Crisis fronteriza
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03/02/2019
Ante los recientes anuncios sobre el papel que jugará México como receptor de los migrantes, principalmente centroamericanos, que han iniciado su largo y angustioso proceso de asilo político en los Estados Unidos, cabe decir que dicho papel no alcanza a justificarse con un discurso de derechos humanos que pretende asistir humanitariamente a los miles de migrantes que buscan refugio en este país vecino del norte. Con lo anterior no se quiere decir que México no deba de tener apertura para recibir a estos migrantes, no se trata de apertura o no, sino de infraestructura. Es bien recibida la buena voluntad de México al aceptar que los iniciados en el proceso de asilo esperen en territorio nacional hasta la resolución de su caso, lo que no se alcanza a entender es dónde serán ubicados estos migrantes, dónde están esos espacios disponibles y dignos para dicha recepción.
Lo que se ve es, efectivamente, que México se está posicionando, por la vía de los hechos, en lo que han llamado el Tercer país seguro. Por otro lado, es necesario decir y recordar que los casos de asilo político que pelean los migrantes que llegan a la frontera sur de los Estados Unidos son mayoritariamente perdidos. Se habla de que sólo un 5% logran ganar su proceso. Lo que se traduce, para este efecto, en la deportación de la mayoría de migrantes que pierden dicho proceso. Ahora bien, si los migrantes pierden su caso estando en territorio mexicano, lo que se sigue es su deportación y parece que México será quien los deporte. La segunda posibilidad es que se les den tarjetas humanitarias o visas de trabajo, como ha mencionado el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Sea cual sea la resolución de estos casos, el tema que se señala es la poca o nula infraestructura que el Instituto Nacional de Migración (INM) tiene para poder dar un trato digno a las personas migrantes, pues no lo ha hecho con los que llegan y están en lista de espera para entregarse con los oficiales de migración en los Estados Unidos y no lo va hacer con los que regresen a México a esperar mientras se resuelve su caso. Particularmente, en la ciudad de Nogales, Sonora, ciudad fronteriza donde llegan entre 5 y 10 familias por día a pedir asilo político, la infraestructura del INM es escasa o nula. Quienes más presencia tienen son los Grupos Beta, que se han limitado a dar información y trasladar a las personas de los albergues al Centro de Atención a Migrantes Deportados (CAMDEP) de la Iniciativa Kino para la Frontera, donde reciben servicios humanitarios, de orientación y asesoría.
En esta ciudad fronteriza, controlada por el crimen organizado, existen muy pocos espacios de albergue donde las personas migrantes puedan estar mientras les toca su turno para pedir asilo. Y albergues como San Juan Bosco, La Roca y HEPAC (quienes actualmente albergan a los migrantes deportados, en tránsito y a los que piden asilo), no tienen la capacidad para alojar a quienes tuvieran que esperar en México la resolución de su proceso, además, no se cree posible que migración mexicana pueda hacerse responsable de estos migrantes, como no lo ha hecho de los migrantes que todos los días llegan a esta frontera. De manera que, quienes que tendrán que cargar con esta responsabilidad, por la irresponsabilidad de estos dos países (México y Estados Unidos), serán, como siempre han sido, las organizaciones de la sociedad civil.
Ante este panorama, parece que continuará la crisis fronteriza que se vive desde hace ya mucho tiempo y que ningún gobierno ha querido atender.
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