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La intimidad, un derecho de papel


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26/08/2019

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Visto en el plano de la realidad, no es difícil observar que la intimidad de las personas, si es que alguna vez existió como auténtico derecho, ahora casi está en fase de liquidación. Oficialmente sigue ahí, flotando en el ambiente, protegida por los poderes públicos en cumplimiento de lo que establece la letra de las constituciones políticas. Sin embargo, a poco que se corra la cortina de la apariencia, resulta que el interés que ofrecía como negocio va decayendo en la práctica con el paso del tiempo. Afectada de cierto grado de obsolescencia, su lugar es ocupado por otros temas más rentables, como dar coba a ciertos grupos minoritarios con cuestiones de más actualidad para que voten en bloque. Solamente se desempolva cuando ocasionalmente resulta útil a la nueva estructura de poder dominante para ganarse la consideración de las masas.


Desde sus comienzos, allá por la época de esplendor de la etapa burguesa, ya se apreciaba que el sentido absoluto de la intimidad no iba a ser posible mantenerlo, en interés del desarrollo del aparato estatal, puesto que suponía un freno para el ejercicio del poder que, si no absoluto, en este punto lo parecía. Ahora resulta que el tan cacareado derecho a la intimidad de las personas sucumbe no solamente ante el interés público, sino ante los del empresariado o el de cualquier particular avispado. Consciente el aparato de poder de que otros intereses se entrometen en su terreno, ha creado organismos dispuestos para operar sobre el papel, y en algunos casos hasta en el terreno real, en eso de las intromisiones privadas en la intimidad de las personas. De ahí que, al igual que el derecho, la represión para con los vulneradores ha quedado en darse bombo, salvo algunos escarmientos ocasionales, en el caso de los más ingenuos, para que sirvan de ejemplo.

Históricamente la primera que abrió brecha fue la burocracia pública —lo que se suele llamar administración de los Estados—, invocando su función de velar por la buena marcha de las cuentas públicas, aunque entendida como patente de corso. Parecía razonable que los ciudadanos se desnudaran en cuerpo y mente, sin posibilidad de ocultar nada que pudiera directa o indirectamente afectar al negocio de administrar, justificándose la medida en el interés general. Aprovechando este último, era un deber inexcusable declarar cuanto se refería a la vida de las personas en su totalidad, y esto incluía tanto preferencias como pretensiones. Siempre presente la amenaza del castigo para los infractores, con lo que necesariamente, ya en principio, eso de la intimidad no podía ser sino un mito para ilusionar a las mentes imaginativas, servido por la propaganda de los gobiernos. Al final, resultó que la medida extrema de la confesión casi era innecesaria, porque con el arsenal tecnológico, al servicio del que manda ahora, nada puede escapar al gran controlador mecánico.

Hasta aquí, el asunto de desnudarse en confesión ante los administradores públicos había que digerirlo no por convicción, sino por obligación, dejando a salvo la suposición de que algún resquicio quedaría para la intimidad. Fue un pensamiento pasajero porque pronto la burocracia privada se hizo presente en la vida de las personas, en ocasiones amparada por la burocracia pública que le otorga el título de colaboradora, asumiendo el papel de seudoburocracia oficial —este es el caso de las entidades bancarias—, a la que había que relatar, como si estuviera en juego el interés general, vida y andanzas para que oportunamente pudiera trasladarlo, por si hubiera pasado algo por alto, a la burocracia superior. Tales poderes delegados han ido creciendo, haciéndose extensivos a otros sectores de la actividad económica, hasta el punto que hoy cualquier empresa que se precie arrasa abierta o encubiertamente con la intimidad de la clientela en cuanto se acude a ella como consumidor o usuario. Aunque siempre guardando las formalidades para que haya apariencia de que los datos, como parte de la intimidad, queden a salvo de interferencias —claro está, hasta que alguien pague por ellos—. El proceso de colaboración, haciendo uso de variadas artimañas, se ha hecho tan extenso y minucioso que empieza a ser difícil encontrar un punto libre de fiscalización de la intimidad

Al aire del progreso de la nuevas tecnologías, pululan por ahí los grandes controladores de la información y la comunicación. Se dice que operando gratuitamente—aunque sería ingenuo pensar que en el mundo capitalista exista algo que sea realmente gratis— o cobrando por el negocio de entrar en la intimidad de las personas. A ellos se han entregado voluntariamente legiones de personas huérfanas de individualidad y resulta que incluso, en su ignorancia, les llegan a adorar como ídolos modernos. Indiferentes aquellos, anotan cada palabra, cada idea, cada ocurrencia o cada intención en su particular almacén de detalles para que en su momento sus empleados sean capaces de sacarles rentabilidad y atender cumplidamente al dividendo de la multinacional del internet. Por si fuera poco, cualquier empresa o personaje dado a la innovación ofrece actualidad digital y vende humo, con la acertada pretensión de robar intimidades sin disimulo.

Si quedaba algo de eso que se llamaba derecho a la intimidad real —y no formal—, a cada paso, cientos o miles de pequeños ojos, debidamente autorizados —o sea, conforme a la legalidad— te graban discretamente. Y otros tantos escuchan cada sonido que sale de tu garganta. La intimidad existe, pero lo decisivo es saber donde se oculta. Así parece que están las cosas. Debe ser un tributo a pagar por todos para seguir disfrutando de la última modernidad. Mas la situación no es preocupante, dado que la intimidad sobre el papel está garantizada, aunque no de hecho, más bien de derecho, puesto que lo manda la ley y fundamentalmente porque encuentran justificación a su propia existencia los organismos competentes de cada aparato estatal encargados de garantizarla.





Antonio Lorca Siero

Agosto de 2019.

Etiquetas:   Crisis Social   ·   Derechos Individuales   ·   Protección de Datos

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