Cuando se le pregunta al asesor
de seguridad nacional de los EE.UU. John Bolton sobre la posibilidad de una
acción militar en Venezuela responde con la proverbial y cínica expresión “todas
las opciones están sobre la mesa”.
El 23 de enero de 2019 se
juramentó Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela con el apoyo mayoritario
de la OEA y apenas una semana después, el 28 de Enero, los Estados Unidos de
Norteamérica anunciaron un bloqueo comercial a la petrolera venezolana PDVSA
incrementando la presión económica sobre el régimen de Nicolás Maduro con el
propósito de removerlo del ejecutivo -según comunicados oficiales- en la
búsqueda de estabilizar la nación y resolver la catástrofe humanitaria que ha
desbordado al continente americano en los últimos años.
Las sanciones de los EE.UU. a
Venezuela prohíben la venta de crudo y productos refinados de PDVSA y sus
empresas subsidiarias en la nación norteamericana excepto cuando la operación
comercial sea pagada en una cuenta bloqueada inaccesible al régimen de Maduro con
el propósito de evitar el saqueo de los activos del pueblo Venezolano. Los
fondos captados serían regresados a Venezuela una vez se produzca el cambio
oficial de mandatario en la república Bolivariana. Las sanciones aplicadas recaen
sobre 3.5 millones de barriles de petróleo, llegan a los 18 billones de dólares
(7 billones en activos y 11 billones en exportaciones) y ataca frontalmente el
70% de los ingresos del país vecino que acentuará la pobreza multidimensional porque
se sabe muy bien que los más afectados serán la población civil.
Aunque las medidas económicas
están encaminadas a reducir el músculo económico con el que Maduro logra
sostenerse en el poder, los Estados Unidos han sido históricos co-financiadores
del mismo porque son los principales compradores del crudo Venezolano y porque aun
cuando la sanción económica fue aprobada el día de ayer, las multinacionales
estadounidenses tienen hasta Marzo 29 de 2019 para cancelar las operaciones con
PDVSA sin contar con la extensión preferencial que tienen Chevron Corporation,
Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes y Weatherford para terminar operaciones
hasta Julio 27 de 2019 según el Miami Herald. De cierta forma esto quiere decir
que por encima del interés benefactor de restablecer el gobierno venezolano
está la intención de obtener un provecho económico para los Estados Unidos o al
menos así lo han sido estos años en los que el primer socio comercial
importador de petróleo bolivariano ha sido la nación norteamericana.
Cuando se le pregunta al asesor de
seguridad nacional de los EE.UU. John Bolton sobre la posibilidad de una acción
militar en Venezuela responde con la proverbial y cínica expresión “todas las
opciones están sobre la mesa” mientras sostiene deliberadamente en su brazo
derecho el cuaderno de apuntes con apenas dos apuntes: el primero anunciando la
bienvenida a las conversaciones con Afganistán y el segundo indicando la opción
de movilizar 5000 tropas a Colombia. Si bien el cuaderno con la nota sobre
Colombia no significa una inminente confrontación bélica, si permite dilucidar las
medidas persuasivas de los Estados Unidos cuyo rasgo característico a lo largo
de la historia se limita a proporcionar, soldados, armas y recursos para
enfrentamientos militares que nunca ocurren en su propio territorio, que
generalmente devienen en un derramamiento de sangre y destrucción completa de
los países en conflicto y del cual el beneficiario mayor ha sido la nación norteamericana
por la posesión de los recursos naturales extranjeros y los préstamos bancarios
para reconstrucción de las mismas ciudades destruidas.
El gobierno de Iván Duque, que
parece haber sido elegido para gobernar en Venezuela y no en Colombia se
encuentra ad portas de convertirse en un títere (tremenda coincidencia) por
enésima vez de la potencia norteamericana y llevar, a toda la nación colombiana,
al borde de una guerra que no le pertenece y de la cual no obtendrá ningún beneficio.
Su partido político de unidad nacional que sigue aferrado a la vieja
confrontación ideológica del siglo XX le impide reconocer que el mundo ha
cambiado y que la autoridad ejercida por la fuerza no es más que un espejismo. Me
pregunto si los electores de Iván Duque han pensado en la catástrofe que se
avecina y, si en alguna parte de su conciencia, entienden que las consecuencias
del conflicto interno, la corrupción generalizada y la desigualdad social contadas
en vidas sacrificadas de líderes sociales, campesinos, policías y oficiales del
ejército se acumulan en su haber para dar cuentas en el final metafísico de los
tiempos.
Por el momento, ya sabemos que, cuando EE.UU. quiera intervenir en
Venezuela, Colombia no será nada más que un plato de esos que están sobre la
mesa de los halcones norteamericanos.