El 1 de abril de 2019, la Secretaría de General de
Comunicación de la Presidencia de la República del Ecuador (SECOM) emitió un comunicado,
mediante el cual informó que el Gobierno del Ecuador presentó denuncia formal ante el Relator Especial sobre el Derecho a la Privacidad
del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Joseph Cannataci,
respecto a la supuesta filtración de correspondencia e información privada del
Presidente de la República, Lenín Moreno, y de su familia.
En la
denuncia se informó al Relator Especial que los supuestos responsables serían “personeros
y operadores” de portales de internet y organizaciones como WikiLeaks. El Canciller
de la República remitió una nota oficial refiriendo que la supuesta filtración
y el supuesto uso de información privada del presidente Lenín Moreno y su
familia, constituirían violaciones al Artículo 12 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos y al Artículo 17 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como delitos tipificados
en la legislación ecuatoriana.
Finalmente, el Gobierno del Ecuador solicitó al
Relator Especial que dispusiera “urgentes medidas para proteger el derecho a la
privacidad del presidente Lenín Moreno y su familia”.
Nótese que la denuncia
no fue presentada por Lenín Moreno en su calidad individual, ni tampoco por
alguna de sus familiares. La denuncia fue presentada por el Gobierno
ecuatoriano.
Conforme al Derecho Internacional de los Derechos
Humanos, los individuos tienen como mínimo los derechos y las libertades
reconocidas en los instrumentos internacionales pertinentes. Los derechos
individuales traen consigo obligaciones internacionales que los Estados deben
satisfacer. Las obligaciones estatales se clasifican en obligaciones negativas
y positivas. Las obligaciones negativas suponen que el Estado, a través de sus
agentes y órganos públicos, deben abstenerse de violentar los derechos. Las
obligaciones positivas significan que el Estado tiene el deber de realizar
algún tipo de acción, ya sea previniendo las violaciones a los derechos
humanos, ya sea investigando las violaciones cometidas, o creando las
condiciones mínimas para el pleno ejercicio de un derecho. En suma, las
obligaciones internacionales recaen sobre el Estado, no sobre los particulares.
La denuncia presentada por el Gobierno ecuatoriano no
es otra cosa que una denuncia del Estado contra sí mismo. A quien le corresponde
velar por el derecho a la intimidad de cualquier ciudadano es al Estado. Y en
caso de que el Relator concediese las “urgentes medidas” que Moreno solicitó
(lo cual es imposible), las obligaciones derivadas de esas medidas estuvieran
dirigidas al propio Estado.
En suma, de tramitarse la denuncia presentada por el Canciller
José Valencia (lo cual dudo), quien tendrá que responder será el propio Canciller
José Valencia o el Procurador General del Estado, Íñigo Salvador. Ni WikiLeaks
ni ninguna otra organización o persona individual o jurídica puede ser llamada
a responder frente a los relatores de la ONU. El Canciller se denunció a sí
mismo.
Pero más allá de este absurdo, lo relevante es
observar dos temas particulares de trascendencia nacional e internacional.
Primero, todo el aparataje del Ejecutivo se está moviendo para proteger a Lenín
Moreno. No estoy hablando de la vida de lujo que las hijas del Presidente
aparentemente tienen, ni tampoco de los caprichos y gustos caros de la
Excelentísima Primera Dama, Doña Rocío González Navas, ni del gusto por la
langosta que el Primer Mandatario profesa. Estoy hablando de supuestos actos de
corrupción que involucrarían el uso de paraísos fiscales y de los feroces
trinos que los Ministros de Estado lanzan frecuentemente en contra todos
quienes han denunciado los supuestos actos de corrupción, así como de las
maniobras políticas que los asambleístas de gobierno y sus aliados realizan en
el Parlamento. Todo ello ahora está acompañado de descabelladas denuncias ante
la ONU.
Segundo, nuevamente el Gobierno apunta a WikiLeaks,
mencionándola expresamente, aún cuando no tiene prueba en su contra. Nótese
como el comunicado de la SECOM habla de que entre los “posibles” autores “estaría”
WikiLeaks. No hay certeza. Todo es condicional. Si hubiese pruebas en contra de
WikiLeaks, ¿por qué no las presenta ante un tribunal de justicia en lugar de
acusar públicamente a dicha organización? WikiLeaks tranquilamente pudiese
acusar al Gobierno de difamación. Y tendría toda la razón en hacerlo. El ataque
de Moreno a WikiLeaks no es gratuito. Moreno quiere a toda costa expulsar a
Julian Assange de la Embajada en Londres.
“Aires de democracia”, nos decían. “Cirugía mayor a la
corrupción”, proclamaban. “Excesos y lujos de anterior Gobierno”, gritaban a
los cuatro vientos. El dedo apunta hacia usted Sr. Moreno. No le eche la culpa
a su predecesor. No le eche la culpa a WikiLeaks ni a Assange. Usted hablaba de
independencia judicial, pues deje que la Fiscalía investigue el caso. ¡Oh! Me
olvidaba. Diana Salazar fue nombrada como Fiscal General. Mejor que venga no
más a la ONU.