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¿Corte de lujo?


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10/05/2019


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Hace un par de meses publiqué un trino en Twitter que decía: “Trabalenguas jurídico: ¿Puede la nueva Corte Constitucional, inconstitucionalmente nombrada, revisar la constitucionalidad del inconstitucional referéndum constitucional que le dio vida?” La ironía en mi trino era clara. La nueva Corte Constitucional, o “Corte de lujo” como la han llamado ciertos sectores, tiene interés directo en que el referéndum de 2018 y las actuaciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio (CPCCS-t) sean constitucionales. De no serlo, la existencia misma de la Corte de lujo quedaría en entredicho. Es con esta consigna que la Corte de lujo ha actuado.






Así, el 9 de abril de 2019, la Corte de lujo resolvió por unanimidad el caso No. 2-17-RC/19 (magistrado ponenete Alí Lozada Prado), dándole la razón al Presidente Moreno de haberse saltado el control previo de constitucionalidad del referéndum de 2018. A criterio de la Corte operó un “dictamen ficto” de constitucionalidad. La misma decisión adoptó la Corte de lujo días antes respecto a las preguntas de la consulta popular (Caso 0001-17-CP, magistrado ponente Hernán Salgado Pesantes).

 

El 7 de mayo de 2019, la Corte de lujo adoptó una nueva decisión (Dictamen interpretativo No. 2-19-IC/19, magistrada ponente Teresa Nuques Martínez), mediante la cual decidió que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social definitivo, electo por el pueblo y que entrará en funciones en los próximos días, no puede revisar las decisiones adoptadas por el CPCCS-t.

 

Con sus resoluciones, la Corte de lujo pretende blindar todo lo actuado por el CPCCS-t, entre lo cual se encuentra la propia designación de los actuales magistrados de la Corte de lujo. En extremo decidor es el párrafo 84(a) del dictamen interpretativo, que indica que “las competencias extraordinarias” del CPCCS-t se ejercen en relación a las autoridades cuya selección y/o designación el Consejo “tiene participación directa o indirecta”. La Corte de lujo hizo expresa mención a la “participación indirecta” del Consejo, puesto que el Consejo participa indirectamente en la selección de los miembros de la Corte Constitucional. La Corte de lujo se está protegiendo a sí misma y por ende no tenía la más mínima imparcialidad para resolver este tema.

 

El dictamen interpretativo nace de una acción de interpretación sometida por Julio César Trujillo, Presidente del CPCCS-t. Trujillo no estaba legitimado para someter a la Corte la acción de interpretación. Según el Artículo 155(3) de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC), el ente autorizado para someter la acción de interpretación era el “órgano rector” de la Función de Transparencia y Control Social. Según el Artículo 6 de la Ley Orgánica de la Función de Transparencia y Control Social, el órgano rector de esta Función es el “Comité de Coordinación”, y según el Artículo 8 de esta misma Ley las decisiones del Comité se adoptan por mayoría simple de sus miembros. Trujillo requería entonces el apoyo de la mayoría simple del Comité de Coordinación para poder presentar su acción ante la Corte de lujo. No consta en la información que se ha hecho pública hasta hoy que esto haya sucedido. Trujillo actuó por su cuenta.

 

Por su parte, el Artículo 154 de la LOGJCC dispone que, frente a acciones de interpretación, la Corte Constitucional tiene competencia única y exclusivamente para interpretar “la parte orgánica” de la Constitución. Conforme lo indica la propia Corte en el párrafo 84 del dictamen interpretativo, la interpretación se refirió al “Régimen de transición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social”. El Régimen de transición no está previsto en la parte orgánica de la Constitución, sino en el anexo a la pregunta 3 del referéndum. La Corte de lujo, entonces, actuó por fuera de sus competencias.

 

Para que la Corte Constitucional revise la constitucionalidad del anexo a la pregunta 3 era necesario que la Corte emita el dictamen previo de constitucionalidad del referéndum. Esto nunca sucedió porque Moreno decidió saltarse el control constitucional y acudir directamente al CNE alegando que existió un “dictamen ficto”. La Corte de lujo aceptó eso y archivó su propia competencia para emitir su dictamen. Ahora la Corte de lujo pretende interpretar el anexo a la pregunta 3 por fuera de su competencia.

 

Finalmente, en el párrafo 84 del dictamen interpretativo, la Corte de lujo está definiendo qué competencias tiene el CPCCS-t y qué competencias tiene el Consejo definitivo. Las palabras “competencias” o “potestad” aparecen en cada uno de los literales del párrafo 84. Lamentablemente para la Corte de lujo, el Artículo 161(3) de la LOGJCC dispone que “La Corte Constitucional no podrá, a través de un dictamen de interpretación, ejercer ninguna de las facultades para las cuales la Constitución y esta ley contemplan un procedimiento determinado, en especial: […] Resolver conflictos de competencia”. Los conflictos de competencia se resuelven por otra vía, mas no por acción de interpretación. Una vez más. la Corte de lujo actuó por fuera de sus competencias.

 

En conclusión, la Corte de lujo (al igual que el CPCCS-t) irrespetó procedimientos legales y constitucionales. El ánimo es blindar a Trujillo ya sus colegas. Temeroso de que sus decisiones vayan a ser revisadas por el Consejo definitivo electo por el pueblo en las urnas, Trujillo buscó auxilio en la Corte de lujo que él mismo nombró. La Corte de lujo, como era de esperarse, quiere proteger a Trujillo y se quiere proteger a sí misma. Para ello estuvo dispuesta a aceptar una acción de interpretación presentada sin el aval del Comité de Coordinación de la Función de Transparencia. A la Corte de lujo no le importó que la LOGJCC no le da competencia para interpretar, a través de una acción de interpretación, normas por fuera de la parte orgánica de la Constitución ni para resolver conflictos de competencia.

 

¿Qué hacer entonces frente a un dictamen de una Corte falta de imparcialidad y falta de competencia? La respuesta la tenemos en la Constitución. Conforme al Artículo 424 “La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica.” Los dictámenes de la Corte de lujo son actos que pertenecen a un poder público, por ende, si no respetan la Constitución carecen de eficacia jurídica. Además, todos los actos de la función pública pueden ser revisados. Los actos del CPCCS-t son actos administrativos y por ende pueden cuestionarse y deshacerse conforme a los procedimientos legales preestablecidos. Sostener que los actos del CPCCS-t son inmutables, incuestionables, inapelables y perpetuos sería regresar al medioevo y “endiosar” a Trujillo.

 

Fuente de la fotografía.



Etiquetas:   Ecuador   ·   Corte Constitucional

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1 comentario  Deja tu comentario


, Esa es la verdad Y pero que podemos hacer hoy si todo está amañado y protegido por los mismos transgresores de la ley.
Ya es hora que verdaderos jurisconsultos y colegio de abogados del país pongan en práctica su juramento profesional que alguna vez lo hicieron y con limpieza de corazón defiendan tan noble profesión, se pongan de acuerdo nacional y eliminen la escoria para beneficio de nuestros hijos, la Patria y ellos mismos como guardianes de lo jurídico en su conciencia.




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