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Las Comunidades Autónomas, un freno a la unidad de mercado


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20/02/2019


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Quienes mejor me conocen saben de mi postura en favor de una libre economía de mercado. Un modelo económico que está contemplado en nuestra Constitución, pero al que se le aplican una serie de condiciones sociales en las que esta liberalización debe encajar, con el objeto de no caer en lo que podría ser un liberalismo salvaje.

No obstante, el modelo territorial que nos hemos dado a través de lo que se ha venido a denominar el Estado de las Autonomías ha distorsionado, en una buena parte, la aplicación en condiciones normales de este modelo económico, que pasa por crear una unidad de mercado que posibilite una libre competitividad y, en consecuencia, genere una economía social que nos beneficie a todos.

España es uno de los países de Europa donde más se legisla.  Los Parlamentos autonómicos y nacional redactaron, tan sólo en el año 2016, un total de 961.291 páginas de nuevas leyes, normas y reglamentos, de las que 723.915 pertenecían a las Comunidades Autónomas. La fragmentación que existe en el mercado español dificulta de forma considerable la actividad de las empresas y les genera un alto coste en detrimento de su competitividad.

Según James Roberts, investigador de la Fundación Heritage“La sobrerregulación está asfixiando a las empresas en España”. Esta afirmación la hizo hace unos meses, en el transcurso de una conferencia, donde, además, manifestó su decepción por que “… las comunidades autónomas estén fraccionando la unidad de mercado”.

A continuación, voy a poner algunos ejemplos como muestra, y para ofrecer una mejor visibilidad al problema que estoy planteando.

Un reciente informe publicado por la Asociación Nacional de Editores de Libros de Texto destaca que una misma editorial tiene que hacer, para la misma asignatura, distintas ediciones, según sea la Comunidad Autónoma donde distribuirlos. La causa: además de las traducciones a las lenguas vernáculas (si procediese), la necesidad de “ajustar” los contenidos de los textos, de acuerdo con las instrucciones emanadas de las distintas Autonomías, quienes tienen competencias en la elaboración de la parte autonómica de los currículos. Esta operación encarece las ediciones y repercute su coste en el consumidor final.

En el sector industrial nos encontramos con la obligación a la que se enfrentan muchos fabricantes, a la hora de etiquetar los productos que tienen que vender y en los que tienen que hacer determinados cambios, según sea la normativa reguladora de cada Comunidad Autónoma. Lo que les obliga a parar las líneas de producción y hacer los pertinentes cambios. Un proceso que afecta a la economía de tiraje y aumenta el costo de su elaboración y envasado.

Existen un buen número de profesionales liberales, de distintos sectores, que no pueden ejercer de igual forma en todas las CCAA. La hiperregulación existente en España, donde en cada uno de los territorios autonómicos se regula por separado, produce situaciones en las que muchos de estos técnicos tienen que cumplir con diversas legislaciones y normas, según sea la región de España donde tengan que ejercer sus trabajos. Lo que les impide el libre ejercicio de su actividad.

Y qué decir de aquellas empresas o grupos financieros que, a la hora de invertir, se encuentran con distintas reglamentaciones (como, por ejemplo, en el sector de la hostelería y los servicios), donde podemos contabilizar hasta 15 leyes distintas, regulando el sector turístico, según se trate de una Comunidad u otra.

Como ya he referenciado, el origen de este problema se encuentra, en gran medida, en el obsesivo afán regulatorio de las administraciones autonómicas. La intromisión normativa de los gobiernos autonómicos tiene un alcance que supera con creces cualquier límite razonable. Esta situación, sin duda, ha estado afectando a la competitividad de ciertos sectores de nuestra economía y, es por esto, por lo que el Gobierno de España apostó, en el año 2013 por promulgar una Ley, que denominó de “Garantía de la unidad de Mercado”.

Esta Ley nació con la pretensión de ayudar en la instauración de una libre circulación de bienes y servicios en el ejercicio de la actividad económica, y su objetivo pasaba por eliminar barreras administrativas y trabas burocráticas. Conocida como la ley de la 'licencia única' (bastaba una única autorización, y no 17, para operar en todo el país), pretendía eliminar los obstáculos que impedían la libertad de mercado en todo el territorio español. Sobre todo, al haberse detectado la existencia de más de 130 normas que frenaban o distorsionaban el crecimiento empresarial, en mayor medida, en los sectores del transporte, los servicios, la sanidad y el consumo.

Sin embargo, poco duró la alegría en la casa del pobre. El Tribunal Constitucional, en 2017, tumbó algunos preceptos de esta Ley, al entender que “colisionaban” con la legislación de determinadas autonomías, donde algunas de estas competencias estaban transferidas. Una vez más, la proliferación de los Reinos de Taifas, nos pasaba factura y nos devolvía a la cruda realidad, poniendo en duda algunas de las bondades del Estado Autonómico, en relación con determinadas competencias administrativas transferidas.

España es una nación no lo suficientemente grande, como para trocearla en diecisiete mercados diferentes. Donde la competitividad se puede ver limitada por el uso de una determinada lengua. Donde las reglas medioambientales, urbanísticas, o sanitarias frenan el desarrollo y expansión empresarial. Y donde las distintas regulaciones de los colegios profesionales impiden el libre ejercicio de algunos profesionales liberales, encorsetados en sus respectivas normativas autonómicas.

Por eso, James Roberts decía que las Comunidades Autónomas suponen un freno a la unidad de mercado. Y esto, como algunos pretenden, no se soluciona con más autonomía.

Jesús Norberto Galindo // Jesusn.galindo@hotmail.com



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