Red de publicación y opinión profesional
Política · Economía · Sociedad · Cultura · Ciencia · Tecnología ·
Últimas etiquetas:   Mauricio Macri   ·   Devaluación   ·   Cristina Fernandez de Kirchner   ·   Inflación   ·   Crisis Económica   ·   Sociedad   ·   Utopias   ·   Emigración   ·   Escritores   ·   Periodismo



Igualdad de armas y contradictorio en el caso Arroz Verde


Inicio > Derecho
04/09/2019


789 Visitas



La persecución judicial y el lawfare en el Ecuador siguen agravándose y nos muestran cada vez más la desprotección en la que los perseguidos políticos se encuentran. Jorge Glas fue condenado con base en un testimonio no corroborado de un delator de Odebrecht. Rafael Correa y Pablo Romero tienen órdenes de prisión preventiva por declaraciones no corroboradas de dos ex policías. Ahora vemos el caso “Arroz Verde” (también llamado “Sobornos”) en donde un cuaderno pretende ser usado como prueba en contra de varios perseguidos políticos, a pesar de que su autora reconoció que el cuaderno fue escrito en 2018 y que gracias a su “prodigiosa memoria” pudo incluir cifras (hasta con centavos) de dineros recaudados varios años atrás. Cada uno de estos temas es digno de estudio, pero en este momento me quisiera enfocar en tan solo una cuestión puntual: el impedimento que tuvo la defensa de los perseguidos políticos de interrogar a quienes rindieron declaraciones incriminatorias en su contra.


En el caso Arroz Verde, dos de las procesadas rindieron declaraciones ante la justicia en las que acusaron a otros de los procesados de haber cometido acciones ilícitas. La primera de ellas, Laura T., rindió una declaración libre, la cual fue seguida por preguntas de la Fiscalía. La segunda, Pamela M., rindió  una declaración libre, seguida de preguntas de sus abogados defensores (la Fiscalía decidió no hacer preguntas). Al concluir sus declaraciones y después de responder a las preguntas de la Fiscalía y de su propia defensa, respectivamente, ambas procesadas decidieron no responder a ninguna pregunta de los otros coacusados. En suma, los coacusados no pudieron contrainterrogar a las declarantes que los inculparon de la comisión de un posible ilícito.

Mi especialidad es el Derecho Internacional, así que la primera pregunta que se me vino a la cabeza fue: ¿Es posible desde el punto de vista del Derecho Internacional de los Derechos Humanos que una acusada pueda rehusarse a responder las preguntas de sus coacusados?

El Artículo 8(2)(f) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone que la defensa tiene el derecho a “interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos”.

La Corte Interamericana ha interpretado esta norma señalando que “dentro de las prerrogativas que deben concederse a quienes hayan sido acusados está la de examinar los testigos en su contra y a su favor, bajo las mismas condiciones que el Estado, con el objeto de ejercer su defensa” (Castillo Petruzzi y otros vs. Perú, 1999, párr. 154). Esta garantía mínima “materializa los principios de contradictorio e igualdad procesal” (Norín Catrimán y otros vs. Chile, 2014, párr. 242).

Por su parte, el Convenio Europeo de Derechos Humanos contiene una disposición similar, el Artículo 6(3)(d), el cual dispone que todo acusado tiene derecho a “interrogar o hacer interrogar a los testigos que declaren en su contra y a obtener la citación e interrogatorio de los testigos que declaren en su favor en las mismas condiciones que los testigos que lo hagan en su contra”.

Tanto la Convención Americana como el Convenio Europeo hablan de “testigos”, pero en el caso “Arroz Verde” quienes declararon no fueron testigos sino coacusadas ¿Es esta una diferencia relevante? La respuesta la dio la Corte Europea en el caso Lucà vs. Italia (2001, párr. 41). Según la Corte, el hecho de que una declaración haya sido dada por un coacusado y no por un testigo es irrelevante. El término “testigo”, continúa la Corte, tiene un “sentido autónomo”, por lo que si la declaración de un coacusado pretende ser utilizada por la Fiscalía como prueba en contra de otro coacusado, se aplica la garantía establecida en el Artículo 6(3)(d) del Convenio. Es decir, los coacusados tienen el derecho de interrogar al acusado que los incriminó.

