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El Gobierno que se denunció a sí mismo
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02/04/2019
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El 1 de abril de 2019, la Secretaría de General de Comunicación de la Presidencia de la República del Ecuador (SECOM) emitió un comunicado, mediante el cual informó que el Gobierno del Ecuador presentó denuncia formal ante el Relator Especial sobre el Derecho a la Privacidad del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Joseph Cannataci, respecto a la supuesta filtración de correspondencia e información privada del Presidente de la República, Lenín Moreno, y de su familia.
En la denuncia se informó al Relator Especial que los supuestos responsables serían “personeros y operadores” de portales de internet y organizaciones como WikiLeaks. El Canciller de la República remitió una nota oficial refiriendo que la supuesta filtración y el supuesto uso de información privada del presidente Lenín Moreno y su familia, constituirían violaciones al Artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y al Artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como delitos tipificados en la legislación ecuatoriana.
Finalmente, el Gobierno del Ecuador solicitó al Relator Especial que dispusiera “urgentes medidas para proteger el derecho a la privacidad del presidente Lenín Moreno y su familia”.
Nótese que la denuncia no fue presentada por Lenín Moreno en su calidad individual, ni tampoco por alguna de sus familiares. La denuncia fue presentada por el Gobierno ecuatoriano.
Conforme al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, los individuos tienen como mínimo los derechos y las libertades reconocidas en los instrumentos internacionales pertinentes. Los derechos individuales traen consigo obligaciones internacionales que los Estados deben satisfacer. Las obligaciones estatales se clasifican en obligaciones negativas y positivas. Las obligaciones negativas suponen que el Estado, a través de sus agentes y órganos públicos, deben abstenerse de violentar los derechos. Las obligaciones positivas significan que el Estado tiene el deber de realizar algún tipo de acción, ya sea previniendo las violaciones a los derechos humanos, ya sea investigando las violaciones cometidas, o creando las condiciones mínimas para el pleno ejercicio de un derecho. En suma, las obligaciones internacionales recaen sobre el Estado, no sobre los particulares.
La denuncia presentada por el Gobierno ecuatoriano no es otra cosa que una denuncia del Estado contra sí mismo. A quien le corresponde velar por el derecho a la intimidad de cualquier ciudadano es al Estado. Y en caso de que el Relator concediese las “urgentes medidas” que Moreno solicitó (lo cual es imposible), las obligaciones derivadas de esas medidas estuvieran dirigidas al propio Estado.
En suma, de tramitarse la denuncia presentada por el Canciller José Valencia (lo cual dudo), quien tendrá que responder será el propio Canciller José Valencia o el Procurador General del Estado, Íñigo Salvador. Ni WikiLeaks ni ninguna otra organización o persona individual o jurídica puede ser llamada a responder frente a los relatores de la ONU. El Canciller se denunció a sí mismo.
Pero más allá de este absurdo, lo relevante es observar dos temas particulares de trascendencia nacional e internacional. Primero, todo el aparataje del Ejecutivo se está moviendo para proteger a Lenín Moreno. No estoy hablando de la vida de lujo que las hijas del Presidente aparentemente tienen, ni tampoco de los caprichos y gustos caros de la Excelentísima Primera Dama, Doña Rocío González Navas, ni del gusto por la langosta que el Primer Mandatario profesa. Estoy hablando de supuestos actos de corrupción que involucrarían el uso de paraísos fiscales y de los feroces trinos que los Ministros de Estado lanzan frecuentemente en contra todos quienes han denunciado los supuestos actos de corrupción, así como de las maniobras políticas que los asambleístas de gobierno y sus aliados realizan en el Parlamento. Todo ello ahora está acompañado de descabelladas denuncias ante la ONU.
Segundo, nuevamente el Gobierno apunta a WikiLeaks, mencionándola expresamente, aún cuando no tiene prueba en su contra. Nótese como el comunicado de la SECOM habla de que entre los “posibles” autores “estaría” WikiLeaks. No hay certeza. Todo es condicional. Si hubiese pruebas en contra de WikiLeaks, ¿por qué no las presenta ante un tribunal de justicia en lugar de acusar públicamente a dicha organización? WikiLeaks tranquilamente pudiese acusar al Gobierno de difamación. Y tendría toda la razón en hacerlo. El ataque de Moreno a WikiLeaks no es gratuito. Moreno quiere a toda costa expulsar a Julian Assange de la Embajada en Londres.
“Aires de democracia”, nos decían. “Cirugía mayor a la corrupción”, proclamaban. “Excesos y lujos de anterior Gobierno”, gritaban a los cuatro vientos. El dedo apunta hacia usted Sr. Moreno. No le eche la culpa a su predecesor. No le eche la culpa a WikiLeaks ni a Assange. Usted hablaba de independencia judicial, pues deje que la Fiscalía investigue el caso. ¡Oh! Me olvidaba. Diana Salazar fue nombrada como Fiscal General. Mejor que venga no más a la ONU.
Fuente de la fotografía.
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