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Estos días, desde los populismos morado y
naranja, y sus respectivas terminales mediáticas, se ha acuñado el término
“pasteleo” para referirse al mecanismo de elección de los vocales del Consejo
General del Poder Judicial.
Lo primero que hay que decir es que llamar
pasteleo a un mecanismo aprobado por Ley orgánica, y refrendado por una mayoría
de más de tres quintos de las cámaras donde está representada la soberanía
nacional, es un insulto intolerable. No, mire, ni es un pasteleo, ni un apaño,
ni nada parecido, sino un mecanismo perfectamente respetuoso con la legalidad
vigente. Y si a usted no le gusta, gane usted unas elecciones, consiga una
mayoría de tres quintos en el Congreso de los Diputados, y cambie la ley.
Por cierto, la elección del Defensor del
Pueblo se hace mediante un mecanismo análogo, y no recuerdo a ningún exegeta de
estos que hoy se rasgan las vestiduras hablar de apaños, ni pasteleos, ni
cuestionar la independencia del Defensor del Pueblo por ser elegido por acuerdo
de los partidos con representación parlamentaria.
El PSOE, padre del actual sistema de
elección, por supuesto no va ser quien lo cuestione. Podemos, que lo
cuestionaba antes, ahora se apunta al ver la opción de poder proponer a un par
de vocales. Ciudadanos renunció a proponer vocales como quien renuncia a tener
un yate sin tener dinero para comprárselo. Y el PP, que se limitó a hacer algún
retoquillo en el mecanismo de elección durante su última mayoría absoluta, se
apunta ahora, haciendo gala de un cierto populismo azul (que también existe) a
que hay que volver al método de la Ley orgánica del 80, en la que los jueces
elegían por sí mismos a 12 vocales del CGPJ. Así a priori suena bien el
mecanismo. El problema es cuando se lee la letra pequeña, que dice que para ser
candidato hay que tener el aval de al menos un 10% de electores o, y aquí está
el truco, ser avalado por una asociación judicial válidamente constituida, en
cuyo caso ya podemos prescindir del requisito del 10%. Esto otorga a las
asociaciones de jueces, politizadas hasta los tuétanos, una
sobrerrepresentación que no se corresponde con el peso real que tienen en el
sector judicial.
Pero sobre todo lo que hay que decir es que
el método de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial
tiene que ver poco o nada con el ejercicio independiente de la justicia en
nuestros tribunales. ¿O acaso le sirvió de mucho al PP tener mayoría de vocales
propuestos en el CGPJ para impedir una sentencia polítizada como la del juez de
Prada en el primer juicio del caso Gürtel?
No, cuando se compromete la independencia
judicial es cuando se intenta sustraer a los tribunales los casos de
corrupción, para juzgarlos y sentenciarlos en comisiones parlamentarias, en
periódicos, o en platós de televisión. Cuando se ataca la independencia
judicial es cuando se filtran de forma interesada sumarios declarados secretos.
Cuando se ataca la independencia judicial es cuando todos los medios saltan a
una, como una jauría, contra el tribunal de “la manada” por una sentencia que a
ellos no les gusta, o cuando se socava el prestigio personal de un juez como
hizo el ministro Catalá con el juez discrepante en esa misma sentencia. Se
ataca a la independencia judicial cuando se permite que jueces como Baltasar
Garzón o Eloy Velasco pasen sin solución de continuidad de la judicatura a la
política y luego de vuelta a la judicatura, y que incluso juzguen casos que
afecten a sus antiguos aliados o adversarios políticos.
No se puede ir de paladín de la
independencia judicial y al minuto siguiente ponerle al juez Marchena la
etiqueta de “conservador”, y a su posible sucesor en la sala segunda la de de
“menos conservador”. Los jueces si son conservadores, menos conservadores, progresistas,
o comunistas, lo deben ser en su ámbito privado, y no en su faceta de jueces. Y
no estaría demás que los medios de comunicación dejaran esa costumbre de
etiquetarlos por su presunta afinidad política, o por sus preferencias
sexuales.
Pero mucho me temo que a los medios de
comunicación les importa un carajo la independencia judicial. Simplemente la
utilizan como ariete cuando les conviene para atacar a este partido o al otro,
y para hacer el caldo gordo a sus aliados políticos o económicos.
Una vez más, se nos pone sobre la mesa una
milonga para no hablar del problema de fondo. Y seguimos tragando.
