Aeropuerto, política y sus implicaciones…

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06/01/2019

Es inevitable tocar el tema de la decisión en torno al aeropuerto, tanto las económicas (costos de corto y mediano plazo, en la infraestructura y en la actividad económica) que vienen de los agoreros de la desgracia (los afectados, obviamente); como las políticas, es decir, las de estrategia y herramientas de gobierno.

Como la historia de cuando en cuando es cíclica, hay hechos inevitables que se repiten. Y ésta es una coyuntura que apunta en esa dirección. El vuelco hacia un Estado fuerte y centralista es lo que aparece en escena (con todos los riesgos que ello implica) y, por ello, me parece que debemos privilegiar el análisis de los aspectos políticos. Preguntas pertinentes (y no necesariamente “precisas”): ¿Por qué cancelar una obra necesaria con tiempos de maduración largos, cuya cancelación puede llegar a costar mucho más que completarla? ¿Por qué tentar una posible reacción adversa de los inversionistas nacionales y de los mercados internacionales en contra del nuevo gobierno, antes incluso de que comience? ¿Por qué desdeñar en esta decisión los elementos técnicos y hacer tan ostensible ese desprecio? Para rematar, ¿por qué emplear una consulta a modo para arropar y legitimar la decisión, en lugar de haber optado por un método menos burdo y cuestionable?

Insisto, todas estas preguntas son válidas, pero el “ejercicio del poder” implica poner en orden ciertos aspectos que son necesarios para “transitar” hacia un cambio de régimen como el que está planteando López Obrador. Hay nuevas reglas de juego y eso es lo que se está discutiendo. Dicho esto, es necesario reconocer que quienes pusieron este escenario no fueron MORENA, ni AMLO, ni Trump… Este escenario de quiebre fue producto del sistema político y la partidocracia que controla todas las decisiones de gobierno. De la indolencia y complicidad del PAN y del regreso de la corrupción del PRI. Así no hay manera, dice el dicho. Necesitamos que la “buena política” aparezca.

En el contexto económico, todo apunta hacia un comienzo sumamente difícil para el nuevo sexenio. Las políticas fiscal y monetaria serán restrictivas, tardará en arrancar la inversión pública y se irán funcionarios experimentados que no serán reemplazados, mientras que los que se quedan ganarán menos. El sector privado estará observando, invirtiendo a cuenta gotas ante cambios agresivos y poco alentadores en las reglas del juego. Si de por sí casi siempre hay menos crecimiento en el primer año de gobierno, ahora apunta a una desaceleración todavía mayor.

El nuevo gobierno ha reiterado su intención de tener un presupuesto balanceado, con superávit primario y con una profunda revisión del gasto. Además de sus proyectos insignia de “Jóvenes Construyendo el Futuro” y de “Pensión Universal para Adultos Mayores”, el gobierno habla de una reasignación masiva de secretarías e inversiones como el Tren Maya y la refinería en Tabasco. El presupuesto no solo contempla estos programas, sino además tendrá que lidiar con un gasto para pensiones cada vez más grande y un costo para el servicio de la deuda creciente. Aunque habrá recortes en muchas áreas como en los salarios y prestaciones de funcionarios, queda claro que no habrá mucho margen de maniobra.

Ahora bien, el nuevo gobierno no se está ayudando. Busca complicar un escenario ya de por sí bastante complicado. Uno de los problemas mayores que enfrentará serán los ingresos públicos limitados. Pero una buena parte de sus propuestas van a limitar todavía más los ingresos. Ante una plataforma petrolera disminuida, ha dicho que dejará de exportar petróleo para refinar en casa, lo cual va a disminuir los derechos por la exportación y hará que sube el costo de producir gasolina. Ha dicho que bajará el IEPS a la gasolina, lo cual implica menos ingresos por impuestos indirectos y pudiera causar el regreso de subsidios. Va a reducir drásticamente el IVA y el ISR en la zona fronteriza, lo cual significa menos ingresos tributarios. Ante estas propuestas, va a tener que limitar todavía más el gasto.

Lo confuso de muchas de estas propuestas no es tan solo el hecho de que provocarán una disminución en los ingresos públicos, sino que son medidas dirigidas a apoyar a los que tienen más ingresos. Si baja el precio de la gasolina, estará apoyando a los que tienen automóviles, en perjuicio de los que no les alcanza dicho lujo. Va a disminuir los impuestos en la zona fronteriza del país, que es una de las regiones más prosperas y menos pobre. Si va a reducir el IVA y el IRS, ¿por qué no hacerlo en las zonas marginadas del país, especialmente en el sur?

La cancelación del NAICM no solamente implica tirar a la basura una cantidad enorme de recursos ya invertidos y crear costos adicionales en la recisión de contratos, sino además significa eliminar un flujo futuro de ingresos muy significativo al ya no contar con un aeropuerto que hubiera sido un “hub” muy atractivo.

Todo lo anterior implica una política fiscal muy austera, pero no solo de un menor gasto, sino también de un impacto negativo sobre la actividad económica, especialmente en el primer año de gobierno. Recordemos que después de tres años de crecimiento promedio anual por encima de 4.0% (de 2010 a 2012), en el primer año de este sexenio crecimos tan solo 1.3%. La desaceleración tan marcada fue provocada por un esfuerzo de consolidación fiscal (menos ambiciosa que la actual), junto con un subejercicio del gasto ante la inexperiencia del nuevo gobierno para ejercer los recursos a su disposición. Para 2019, promete ser todavía más difícil echar andar la máquina del gasto con menos funcionarios y menor experiencia.

Mientras tanto, la Reserva Federal continuará subiendo su tasa monetaria. Si todo va como planeado, es probable ver aumentos de por lo menos 100 puntos base adicionales. Sin embargo, si se presentan presiones inflacionarias en Estados Unidos, será posible ver incrementos mayores. Eso pondrá una restricción adicional a la política monetaria de nuestro país, ya que será sumamente difícil disminuir tasas aquí si allá siguen subiendo.

Desde el punto de vista político, el nuevo proceso “democrático” es preocupante por sus implicaciones a mediano plazo: el balance de poder en el equipo entrante y el daño a su credibilidad; el uso (o mal uso) de las “consultas” como proceso de “legitimación” de las decisiones de gobierno; y el aumento de la confrontación y la polarización en el futuro.

Desde mi perspectiva, el capítulo Texcoco aún no termina. Habrá más cosas que agregar. Esperamos que impere el diálogo y los acuerdos entre las partes. Si la parte económica es el problema, necesitamos que la “buena política” ahora sí logre sus cometidos.

@leon_alvarez

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