forma de
atenderlas, todo esto en un marco constitucional que fijo el Estado Subsidiario,
donde todo lo que fuese negocio debía ser de iniciativa privada. Chile se
convirtió en una sociedad de consumo y de capitalismo salvaje. El sistema
económico apostó a un crecimiento ilimitado con la promesa de chorreo, lo cual
significó promover el crédito de consumo en la población favoreciendo así a la
banca y al retail. Cuando el país tiene más de 4,5 millones de deudores morosos
esto es síntoma de haber llegado a una situación límite, con un 30% de la
población en quebranto financiero. Por su parte, monopolios de servicios
básicos, como agua, luz, concesionarios de carreteras, venían aplicando tarifas
leoninas y presentando incumplimientos enormes en las prestaciones de servicios
comprometidos. En este cuadro, el consumo pretendido estaba hace rato haciendo agua,
con la contrapartida de utilidades enormes por parte de los grupos que
controlaban servicios básicos. Por lo tanto, esta crisis ha probado que el
modelo ha fracasado en su esencia, como consecuencia de la concentración de la
riqueza y la avaricia de los grupos económicos que se han puesto solitos la
soga al cuello. Porque si la población no consume, por falta de ingresos, por
estar endeudada más allá del límite razonable o por haber quedado marginado de los
sistemas productivos, el sistema se cae.
La Represión. El gobierno
de Sebastián Piñera se ha desgastado intentando mantener incólumes, a como dé
lugar, los pilares estructurales de la sociedad de mercado, combatiendo todo lo
que sea desestabilizador, todo lo que sea contestatario y que pueda poner en
riesgo el mantenimiento de lo sustantivo, del modelo mismo. En ese raciocinio,
se puede entender la declaración de “guerra en contra de un enemigo
implacable que no respeta nada ni a nadie” que formuló al decretar Estado
de Emergencia. La acción policial represora reflejó una reaccionaria política de
defensa del statu quo, abriendo espacios para aplicar la fuerza pública contra
el supuesto enemigo, que no es otro que un pueblo cansado de abusos que
soberanamente busca cambios de fondo.
Piñera ha actuado sin asumir que
la represión ha conllevado limitar las libertades públicas, que mantener en el
país un sistema de relaciones intrínsecamente injusto, depredador del medio
ambiente, concentrador de la riqueza en un 1% de la población y causante de la
pauperización de la gente de trabajo, es insistir en un modelo que tocó fondo.
El gobierno de Piñera ha emprendido su guerra reaccionaria, pues es lo que le
queda frente a la adhesión de apenas un 9% de la ciudadanía. Para el empeño
represor ha buscado apoyo en los sectores de ultraderecha más recalcitrantes, en
los nostálgicos del pinochetismo, muchos de los cuales piensan que el dictador
dejó trabajos pendientes que es necesario completar de una buena vez. Por lo tanto,
la represión y la permisividad de saqueos claramente organizados por alguien,
buscan asustar, pero no a los civiles desplegados en marchas con cucharas de
palo y cacerolas, sino a las élites que se asumen parte del sistema y que
sienten en riesgo sus privilegios. Recién a la tercera semana de conflicto las
policías han arrestado a saqueadores, hasta allí, lo que se ha vivido es que
cuando ha habido saqueos no ha habido presencia policial.
Con un pueblo que perdió el
miedo, por un consumismo que ha caído por su propio peso arrastrando consigo a
la economía de un país sin planificación mínima y con un gobierno en una
burbuja, incapaz de entender los actuales escenarios, lo que se vive en Chile
es una crisis terminal del experimento neoliberal. Aislado de sus propios
partidos, con el Contralor criticando la legalidad de la convocatoria al
COSENA, con la Corte Suprema opinando que es viable ir a una nueva
constitución, Piñera está colocando en riesgo su propia legalidad, al no
recoger el clamor del 91% de Chile. La mayoría diversa que refleja la Unión
Social es transversal y sin identidades proselitistas, y planteando el fin del orden estatuido por la
Constitución del 80, para gestar legítima y democráticamente, una nueva carta
magna, que responda a los pilares de un Estado Moderno realmente democrático,
donde la relación del Estado con la sociedad civil sea de participación, fiscalización
y auditoria permanente de los actos públicos, con principios de integridad,
equidad y transparencia.
El interés que el gobierno de Piñera está
defendiendo en forma obtusa es el interés de la plutocracia, a la que sin duda pertenece, ese puñado de grupos y familias que, aferradas
a un sistema gestado en dictadura, dominan toda la economía y, a su vez, han
buscado controlar a los representantes políticos a través del dinero. La
lejanía del presidente de la República y del duopolio que ha gobernado por 30
años, respecto a la sociedad civil, se ha hecho evidente en las maniobras
erráticas que ha intentado el poder para desactivar la crisis, vía Agenda
Social, en circunstancias que la salida es clara y concisa: convocar a un plebiscito
que abra un proceso constituyente para una nueva Constitución, aplicando el
Artículo 5° de la Constitución del 80.
Si el gobierno no abre con
sensatez espacios para esa convocatoria, las municipalidades lo harán,
legalmente, realizando plebiscitos en la mayoría de las comunas de Chile, lo
cual podrá demostrar legítimamente el clamor de la mayoría, expresada en una
convocatoria soberana. Chile tiene vías de solución y ella depende, a mi juicio,
de tres factores: primero, del
mantenimiento y profundización de la movilización social, que esta semana ha
convocado a un paro nacional para el 12 de Noviembre; segundo, de un cambio de actitud
de Carabineros frente a las manifestaciones pacíficas, con un ejercicio controlado
y mesurado de la fuerza y el retiro inmediato de los proyectiles, perdigones y
balas de goma, que han cegado por mutilación a casi 200 personas, dejando de
usarlos definitivamente como lo ha pedido ONU Chile; y, tercero, un cambio del
discurso del Jefe de Estado, que no quiere escuchar lo que gritan las calles ni
lo que le susurran al oído sus propios aliados, asumiendo un rol histórico en
lo que queda de mandato: cerrar definitivamente la transición en Chile.
Periodismo Independiente, 10 de noviembre de 2019
