. La descentralización representa un mecanismo para
revalorizar las relaciones entre el Estado y la sociedad civil. La
descentralización requiere de un proceso de reestructuración interno del Estado
(y de la administración pública en sus distintos niveles
político-territoriales); así como también del fortalecimiento de las
organizaciones no gubernamentales y de las comunidades organizadas para aceptar
las nuevas responsabilidades que ese proceso trae consigo.
Por otra parte,
una gestión local descentralizada -si bien ofrece innegables ventajas por la
cercanía y empoderamiento ciudadano, alrededor de las decisiones de unas
autoridades públicas elegidas de manera directa, universal y secreta; mediante
el sufragio-, también se encuentra en la obligación de seguir los lineamientos
nacionales de política y de desarrollo. La descentralización no supone la
ruptura político-territorial ni la desintegración de un país por su carácter
federal. Lo que sí conlleva es al necesario desarrollo de mecanismos de
coordinación entre las distintas autoridades públicas para lograr un
mejoramiento en las ejecutorias gubernamentales que a cada uno le corresponda
realizar en un mismo o diferente sector de actividad pública.
Y es que, la
descentralización de la gestión pública no se contrapone con la
desconcentración administrativa que suelen implementar los gobiernos centrales.
Por supuesto que, la delegación de atribuciones y competencias del gobierno
central en sus agentes estadales –o nivel desconcentrado-, es un paso
importante para promover una gestión relativamente cercana a las realidades
regionales y locales; sin embargo, la desconcentración administrativa es
insuficiente para alcanzar la descentralización y la democratización de la
actividad gubernamental.
En el contexto
descrito, una gestión local descentralizada tendría obligatoriamente que fijarse
como propósito; por lo menos, lo siguiente: el aumento de la eficacia y de la
eficiencia en la realización de los programas y proyectos locales; tanto de
carácter urbano como rural, el impulso de una mayor participación de la
población en el diseño, ejecución, evaluación y control de las políticas
públicas y, lograr una adecuada articulación con la representación
gubernamental del nivel central.
De igual manera,
los procesos de descentralización y transferencia requieren de un apropiado
proceso de definición, convenimiento, planificación y ejecución. De allí, la
importancia de la presencia –o más bien existencia- de una instancia como el
Consejo Federal de Gobierno (CRBV, artículo 185) y de su componente financiero como
es el Fondo de Compensación Interterritorial. El tema económico-financiero
resulta crucial para el desarrollo de los procesos de descentralización y
transferencia, en atención a las dificultades que representaría la existencia
espacios federales muy pequeños y con escaso acceso a los mecanismos de
financiamiento establecidos en la Constitución Bolivariana y el marco legal
vigente.
El
fortalecimiento de las agencias oficiales de gobierno estadal y local
constituye un evento fundamental para relanzamiento democrático del sistema
político venezolano en un doble sentido: para impulsar y contribuir a la
consolidación del modelo federal, descentralizado y cooperativo que determina
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y, para lograr
impulsar una gestión eficaz, eficiente, transparente y responsable de las
políticas públicas en cada región del país en correspondencia con sus aspiraciones,
necesidades y propuestas.@migonzalezm