Esto no sucedió en el caso Arroz Verde. No hubo contradictorio. Laura T. y Pamela M. no fueron interrogadas por los abogados de los otros coacusados ¿Pueden ser utilizadas sus declaraciones en contra de los coacusados que no pudieron interrogar a las declarantes? La respuesta también la encontramos en la jurisprudencia de la Corte Europea. Según Unterpertinger v. Austria (1986, párrs. 31-33), si la condena se basa sola o decisivamente en las declaraciones hechas por personas a quienes los acusados no tuvieron oportunidad de examinar, ya sea durante la etapa de investigación o la etapa de juicio, los derechos de la defensa serían restringidos a un punto incompatible con las garantías establecidas en el Artículo 6 del Convenio Europeo. Consecuentemente, las declaraciones de Laura T. y Pamela M. solo pueden ser usadas en contra de ellas mismas, mas no en contra de los coacusados que no tuvieron la oportunidad de contrainterrogarlas.

Otro asunto a discutir se refiere al hecho de si exigir que Laura T. y Pamela M. respondan a las preguntas de los coacusados vulneraría su derecho a guardar silencio. En el sistema anglosajón, los acusados pueden elegir si declaran o no. Si deciden no declarar, no reciben sanción alguna y su silencio no puede ser usado como prueba en su contra. Tienen el derecho a guardar silencio. Sin embargo, si deciden declarar, entonces estarán sujetos al contrainterrogatorio y deberán responder a todas las preguntas que se les planteen. En caso de que se rehúsen a responder, el juez los podrá declarar en desacato (contempt) y aplicar las sanciones correspondientes.

En nuestro sistema penal al parecer no pasa nada. Ambas declarantes decidieron responder a las preguntas que quisieron de su defensa y a las preguntas de la Fiscalía. La defensa de los otros coacusados no tuvo posibilidad alguna de hacer preguntas y cuestionar la veracidad de las declaraciones, la credibilidad de las declarantes y los medios de prueba que supuestamente aportaron. Todo ello en medio de tibias recomendaciones de la Jueza a las declarantes que meramente indicaban que se trataba de un procedimiento contradictorio. Los otros coacusados estuvieron en indefensión total. Laura T. y Pamela M. sirvieron a los intereses de la Fiscalía en desmedro de los intereses de la defensa de los otros coacusados. No hubo igualdad de armas.

Lo anterior da crédito a las voces de quienes acusan a la Fiscalía de actuar en colusión con ciertos abogados defensores y acusados con el fin de criminalizar y sancionar a otras personas (a los perseguidos políticos). Ya vimos cómo la Fiscalía y los coacusados Raúl Ch. y Diana F. actuaron de tal forma que éstos últimos recibieron una rebaja del 80% de sus penas por el solo hecho de involucrar sin pruebas a Rafael Correa. Ya vimos cómo mientras Jorge Glas era sancionado a 6 años de prisión, los “delatores” de Odebrecht están en libertad ¿Pasará lo mismo en el caso Arroz Verde? ¿Pamela M. y Laura T. están siendo presionadas por la Fiscalía para que involucren a Correa y a otros exfuncionarios del anterior Gobierno? ¿Es esto un fraude procesal? ¿Hay una colusión entre la Fiscalía, ciertos acusados y ciertos abogados defensores para encarcelar injustamente a los “correístas”? Las respuestas jurídicas sólo las sabremos si se presentasen denuncias penales por colusión, fraude procesal u otro tipo de delitos afines, si se realizase una investigación seria, independiente e imparcial, y si tuviésemos fiscales y jueces capaces y valientes de soportar la arremetida mediática que se les viniera encima.

En cuanto al proceso mismo del caso Arroz Verde, lo que queda es que la Jueza a cargo del caso admita las declaraciones de Laura T. y Pamela M. únicamente en lo que a ellas se refiera e inadmita las declaraciones en todo lo que se refiera a los otros coacusados por no haber sido sometidas al contradictorio. Ya vimos líneas arriba cómo la justicia internacional condena a los Estados que sancionan a las personas con base en “pruebas” que la defensa no controvirtió.

Fuente de la fotografía.



Etiquetas:   Ecuador

Compartir
Tu nombre:

E-mail amigo:
Enviar
PDF

0 comentarios  Deja tu comentario




Comienza
a leer


Un espacio que invita a la actualidad e información
 

Publica tus artículos


Queremos ser tus consejeros y tu casa editorial

Una comunidad de expertos


Rodéate de los mejores y comienza a influir
 

Ayudamos a tu negocio


El lugar y el momento adecuado donde debes estar
Secciones
18439 publicaciones
4674 usuarios
Columnas destacadas
Los más leídos
Mapa web
Categorías
Política
Economía
Sociedad
Cultura
Ciencia
Tecnología
Conócenos
Quiénes somos
Cómo publicar en Reeditor
Contacto
Síguenos


reeditor.com © 2014  ·  Todos los derechos reservados  ·  Términos y condiciones  ·  Políticas de privacidad  ·  Diseño web sitelicon.com  ·  Únete ahora