Los
mercados funcionan mediante la interacción de la oferta y la demanda de los
bienes y servicios. Esta interacción es por mucho el mecanismo utilizado para
asignar estos bienes y servicios entre lo que los economistas llaman “agentes
económicos”, que no son otra cosa más que los hogares, empresas y gobiernos.
La
teoría microeconómica establece que, si operan bajo condiciones de competencia,
la asignación resultante es eficiente si no es que óptima. ¿Qué significa
competencia? Básicamente, que existe suficiente oferta y demanda que resulte
prácticamente imposible que una sola persona o empresa puede influir en el
precio o en la cantidad ofrecida o demandada.
El
primer problema que aparece es que casi no existen mercados que operan bajo
competencia “perfecta”; es decir, en realidad, la asignación de recursos y la
interacción entre oferentes y demandantes no es tan eficiente como dice la
teoría.
Cuando
nos vamos a los extremos de mercados oligopólicos (pocos actores), la
asignación resultante puede incluso llegar a extremos de abuso. El segundo
problema es que en muchos casos existe lo que se le llama economías “externas”,
es decir, que la operación de un mercado crea problemas o costos que no se
reflejan propiamente en el mercado. Un tercer problema es que en la mayoría de
los casos no fluye de forma eficiente la información misma del mercado, por lo
que diferentes “agentes” tiene diferentes grados de información. A esta lista
incipiente, podemos agregar muchos más que hacen que numerosos mercados no
operan propiamente, creando problemas no solo de asignación, sino incluso
sociales y hasta morales.
Es aquí
donde entra el gobierno, que en principio busca complementar, corregir, regular
y a veces hasta sustituir los mercados para mejorar la asignación de bienes y
servicios dentro de la sociedad. Existen algunos casos muy obvios que muy pocos
van a discutir, como por ejemplo, proveer ciertos bienes públicos: alumbrado,
drenaje, agua potable, electricidad, seguridad pública y ayudar a resolver
disputas. Creo que la mayoría estará de acuerdo en que el gobierno implemente
ciertos programas sociales dirigidos a las clases menos favorecidas.
Sin
embargo, también hay casos extremos en que el gobierno se pone a competir con
el sector privado o incluso, lo desplaza sin mucho sentido, a tal grado que
desperdicia recursos escasos o incurre en riesgos innecesarios.
¿Cuál
debería ser el balance? Este es el gran dilema entre economistas políticos y
política económica, no de hoy, sino de todos los tiempos.
Temo
decirles que no existe una respuesta única. Los de la extrema derecha opinan
que la intervención gubernamental debería apegarse a lo mínimo necesario, ya
que casi todas sus acciones los hacen con menos eficiencia de lo que podría
resolverse mediante el libre mercado. Los de la extrema izquierda piensan que
el gobierno debería prácticamente sustituir en todo a la iniciativa privada, ya
que los mercados crean situaciones de desigualdad, acumulación de riqueza
extrema y marginan a los pobres. Pero esos son los extremos. La mayoría de la
población busca un balance, ciertamente más cargada hacia un lado o el otro,
pero no en los extremos. Lo que es curioso es que la derecha piensa que no hay
que dejar mucho en manos del gobierno porque motiva la corrupción, mientras que
la izquierda ve a los mercados como fuente natural de corrupción. Tal parece
que la corrupción no tiene partido o ideología como nos la pintan cada uno de
ellos desde su trinchera.
Los que
están más cargados a la derecha deberían reconocer más las fallas del mercado y
ser más empáticos con los marginados. Los que están más hacia la izquierda
deberían entender mejor cómo funcionan los mercados, en especial la llamada
“ley de la oferta y la demanda”, pero no necesariamente para utilizar más los
mecanismos de mercado, sino para entender cómo corregir sus deficiencias sin
crear más distorsiones o problemas de los que quieren resolver. Esta “ley de
los mercados” es como la de gravedad; no se puede legislar en contra de ella,
más bien entender cómo funciona para lidiar mejor con sus características. De igual
forma, debemos entender cómo funciona la interacción entre la oferta y la
demanda antes de querer legislar en su contra. Por ejemplo, si el gobierno
establece un control de precios es muy probable que va a crear escasez y un
mercado negro, perjudicando mucho más a los que quería ayudar.
Sí,
desde luego que es importante el papel del gobierno para ayudar a resolver
deficiencias y abusos; sin embargo, es fundamental anticipar las implicaciones,
ramificaciones y afectaciones, no solo al mercado inmediatamente implicado,
sino en todos los que pudieran verse involucrado de manera indirecta.
Los dos
asuntos relevantes que estamos observando (el aeropuerto de Texcoco y las
comisiones bancarias) son apenas “dos atisbos” del tipo de problemas que a
diario los gobiernos, los agentes del mercado y los ciudadanos enfrentamos en
la vida cotidiana.
¿Quién
tiene la razón? Difícil responder. Me queda claro que entre más información
exista disponible, abierta, transparente, más participación ciudadana podemos
promover y ejercer.