Una nueva era de represión y miedo en Ecuador

Terminaron las movilizaciones en todo el país. Fueron días de mucho dolor, angustia y rabia para el pueblo ecuatoriano. La Defensoría del Pueblo informó acerca de 9 muertos, 1.192 personas aprehendidas y 1.340 heridos. Afirmó, además, que en el 80% de las detenciones hubo irregularidades e ilegalidades. La CIDH emitió varios comunicados expresando su preocupación por actos de represión policial y militar en contra de comunidades indígenas y alertó que varias manifestaciones fueron reprimidas con fuerte dotación y vehículos blindados. Asimismo, la CIDH le recordó al Estado ecuatoriano que el uso proporcional de la fuerza es una obligación de todos los Estados según el derecho internacional. A través de medios internacionales y redes sociales fuimos testigos de varias escenas de violenta represión por parte de la policía nacional contra el pueblo. Como es usual en días de postconflicto, la gente vuelve poco a poco a sus rutinas, los indígenas movilizados en todo el país vuelven a sus comunidades. Los noticieros informan sobre los acuerdos alcanzados y, sobre todo, sobre los daños ocasionados por las manifestaciones, los saqueos y otras actividades vandálicas que aprovecharon la conmoción del momento.

 

. Fueron días de mucho dolor, angustia y rabia para el pueblo ecuatoriano. La Defensoría del Pueblo informó acerca de 9 muertos, 1.192 personas aprehendidas y 1.340 heridos. Afirmó, además, que en el 80% de las detenciones hubo irregularidades e ilegalidades. La CIDH emitió varios comunicados expresando su preocupación por actos de represión policial y militar en contra de comunidades indígenas y alertó que varias manifestaciones fueron reprimidas con fuerte dotación y vehículos blindados. Asimismo, la CIDH le recordó al Estado ecuatoriano que el uso proporcional de la fuerza es una obligación de todos los Estados según el derecho internacional. A través de medios internacionales y redes sociales fuimos testigos de varias escenas de violenta represión por parte de la policía nacional contra el pueblo. Como es usual en días de postconflicto, la gente vuelve poco a poco a sus rutinas, los indígenas movilizados en todo el país vuelven a sus comunidades. Los noticieros informan sobre los acuerdos alcanzados y, sobre todo, sobre los daños ocasionados por las manifestaciones, los saqueos y otras actividades vandálicas que aprovecharon la conmoción del momento.
 Extrañamente, lo que menos se ve o se escucha en los medios son demandas justicia para las víctimas de la represión estatal. Como en otros tiempos, el bombardeo mediático clamando investigación y sanción para los responsables no existe más ¿Qué está pasando? ¿Dónde están todas las voces que en el pasado inundaban con información, reportes y ruedas de prensa sobre los supuestos malos tratos a estudiantes y manifestantes? Hace menos de cuatro años durante el gobierno de Rafael Correa sólo se hablaba de represión estatal, criminalización de la pobreza, los 10 de Luluncoto, Yasunidos y más ¿Dónde están los colectivos ecológicos y psicosociales que emitían largos informes (poco contrastados, por cierto) traducidos a varios idiomas, con extensa cobertura mediática, con ostentosos lanzamientos? En ese entonces, Rafael Correa era maliciosamente tildado de dictador, represor. Ahora, la prensa, las élites y muchos de dudosa capacidad cognitiva agradecen a Lenin por su valentía para proteger la democracia ¡¿Qué nos pasa?! No podemos dejar que nuestras simpatías políticas nos cieguen el alma, nos impidan reaccionar con mínimos de coherencia y ética social.

 Ahora todo luce diferente ¿Es que tanto silencio y cobertura de hechos superfluos nos quiere hacer pensar que todas las imágenes de violencia y represión no fueron reales? ¿Que la Defensoría y la CIDH se inventaron sus informes? La Ministra de Gobierno ha expresado que se mintió sobre las cifras de muertos y heridos, afirmando que no hay asesinatos ni desparecidos ¿Es que podemos llegar a tanto nivel de cinismo y crueldad? ¿Es que como sociedad es tan cómodo volver a nuestra vida sin ni siquiera cuestionarnos por la gente que murió o que quedó muy malherida? ¿Es que la indolencia es tal que dejamos fácilmente que la prensa y el Gobierno nos hablen del daño de las calles y adoquines, pero no de las vidas que se perdieron? ¿Es que la vida de los indígenas, al igual que en tiempo de la Colonia, sigue valiendo menos?

De la misma manera, al día siguiente de finalizado el paro, varios líderes de la Revolución Ciudadana fueron detenidos, sus casas allanadas. La persecución política es aún más evidente. La valiente prefecta de Pichincha, Paola Pabón, filmó su detención. Se vio obligada a mostrar la intimidad de su hogar cuando esté estaba siendo violentado por agentes policiales. Aprovecharon la irregularidad del estado de excepción para acusarla de cualquier cosa. La mayoría de líderes de la Revolución Ciudadana están hoy presos, asilados en una Embajada o han debido salir al exilio. Muchos dirigentes temen por su libertad, por su integridad física. Se ha instaurado un clima de miedo y estigmatización a todos y todas quienes hemos apoyado esta Revolución.

 ¿Cómo procesamos a nivel emocional tanta violencia si es invisible? ¿Cómo los familiares, amigos, vecinos, estudiantes, voluntarios, médicos y personal humanitario procesan los hechos traumáticos que tuvieron que ser testigos? La literatura en trauma y postconflicto nos dice que esas emociones no se quedan así o se olvidan. La rabia, la impotencia, la imposibilidad de tramitar esta violencia se vuelven agresividad, se convierten en trastornos psicosomáticos, enfermedades crónicas. Los niños y niñas empiezan a tener problemas en la escuela y muchas secuelas, que la mayoría del tiempo pasamos por desapercibidas. Pero, ante todo, esta violencia sin castigo nos afecta como sociedad. Sin verdad y sin justicia no distinguimos más entre el bien y el mal. Los límites y los valores se ven trastocados. Nos volvemos un poco menos humanos.

 Todo este clima, ese miedo, esa irregularidad, del olvidos impuestos y silencios vergonzosos los vivimos ya los 80s bajo el gobierno autoritario de León Febres Cordero. No hay duda que la impunidad y una memoria histórica que seguimos negando nos ha obligado a repetir.

UNETE



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