A pocos nos han sorprendido las
medidas de austeridad adoptadas por José Ramón Bauzá en Baleares. De la misma
forma que tampoco nos ha sorprendido que Lolita de Cospedal cogiera al toro por
los cuernos en Castilla-La Mancha; una comunidad donde no pasaba nada hasta hace unos días y los dirigentes
anteriores hacían declaraciones igual que las que hacen ahora los dirigentes de
Castilla y León. El problema vendrá cuando se cambie de color. Porque antes o
después León y Castilla han de tomar decisiones de calado y la ciudadanía
deberá enfrentarse a la realidad, en vez de esconderse tras la comodidad de un
programa agotado como el que representa Herrera Campo: “quien no crea en mi
programa, sobra”, decía anteayer Juan Vicente
Herrera.
Ante tales declaraciones de
Herrera Campo, una parte de la ciudadanía se preguntaba aquello de: “¿no serás
tú, Herrera, quien sobra en Castilla y León?”. Para ir salvando la cara, la
consejera de Hacienda ya habla de imposibilidad de conocer los ingresos de 2012
y de los doscientos y pico millones que debe la Administración de Zapatero;
poco a poco van destapando el pastel, al demostrarse que en educación han
rebajado un 41,14% a los centros públicos, en lo que a gastos de funcionamiento
se refiere.
Pero volvamos a Baleares. Ya
llegará el momento en que debamos analizar Castilla y León. Ahora está de moda
hablar de Baleares y de José Ramón Bauzá. Sus medidas deberían extenderse a
otras comunidades autónomas. Son medidas de ajuste serio, necesario e improrrogable.
Tal vez la más acertada y de más calado es la eliminación de los liberados
institucionales. Unos cargos que no sirven para nada y que en su día se
adoptaron de cara a la galería y a la imagen del gobierno correspondiente. Pero
hoy sobran esos lujos que, dicho sea de paso, son más un esperpento que una
necesidad. Bauzá lo tiene muy claro: "estamos aquí para tomar
decisiones".
Ahí está la clave de su éxito; no se entiende que
todo el mundo se apriete el cinturón mientras los sindicalistas siguen levantándose
a las once, mofándose de quien paga su nómina y tirándose a la bartola cuando
ésta se deja. O jugamos todos o rompemos la baraja: "las familias han
tenido que apretarse el cinturón por lo que la Administración hará exactamente
lo mismo". Ha dado en el clavo y no solo eso sino que, de ahora en
adelante, las demás comunidades deberán hacer lo mismo, salvo que prefieran
convertirse en la mofa y risión de la ciudadanía.
La eliminación de los liberados
es "una de las medidas que tendremos que tomar". Y lo ha hecho sin
remordimientos y sin que le tiemble la mano. Es una medida que no es dura para
nadie pero sí necesaria. Tal vez pueda ser dura para quienes se ven obligados a
retomar su trabajo a diario, en vez de deambular por bares y oficinas. Antes de
sacrificar un euro de los ciudadanos, no hay duda que es mejor y más sensato
acabar con el sindicalismo de pandereta, corchera y aplauso fácil. Bastante
daño han hecho los sindicalistas durante este último septenio negro, sobre todo
el sindicalismo de clase, hoy convertido en un simple burdel al servicio de una
izquierda trasnochada y casposa. Ahí tienen las consecuencias de su apoyo a
Zapatero y a la denigrante falta de planificación que representa el
Gobierno-ruina que ahora inicia su retirada.
Los políticos tienen que
reaccionar o abandonar la representatividad. No vamos a consentir el
enriquecimiento de vagos dormitando. Hoy sabemos que su patrimonio es desmedido
y que no se ha hecho trabajando. Si los políticos están obligados a
proporcionarnos libertad, los ciudadanos queremos elegir en libertad. Si esas
premisas no se dan es porque los que mandan han perdido la vergüenza y, por
tanto, los que obedecemos nos propondremos perderles el respeto, como dice el
refrán.