. Oficialmente sigue
ahí, flotando en el ambiente, protegida por los poderes públicos en
cumplimiento de lo que establece la letra de las constituciones
políticas. Sin embargo, a poco que se corra la cortina de la
apariencia, resulta que el interés que ofrecía como negocio
va decayendo en la práctica con el paso del tiempo. Afectada de
cierto grado de obsolescencia, su lugar es ocupado por otros temas
más rentables, como dar coba a ciertos grupos minoritarios con
cuestiones de más actualidad para que voten en bloque. Solamente se
desempolva cuando ocasionalmente resulta útil a la nueva estructura
de poder dominante para ganarse la consideración de las masas.
Desde
sus comienzos, allá por la época de esplendor de la etapa burguesa,
ya se apreciaba que el sentido absoluto de la intimidad no iba a ser
posible mantenerlo, en interés del desarrollo del aparato estatal,
puesto que suponía un freno para el ejercicio del poder que, si no
absoluto, en este punto lo parecía. Ahora resulta que el tan
cacareado derecho a la intimidad de las personas sucumbe no solamente
ante el interés público, sino ante los del empresariado o el de
cualquier particular avispado. Consciente el aparato de poder de que
otros intereses se entrometen en su terreno, ha creado organismos
dispuestos para operar sobre el papel, y en algunos casos hasta en el
terreno real, en eso de las intromisiones privadas en la intimidad de
las personas. De ahí que, al igual que el derecho, la represión
para con los vulneradores ha quedado en darse bombo, salvo algunos
escarmientos ocasionales, en el caso de los más ingenuos, para que
sirvan de ejemplo.
Históricamente
la primera que abrió brecha fue la burocracia pública —lo
que se suele llamar administración de los Estados—, invocando su
función de velar por la buena marcha de las cuentas públicas,
aunque entendida como patente de corso. Parecía razonable que
los ciudadanos se desnudaran en cuerpo y mente, sin
posibilidad de ocultar nada que pudiera directa o indirectamente
afectar al negocio de administrar, justificándose la medida en el
interés general. Aprovechando este último, era un deber
inexcusable declarar cuanto se refería a la vida de las personas en
su totalidad, y esto incluía tanto preferencias como
pretensiones. Siempre presente la amenaza del castigo para los
infractores, con lo que necesariamente, ya en principio, eso de la
intimidad no podía ser sino un mito para ilusionar a las mentes
imaginativas, servido por la propaganda de los gobiernos. Al final,
resultó que la medida extrema de la confesión casi era
innecesaria, porque con el arsenal tecnológico, al servicio del que
manda ahora, nada puede escapar al gran controlador mecánico.
Hasta
aquí, el asunto de desnudarse en confesión ante los
administradores públicos había que digerirlo no por convicción,
sino por obligación, dejando a salvo la suposición de que algún
resquicio quedaría para la intimidad. Fue un pensamiento pasajero
porque pronto la burocracia privada se hizo presente en la
vida de las personas, en ocasiones amparada por la burocracia pública
que le otorga el título de colaboradora, asumiendo el papel
de seudoburocracia oficial —este es el caso de las entidades
bancarias—, a la que había que relatar, como si estuviera en juego
el interés general, vida y andanzas para que oportunamente pudiera
trasladarlo, por si hubiera pasado algo por alto, a la burocracia
superior. Tales poderes delegados han ido creciendo,
haciéndose extensivos a otros sectores de la actividad económica,
hasta el punto que hoy cualquier empresa que se precie arrasa abierta
o encubiertamente con la intimidad de la clientela en cuanto se acude
a ella como consumidor o usuario. Aunque siempre guardando las
formalidades para que haya apariencia de que los datos, como
parte de la intimidad, queden a salvo de interferencias —claro
está, hasta que alguien pague por ellos—. El proceso de
colaboración, haciendo uso
de variadas artimañas, se ha hecho tan extenso y minucioso que
empieza a ser difícil encontrar un punto libre de fiscalización de
la intimidad
Al
aire del progreso de la nuevas tecnologías, pululan por ahí los
grandes controladores de la información y la comunicación. Se dice
que operando gratuitamente—aunque sería ingenuo pensar que en el
mundo capitalista exista algo que sea realmente gratis— o cobrando
por el negocio de entrar en la intimidad de las personas. A ellos se
han entregado voluntariamente legiones de personas huérfanas de
individualidad y resulta que incluso, en su ignorancia, les llegan a
adorar como ídolos modernos. Indiferentes aquellos, anotan cada
palabra, cada idea, cada ocurrencia o cada intención en su
particular almacén de detalles para que en su momento sus empleados
sean capaces de sacarles rentabilidad y atender cumplidamente al
dividendo de la multinacional del internet. Por si fuera poco,
cualquier empresa o personaje dado a la innovación ofrece actualidad
digital y vende humo, con la acertada pretensión de robar
intimidades sin disimulo.
Si
quedaba algo de eso que se llamaba derecho a la intimidad real —y
no formal—, a cada paso, cientos o miles de pequeños ojos,
debidamente autorizados —o sea, conforme a la legalidad— te
graban discretamente. Y otros tantos escuchan cada sonido que sale de
tu garganta. La intimidad existe, pero lo decisivo es saber donde
se oculta. Así parece que están las cosas. Debe ser un tributo
a pagar por todos para seguir disfrutando de la última
modernidad. Mas la
situación no es preocupante, dado que la intimidad sobre el papel
está garantizada, aunque no de hecho, más bien de derecho, puesto
que lo manda la ley y fundamentalmente porque encuentran
justificación a su propia existencia los organismos competentes de
cada aparato estatal encargados de garantizarla.
Antonio
Lorca Siero
Agosto
de 2019.
