. Dos indicadores clave son la tasa de
informalidad y la pobreza laboral. Hay un tercero que es naturalmente
despreciable pero evidente (aumento de los delitos comunes) del que hablaremos
en otra entrega.
La
tasa de informalidad laboral se refiere al porcentaje de trabajadores que son
laboralmente vulnerables (sin derechos sociales básicos o parcialmente sin esos
derechos), y que por la naturaleza de la unidad económica para la que trabajan
(micro negocios, pequeñas empresas e incluso trabajadores por cuenta propia),
no tienen la capacidad económica o jurídica para reconocer un vínculo o
dependencia laboral como su fuente de trabajo. En esta tasa se incluye a otras
modalidades análogas como los ocupados por cuenta propia en la agricultura de
subsistencia, así como a trabajadores que laboran sin la protección de la
seguridad social y cuyos servicios son utilizados por unidades económicas
registradas (registros de mala calidad y cantidad).
En
términos de país, en México, la tasa de informalidad laboral es de poco más de
la mitad de la oferta laboral existente. Al primer trimestre 2019 (IT19), se
ubicó en 52.6% promedio nacional; y por entidad federativa, los casos más
dramáticos son Oaxaca (75.2%), Guerrero (73.2%), Tlaxcala (70.0%) e Hidalgo
(69.4%) en los que más de siete (7) de cada diez (10) trabajadores no genera
prestaciones sociales y/o formalidad en la estructura económica de sus
empresas. Durango se ubica en este periodo debajo de la media nacional con
48.7%.
Por
otro lado, la pobreza laboral se refiere a la proporción de la población que no
puede adquirir la canasta alimentaria con el ingreso proveniente del trabajo de
su hogar. En el IT19, CONEVAL e INEGI reportan fue 38.7%, 0.4 puntos
porcentuales menos que lo observado en el mismo trimestre de 2018. Esto
significa que en la actualidad, a pesar de esa disminución reportada (0.4%),
existen 48 millones 578 mil 606 personas viviendo en pobreza laboral en el
país. Aproximadamente, un tercio de la población total del país. Son 14 los estados
donde los ingresos laborales no aumentaron lo suficiente para contrarrestar el
efecto inflacionario que impactó la canasta alimentaria, por lo que la pobreza
laboral se incrementó. Los estados con los mayores incrementos en pobreza
laboral en términos anuales fueron Sinaloa, Guanajuato, y Nayarit en 4.5, 3.3 y
3 puntos porcentuales respectivamente. Debido a este incremento, Sinaloa pasó
de ser el segundo estado con menor pobreza laboral a ocupar el lugar número
ocho; mientras que, Durango, en este registro, destaca por disminuir su pobreza
laboral -3.0%. Una buena noticia para nuestro terruño. Sin embargo, el asunto
interesante es averiguar ¿por qué el efecto inflacionario no impactó en la
pobreza laboral de manera simétrica en el país? ¿bajó el consumo? ¿ampliación
de fuentes formales de trabajo? ¿política pública eficaz para la generación de
condiciones de inversión? ¿la estructura socioeconómica de cada entidad o
región? ¿combinación
de todo ello?
Desde
mi punto de vista tiene que ver con los niveles de consumo y el impacto de la
desaceleración económica mundial que sí está causando estragos en la planta
productiva de entidades con fuerte inversión económica extranjera. Por ejemplo,
el bajío: automóviles, y las entidades con fuerte componente de exportación
agropecuaria o agroalimentaria. Una aproximación a esa hipótesis es que,
mientras para Durango el año 2017 fue una verdadera pesadilla: tres trimestres
consecutivos (y solo dos del 2018), en los que el crecimiento económico estuvo
en números negativos. Como muestra la siguiente tabla de informalidad laboral
en Durango. Observemos que entre el IT, IIT y IIIT 2017, los niveles de
informalidad rebasan (o casi) el 50%. Se estabiliza en el IV Trimestre de 2017,
y para IIT y IIIT 2018, vuelven a aumentar. A pesar de ello, no estamos en los
primeros lugares de pobreza alimentaria, afortunadamente; pero, tampoco, en
niveles de generación de fuentes laborales que soporten la dinámica demográfica
de regiones y municipios.https://www.cabaret.mx/informalidad-y-pobreza-laboral/
Sin
duda hay retos enormes en términos de política pública para generar condiciones
de formalidad y crecimiento de las empresas en el país y en nuestro estado. No
esta sencillo resolver el problema cuando no se cuenta con inversión pública y
privada que lo soporten. Tampoco es por decreto y depende de múltiples
factores. Ante la falta de presupuestos públicos para “mover la obra pública”
(que es la acción de gobierno más directa en esa dirección), queda el apetito,
intransigencia y talento de quienes se abren oportunidades a pesar de los
obstáculos. Me refiero a los emprendedores y empresarios. Y la sociedad crítica,
por supuesto.
En
este sentido veo, escucho y leo con preocupación lo que se propone como parte
de las campañas políticas para las alcaldías. En gran parte de los candidatos
priva la insensatez. Se prometen acciones que van más allá de la lógica de
actuación legal y jurídica de un ayuntamiento, al tiempo que la ciudadanía
–todavía más insensata- celebra emocionalmente casi todo lo que se les promete.
Mientras
no demos pequeños saltos a la consolidación de la exigencia social,
confrontemos la política y exijamos derechos, me parece que la asignatura
pendiente de gobiernos responsables y promotores del crecimiento, tardará en
llegar. Esa es, para mi gusto, la otra gran asignatura pendiente en nuestra
entidad.
@leon_alvarez
