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Nueva Constitución y Paz Social en Chile
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03/11/2019
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A través de un Plebiscito, como lo establece el Art. 5 de la Constitución de 1980, el Presidente de la República puede convocar a un plebiscito para generar las bases de una nueva constitución. El problema político es que el Presidente sigue insistiendo en una agenda social que la ciudadanía no le acepta,
He publicado un serie de crónicas desde que se inició la crisis que hoy mantiene paralizado a Chile, con el gobierno intentando volver a su normalidad, tratando de meter cuñas en el movimiento social y con la oferta de una “Agenda Social” que repite la acción de su antecesora, que aplicó los bonos múltiples para apagar crisis anteriores, que, valga recordar, fueron por escándalos de corrupción y las demandas de estudiantes frente a las políticas erráticas frente a la educación pública y el lucro en la educación. Michelle Bachelet fue hábil en desmontar la presión social con gigantescas mesas de trabajo, dilatorias y al final, inconducentes. En la convulsión social presente, todas las demandas insatisfechas se han consolidado en un petitorio de fondo que significa cambiar el modelo y, para ello cambiar la Constitución de 1980, impuesta en dictadura.
El gobierno de Piñera, al usar como estrategia la combinación de garrote y zanahoria, ha errado doblemente, pues la represión, el exceso de fuerza, en vez de amedrentar al movimiento social lo ha potenciado, al hacerlo víctima de acciones que violentan la legalidad y la constitución, respecto a lo cual Chile, como Estado, está obligado por convenciones internacionales. La careta democrática y la intención de criminalizar la convulsión social, se ha caído a pedazos a medida que el Instituto Nacional de Derechos Humanos, ha podido comprobar el abuso de poder contra civiles inocentes que protestaban en aplicación de su derecho a expresarse. La presencia en Chile de observadores de Naciones Unidas y de Amnesty International, han generado una mayor complejidad al manejo de crisis ensayado por Sebastián Piñera. De su propio sector se han levantado voces indicando que el camino es un cambio de la Constitución. El propio Andrónico Luksic, el más rico de los grupos económicos de Chile ha señalado que la clase política debe solucionar el problema, porque efectivamente recursos hay para ello. Como muestra de que lo que le están pidiendo los propios grupos empresariales al gobierno, bastaría con un Decreto presidencial para exigir a las AFP que calculen las jubilaciones aplicando una esperanza de vida de 85 años en vez de los 110 que aplican actualmente, para que automáticamente los jubilados vieran incrementados sus pensiones. Pero, el problema es de conducción política y la actitud contumaz, desde la visión oficialista, es que el gobierno está apagando un incendio de bosque con un balde de agua, negándose a usar un avión extintor.
En Chile, el movimiento social ha ido articulando dos vías de trabajo colectivo. Por una parte, se ha iniciado la acusación constitucional al primo del Presidente y ex Ministro del Interior, Andrés Chadwick, y se reúnen las firmas entre diputados de oposición para acusar directamente a Sebastián Piñera. La segunda acción es la realización de cabildos abiertos y asambleas en diferentes comunas del país, autoconvocadas en clubes deportivos (Colo Colo u la Universidad de Chile, increíblemente unidos en el mismo propósito), escuelas, gremios, en las que se ha ido levantando un catastro de demandas de la población. En la dinámica de transparentar situaciones de abuso consentidas por el sistema y la clase política, se ha sumado un movimiento contra el TAG, el cobro de peajes en las carreteras concesionadas de todo Chile, donde el vicio de fondo es que se rigen por contratos leoninos, donde el concesionario gana más cuando no da el servicio comprometido, es decir gana más con la congestión que cuando fluye el tráfico. Lo que hay detrás de estos contratos, es un fenómeno de corrupción que se remonta a los gobiernos de la Concertación, que suscribieron tales acuerdos en contra del interés general.
Una Nueva Constitución, la salida política viable.
Para evaluar la viabilidad política del actual Movimiento Social chileno, que ha sido capaz de movilizar en las calles 3 millones de personas a lo largo del país, es preciso considerar que representa el ejercicio de la soberanía frente a un Estado que ha desprotegido derechos fundamentales de las personas, mercantilizando sus necesidades básicas y manteniendo un Estado Subsidiario que se abstiene de actuar para solucionar los problemas de la nación, dejándola a merced de un mercado imperfecto, altamente concentrado que ese Estado ha auspiciado y permitido.
El historiador Gabriel Salazar lo ha dicho asertivamente, lo que Chile vive es, sin dudas, una revolución. Aunque la palabra asuste, por las reminiscencias del 73 y el terrorismo de estado aplicado a los chilenos, es el concepto efectivo cuando la aspiración de la sociedad civil y las fuerzas sociales es modificar el fondo y causa de todos los abusos y asimetrías que motivan la revuelta social, esto es darnos como pueblo soberano y democrático una nueva Constitución, que refleje el Chile de hoy.
