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El Día Después


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21/10/2019


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Una sensación de agobio enmarca esta crónica, escrita el día después del mayor estallido social que registre la historia de Chile en los últimos 50 años.


Agobio que expresa el shock derivado de una crisis traumática para la sociedad chilena que partió por el reclamo escolar por un aumento de las tarifas en el Metro de Santiago y que rápidamente escaló a una movilización transversal, que abarcó a estudiantes secundarios, universitarios, profesores, funcionarios de la Salud, trabajadores portuarios, jubilados, en una escalada que fue expresando una rabia extendida por todo el país, una respuesta a todos los abusos a los que ha estado sometida la civilidad, en desprotección por parte del Estado, con una institucionalidad que prioriza el derecho de propiedad por sobre el derecho a la vida.

Chilenos que se asumen, en general, como de clase media y que luchan por no caer a la pobreza, agobiados por la inseguridad, los trabajos precarios; con pésimos sistemas de transporte; encadenados a un sistema de pensiones perverso, que condena a la miseria a los adultos mayores; un sistema de salud pública colapsado; una delincuencia desatada; corrupción impune en las instituciones políticas, castrenses, judiciales y religiosas; evasión tributaria que practican los grupos económicos; impuestos y tasas que caen sobre los trabajadores; educación pública de mala calidad, desigualdad de oportunidades que parte desde el jardín de infantes. En una avalancha de indignación, cientos de miles de chilenos ocuparon las calles, volvieron a escucharse las cacerolas, la civilidad hizo sentir su grito visceral: !Basta de abusos¡

Pero, más allá de los múltiples problemas que afectan a los sectores medios, intentando explicar las causas profundas del estallido social de Octubre en Chile, se debe señalar que, como en toda manifestación pública o marcha a que han convocado organizaciones sociales, se sumaron a los manifestantes grupos organizados de encapuchados que, en turbas vandálicas, generaron una violencia urbana incendiaria contra supermercados, bodegas, bancos, negocios pequeños, generando caos, realizando en ellos un saqueo de nivel industrial en ciudades como Santiago o Valparaíso, y todo ello, frente a la presencia pasiva de fuerzas policiales y militares que, de acuerdo a la ley, debían brindar protección para asegurar la libre circulación por las vías públicas.

Resulta redundante enlistar las múltiples variables que integran el descontento social de los chilenos, así que solamente mencionaré el fenómeno de marginación que mantiene al 70% de los chilenos en situación precaria, con un ingreso mensual menor a 550 mil pesos; el sobre endeudamiento que mantienen los sectores medios y que alcanzó al 2017, un 71,1 % promedio de los ingresos mensuales.

En la convulsión social de Octubre, la empobrecida clase media ha sido protagonista de una legítima protesta contra los abusos que sufre. Pero, los vándalos del lumpen, que son personas marginales a la economía formal, que circulan en un ambiente marcado por el microtráfico, el comercio ambulante y las tomas de terrenos periféricas, ejerciendo una violencia organizada, distorsionaron la movilización social, realizando desmanes que están lejos de lo que la civilidad plantea en sus demandas, ejerciendo las libertades públicas, en forma pacífica. Y han sido, precisamente, esas turbas violentistas, las que han incendiado más de 40 estaciones del Metro, saqueado e incendiado locales comerciales, con el único norte de expresar su resentimiento y de aprovechar toda ocasión para robar, en una lógica delincuencial totalmente alejada del movimiento social. Ya lo habían hecho en Talcahuano para el terremoto y tsunami del 27.Feb. 2010, y lo han hecho ahora, a escala mayúscula, generando un clima de violencia y terror, que los organismos de Estado no fueron capaces de frenar en la noche de furia del 19.10.2019.

La civilidad ha despertado, pero enfrenta un sistema agotado en su propia corrupción, con la concentración de la riqueza más escandalosa de la OCDE, con un modelo extractivo depredador del medio ambiente y una dependencia crítica del sector externo, que ha debilitado a Chile en medio de una guerra comercial que le pasará la cuenta al modelo de exportaciones primarias. Sin embargo, frente a su agotamiento objetivo, el sistema procura mantener el statu quo y, desde los sectores que integran la coalición de gobierno, se han levantado voces para sacar presión a la caldera social. Vale decir, le han quitado el piso a Sebastián Piñera por su pésimo manejo de la crisis, por haber criminalizado las protestas estudiantiles y haber tratado a todos los jóvenes que convocaban a evadir los pasajes del Metro como nueva forma de protesta, como delincuentes; en definitiva, ello se convirtió en un búmeran que aunó diferentes movimientos sociales en una sola idea fuerza, que consolidaba múltiples demandas.

En el día después, se ha observado que, pese a haber sido superado por las circunstancias, habiéndose dictado un Estado de Emergencia, que incluyó toque de queda, el mismo no fue respetado por los vándalos, realizándose los mayores desmanes y saqueos en la madrugada del 20 de octubre. El Ejecutivo ha convocado a los Presidentes del Senado, de la Cámara de Diputados y la Corte Suprema a conversar una salida a la violencia vivida. El gobierno ha dado marcha atrás y ha eliminado el aumento del pasaje del Metro, pero eso era apenas la punta de un iceberg que ha golpeado al sistema en su línea de flotación, con un rechazo y denuncia a la totalidad de la clase política que ha sido capaz de actuar de espaldas al pueblo, en una burbuja que no deja ver las fallas sistémicas que sufre Chile en materia de salud, trabajo, previsión social, educación, medio ambiente, transporte público.

La lección del Día Después ha mostrado un gobierno dubitativo, sin convicción, sin control efectivo de las policías o el ejército para efectuar una acción eficaz contra las turbas de vándalos. Además, en la ex Concertación se advierten contradicciones profundas, con algunos personeros que han querido criminalizar a las fuerzas progresistas del Frente Amplio, usando la misma falacia que usara Piñera al inicio de la crisis, tratar como delincuencia la protesta legítima. Como también se observa a otros sectores que tratan de empatizar con la sociedad civil y sentar las bases de un nuevo pacto social. Lo propio ocurre con actores de derecha, como el Senador Ossandón que ha criticado duramente la gestión errática de Sebastián Piñera y su Gabinete, que han intentado de apagar el fuego con bencina.

Lo que no dice el gobierno y tratan de manipular los medios oficiales, es la distinción clara entre la protesta legítima y la delincuencia. Pero sí lo han hecho las mismas redes sociales, que han permitido denunciar con testimonios directos, la inacción de la policía para proteger lugares de riesgo, permitiendo con ello una devastación evitable de bienes públicos y privados en ciudades y regiones que están hoy en Estado de Emergencia.

Periodismo Independiente, 20 de octubre de 2019



Etiquetas:   Política   ·   Democracia   ·   Vandalismo   ·   Anticorrupción   ·   Sociedad Civil

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