Es
inevitable tocar el tema de la decisión en torno al aeropuerto, tanto las
económicas (costos de corto y mediano plazo, en la infraestructura y en la
actividad económica) que vienen de los agoreros de la desgracia (los afectados,
obviamente); como las políticas, es decir, las de estrategia y herramientas de
gobierno.
Como
la historia de cuando en cuando es cíclica, hay hechos inevitables que se
repiten. Y ésta es una coyuntura que apunta en esa dirección. El vuelco hacia
un Estado fuerte y centralista es lo que aparece en escena (con todos los
riesgos que ello implica) y, por ello, me parece que debemos privilegiar el
análisis de los aspectos políticos. Preguntas pertinentes (y no necesariamente
“precisas”): ¿Por qué cancelar una obra necesaria con tiempos de maduración
largos, cuya cancelación puede llegar a costar mucho más que completarla? ¿Por
qué tentar una posible reacción adversa de los inversionistas nacionales y de los
mercados internacionales en contra del nuevo gobierno, antes incluso de que
comience? ¿Por qué desdeñar en esta decisión los elementos técnicos y hacer tan
ostensible ese desprecio? Para rematar, ¿por qué emplear una consulta a modo
para arropar y legitimar la decisión, en lugar de haber optado por un método
menos burdo y cuestionable?
Insisto,
todas estas preguntas son válidas, pero el “ejercicio del poder” implica poner
en orden ciertos aspectos que son necesarios para “transitar” hacia un cambio
de régimen como el que está planteando López Obrador. Hay nuevas reglas de
juego y eso es lo que se está discutiendo. Dicho esto, es necesario reconocer
que quienes pusieron este escenario no fueron MORENA, ni AMLO, ni Trump… Este
escenario de quiebre fue producto del sistema político y la partidocracia que
controla todas las decisiones de gobierno. De la indolencia y complicidad del
PAN y del regreso de la corrupción del PRI. Así no hay manera, dice el dicho.
Necesitamos que
la “buena política” aparezca.
En
el contexto económico, todo apunta hacia un comienzo sumamente difícil para el
nuevo sexenio. Las políticas fiscal y monetaria serán restrictivas, tardará en
arrancar la inversión pública y se irán funcionarios experimentados que no
serán reemplazados, mientras que los que se quedan ganarán menos. El sector
privado estará observando, invirtiendo a cuenta gotas ante cambios agresivos y
poco alentadores en las reglas del juego. Si de por sí casi siempre hay menos
crecimiento en el primer año de gobierno, ahora apunta a una desaceleración
todavía mayor.
El
nuevo gobierno ha reiterado su intención de tener un presupuesto balanceado,
con superávit primario y con una profunda revisión del gasto. Además de sus
proyectos insignia de “Jóvenes Construyendo el Futuro” y de “Pensión Universal
para Adultos Mayores”, el gobierno habla de una reasignación masiva de
secretarías e inversiones como el Tren Maya y la refinería en Tabasco. El
presupuesto no solo contempla estos programas, sino además tendrá que lidiar
con un gasto para pensiones cada vez más grande y un costo para el servicio de
la deuda creciente. Aunque habrá recortes en muchas áreas como en los salarios
y prestaciones de funcionarios, queda claro que no habrá mucho margen de
maniobra.
Ahora
bien, el nuevo gobierno no se está ayudando. Busca complicar un escenario ya de
por sí bastante complicado. Uno de los problemas mayores que enfrentará serán
los ingresos públicos limitados. Pero una buena parte de sus propuestas van a
limitar todavía más los ingresos. Ante una plataforma petrolera disminuida, ha
dicho que dejará de exportar petróleo para refinar en casa, lo cual va a
disminuir los derechos por la exportación y hará que sube el costo de producir
gasolina. Ha dicho que bajará el IEPS a la gasolina, lo cual implica menos
ingresos por impuestos indirectos y pudiera causar el regreso de subsidios. Va
a reducir drásticamente el IVA y el ISR en la zona fronteriza, lo cual
significa menos ingresos tributarios. Ante estas propuestas, va a tener que
limitar todavía más el gasto.
Lo
confuso de muchas de estas propuestas no es tan solo el hecho de que provocarán
una disminución en los ingresos públicos, sino que son medidas dirigidas a
apoyar a los que tienen más ingresos. Si baja el precio de la gasolina, estará
apoyando a los que tienen automóviles, en perjuicio de los que no les alcanza
dicho lujo. Va a disminuir los impuestos en la zona fronteriza del país, que es
una de las regiones más prosperas y menos pobre. Si va a reducir el IVA y el
IRS, ¿por qué no hacerlo en las zonas marginadas del país, especialmente en el
sur?
La
cancelación del NAICM no solamente implica tirar a la basura una cantidad
enorme de recursos ya invertidos y crear costos adicionales en la recisión de
contratos, sino además significa eliminar un flujo futuro de ingresos muy
significativo al ya no contar con un aeropuerto que hubiera sido un “hub” muy
atractivo.
Todo
lo anterior implica una política fiscal muy austera, pero no solo de un menor
gasto, sino también de un impacto negativo sobre la actividad económica,
especialmente en el primer año de gobierno. Recordemos que después de tres años
de crecimiento promedio anual por encima de 4.0% (de 2010 a 2012), en el primer
año de este sexenio crecimos tan solo 1.3%. La desaceleración tan marcada fue
provocada por un esfuerzo de consolidación fiscal (menos ambiciosa que la
actual), junto con un subejercicio del gasto ante la inexperiencia del nuevo
gobierno para ejercer los recursos a su disposición. Para 2019, promete ser
todavía más difícil echar andar la máquina del gasto con menos funcionarios y
menor experiencia.
Mientras
tanto, la Reserva Federal continuará subiendo su tasa monetaria. Si todo va
como planeado, es probable ver aumentos de por lo menos 100 puntos base
adicionales. Sin embargo, si se presentan presiones inflacionarias en Estados
Unidos, será posible ver incrementos mayores. Eso pondrá una restricción
adicional a la política monetaria de nuestro país, ya que será sumamente
difícil disminuir tasas aquí si allá siguen subiendo.
Desde
el punto de vista político, el nuevo proceso “democrático” es preocupante por
sus implicaciones a mediano plazo: el balance de poder en el equipo entrante y
el daño a su credibilidad; el uso (o mal uso) de las “consultas” como proceso
de “legitimación” de las decisiones de gobierno; y el aumento de la
confrontación y la polarización en el futuro.
Desde
mi perspectiva, el capítulo Texcoco aún no termina. Habrá más cosas que
agregar. Esperamos que impere el diálogo y los acuerdos entre las partes. Si la
parte económica es el problema, necesitamos que la “buena política” ahora sí
logre sus cometidos.