Lo que inconscientemente conduce el análisis político a responder la pregunta ¿Existen condiciones hoy para abordar un cambio sistémico en Chile?
Para responder, la comparación con los escenarios de los 70 es importante de realizar. Porque los chilenos mayores tenemos en la retina emocional esas vivencias, es fácil evaluar: cuando se produjo el golpe de estado de 1973, se vivía un escenario de guerra fría, el poder mundial funcionaba en un sistema bipolar, lo que significaba que la potencia occidental operó, a partir del 4 de septiembre de 1970, por orden de Richard Nixon, con toda su maquinaria bélica y de inteligencia, para frenar el proceso democrático al socialismo que vivió Chile con la Unidad Popular. En ese marco, la URSS actuó mesuradamente, diría que retóricamente, en apoyo real al gobierno de Salvador Allende, y es explicable por tratarse de un área de influencia americana, justo en su patio trasero. Ese clima de confrontación hemisférica e ideológica, se hizo sentir en Chile con un complot que financió a los opositores y desestabilizó al gobierno que se consideró enemigo del imperio. Pero, si damos una mirada hoy al poder mundial, veremos que hoy EEUU se debate en medio de una profunda crisis internacional, como lo es la Guerra Comercial con China, la presencia de México en una opción política contraria al modelo imperialista; y el impeachment o juicio político que se ha iniciado en contra de Donald Trump en el Congreso. En el contexto internacional se vive una dispersión del poder mundial, con actores preponderantes como China, Rusia, Europa que vive sus propios problemas con el Brexit de Gran Bretaña; tensiones en medio oriente, problemas en Siria, Irán, Líbano, vale decir, una potencia imperial con un déficit de alto riesgo, que depende de China para evitar un default. Por otra parte, la región latinoamericana ha demostrado el derrumbe del modelo neoliberal, con cambios electorales y convulsión social en diversos países, como Ecuador, Argentina, Perú, Uruguay, Argentina. Vale decir, ni en Bolsonaro tiene Trump un aliado confiable, lo cual permite apreciar que, desde el punto de vista norteamericano, no está el horno para boyos y la única ayuda que le ha tirado Trump a Piñera ha sido echarle la culpa a Rusia y a Maduro de la convulsión social de Chile. Más allá de lo patético, pues la política exterior no se hace con fake news, es válido concluir que en Chile no habría capacidad de entrar en un autoritarismo democrático ni menos en un golpe militar porque el repudio internacional ahogaría siquiera pensarlo.
Valga añadir la situación desmedrada en que se encuentran Carabineros de Chile y el Ejército por las causas conocidas de corrupción en los altos mandos, lo que está en pleno proceso, lo que hace más improbable que puedan abiertamente proclamarse como baluartes del orden si tienen tejado de vidrio y la percepción que de ambas instituciones tiene la opinión pública es pésima. Finalmente, cabe agregar que la tecnología aplicada a las movilizaciones sociales, esencialmente pacíficas, rebasa las fronteras y las redes sociales, en su instantaneidad y extensión, permiten que todo trascienda a nivel internacional, generando evidencias para nutrir investigaciones sobre abusos de poder y crímenes cometidos por las fuerzas represoras. La soberanía popular se está practicando en las autoconvocatorias que dirige la Fuerza Social y que abarca todos los estamentos de la civilidad, la CUT, la ANEF, los gremios sectoriales de la Salud, la Educación, las organizaciones locales de diversa índole, actores que no son controlados por los partidos políticos ni de gobierno ni de oposición, en un fenómeno social inédito.
En este contexto complejo de suyo, la eventual acción golpista que pudieren discurrir algunas mentes afiebradas, es totalmente inviable, toda vez que, en los hechos noticiosos de la semana, el poder legislativo está impulsando la acusación constitucional al ex Ministro del Interior, se está discutiendo caminos para plebiscitar un proceso constituyente y, por su parte, la Corte Suprema, a través de su vocero, ha manifestado que la reforma constitucional o la generación democrática de una nueva Constitución, es jurídicamente posible, y habría que abocarse a ello.
Efectivamente, a través de un Plebiscito, como lo establece el Art. 5 de la Constitución de 1980, el Presidente de la República puede convocar a un plebiscito para generar las bases de una nueva constitución. El problema política es que el Presidente sigue insistiendo en una agenda social que la ciudadanía no le acepta, sigue halagando a Carabineros y Fuerzas Armadas, sin hacer un mea culpa por los chilenos que han resultado heridos en las dos semanas de represión, criminalizando la demanda social al asociarla permanentemente con los vándalos que impunemente han actuado.
La ciudadanía continúa movilizada y lo hará mientras no se establezca que lo medular es cambiar las leyes que han perpetuado, por décadas, situaciones de abuso y ello, indefectiblemente conduce a una nueva Constitución 2020.
Constitución Política de Chile, Artículo 5º.- La soberanía reside esencialmente en la Nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas y, también, por las autoridades que esta Constitución establece. Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio.
El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.
Periodismo Independiente, 02.11.2019
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