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La captura de Ovidio Guzmán López, hijo de “El Chapo” Guzmán
y uno de los que quedaron al mando de alguna célula del cártel de Sinaloa –junto
con sus hermanos Iván Archivaldo y Alfredo, - luego de la detención de su padre,
rompe con toda la lógica de lo que suponemos es la justicia en México.
Ovidio es un personaje clave -en algún sentido- en el tráfico de drogas para el
grupo del Pacífico. El gobierno de los Estados Unidos lo tiene en la mira y
contario a sus otros hermanos, que gustaban de presumir su vida de “narco-juniors”
en redes sociales, había mantenido hasta antes de su captura un perfil más bajo,
pero también es más violento.
Hasta el momento nadie sabe qué pasó en realidad. Si su
grupo atacó a la patrulla militar y por eso se desató el caos, como afirma el
gobierno federal; o si lo encontraron de casualidad mientras los soldados
perseguían a otro presunto delincuente, como afirman los abogados de la familia
Guzmán.
O si en realidad lo detuvieron, lo llevaron a la fiscalía y
ahí la gente del cártel de Sinaloa los sitió, atacó a todo los uniformados,
cerró los accesos a la ciudad y creó un entorno de guerra pocas veces visto,
poniendo en riesgo a miles de ciudadanos inocentes.
Sea cual sea la versión real, lo cierto es que fue tanta la
presión y el riesgo de perder el control en la zona, que el Gabinete de Seguridad
declaró -seis horas después desde que comenzaron las balaceras- que esta acción
fue un error y que “con el propósito de salvaguardar la integridad y
tranquilidad de la ciudad… acordaron suspender dichas acciones”, lo que supuso
la liberación de Ovidio Guzmán.
Nadie en el gobierno federal asume la responsabilidad de
estas acciones y culpan a los soldados por su “afán de obtener resultados
positivo, actuó de manera precipitada, con deficiente planeación, así como
falta de previsión sobre las posibles consecuencias de la intervención” y sobre
todo, “omitiendo obtener el consenso de sus mandos superiores” y aunado a todo
esto, “se desestimó el poder de convocatoria y capacidad de respuesta de la
organización delictiva”, señaló el secretario de la Defensa Nacional, General
Luis Cresencio Sandoval González.
Y fue un fracaso de dimensiones inesperadas. Ahora el
gobierno federal quedó ante la opinión pública como una estructura debilucha
que se deja someter y que cede ante la presión de los criminales. Un ¡Estado
fallido!, aseguran.
Esto en parte es cierto, a pesar de que el presidente AMLO
justificó la decisión de liberar a Ovidio señalando que "no puede valer
más la captura de un delincuente que la vida de las personas".
Y también tiene razón, ya que en el comienzo de la “guerra
contra el narco” hace dos sexenios, inició un baño de sangre que en poco o nada
afectó a los grupos criminales pero que en el recuento de los daños, las “víctimas
colaterales” se acumulan en cientos de miles y sumando.
Pero desde mi perspectiva, esta cadena de errores comenzando
por un operativo sumamente extraño, la captura y retención de Ovidio por al
menos cinco horas, el no presentarlo ante ninguna autoridad judicial y luego la
violencia que se desató, son solo el síntoma del problema y que se ha dejado de
lado en el análisis público que se hace ante este hecho en particular.
El punto clave es la estrategia de seguridad que han seguido
los últimos gobiernos en México. Descabezar grupos, detenciones masivas,
enfrentamientos directos y una laguna enorme entre esto y el actuar del sistema
judicial, que puede proteger a cualquier delincuente, darle prerrogativas y
hacer de su estancia en prisión –cuando llegan a ella- solo unas vacaciones temporales muy cortas.
Detener a los grandes capos no ha funcionado en México, ese
el primer error de la estrategia de seguridad. Esto fragmenta los grupos y por
lo tanto, aumenta la violencia y eleva el riesgo de que la sociedad civil se
vea afectada, dado que mientras más competencia entre ellos menos ganancias y
por lo tanto, hay que extorsionar, secuestra, exigir derechos de piso y
explotar sexualmente a las niñas y mujeres para obtener recursos extras que les
permita pelear por un territorio.
Es decir, el problema principal no es el narcotráfico como
suponen muchos –y no justifico esta actividad-, el daño real está en que los
grupos criminales se diversifican y entonces la principal víctima no son los
adictos, sino la sociedad en general por todos los delitos que ya comenté,
hasta tal punto que se puede llegar a una situación tan extrema como la
desaparición de 43 estudiantes, de miles de cuerpos enterrados en fosas
clandestinas, cientos de miles de desplazados y un miedo terrible para
enfrentar el día a día.
Por eso ha fallado esta estrategia de seguridad, porque nos
ha metido en una situación tan desastrosa, como el hecho de que hemos perdido
la posibilidad de caminar por las calles, asistir a algún lugar para
divertirnos o recibir un balazo o una puñalada si te tardas en dar el celular
en un asalto. ¿Qué delitos se deben combatir primero…?
