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Sobre la independencia judicial y otras milongas


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23/11/2018

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Desde que el populismo irrumpiera con fuerza en la vida política española, nuestra ya de por sí hipócrita sociedad se ha convertido en un inmenso circo, en una bochornosa competición por ver quién es más demagogo y quien se pone antes la medalla de puro y sin mancha.


Estos días, desde los populismos morado y naranja, y sus respectivas terminales mediáticas, se ha acuñado el término “pasteleo” para referirse al mecanismo de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial.

Lo primero que hay que decir es que llamar pasteleo a un mecanismo aprobado por Ley orgánica, y refrendado por una mayoría de más de tres quintos de las cámaras donde está representada la soberanía nacional, es un insulto intolerable. No, mire, ni es un pasteleo, ni un apaño, ni nada parecido, sino un mecanismo perfectamente respetuoso con la legalidad vigente. Y si a usted no le gusta, gane usted unas elecciones, consiga una mayoría de tres quintos en el Congreso de los Diputados, y cambie la ley.

Por cierto, la elección del Defensor del Pueblo se hace mediante un mecanismo análogo, y no recuerdo a ningún exegeta de estos que hoy se rasgan las vestiduras hablar de apaños, ni pasteleos, ni cuestionar la independencia del Defensor del Pueblo por ser elegido por acuerdo de los partidos con representación parlamentaria.

El PSOE, padre del actual sistema de elección, por supuesto no va ser quien lo cuestione. Podemos, que lo cuestionaba antes, ahora se apunta al ver la opción de poder proponer a un par de vocales. Ciudadanos renunció a proponer vocales como quien renuncia a tener un yate sin tener dinero para comprárselo. Y el PP, que se limitó a hacer algún retoquillo en el mecanismo de elección durante su última mayoría absoluta, se apunta ahora, haciendo gala de un cierto populismo azul (que también existe) a que hay que volver al método de la Ley orgánica del 80, en la que los jueces elegían por sí mismos a 12 vocales del CGPJ. Así a priori suena bien el mecanismo. El problema es cuando se lee la letra pequeña, que dice que para ser candidato hay que tener el aval de al menos un 10% de electores o, y aquí está el truco, ser avalado por una asociación judicial válidamente constituida, en cuyo caso ya podemos prescindir del requisito del 10%. Esto otorga a las asociaciones de jueces, politizadas hasta los tuétanos, una sobrerrepresentación que no se corresponde con el peso real que tienen en el sector judicial.

Pero sobre todo lo que hay que decir es que el método de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial tiene que ver poco o nada con el ejercicio independiente de la justicia en nuestros tribunales. ¿O acaso le sirvió de mucho al PP tener mayoría de vocales propuestos en el CGPJ para impedir una sentencia polítizada como la del juez de Prada en el primer juicio del caso Gürtel?

No, cuando se compromete la independencia judicial es cuando se intenta sustraer a los tribunales los casos de corrupción, para juzgarlos y sentenciarlos en comisiones parlamentarias, en periódicos, o en platós de televisión. Cuando se ataca la independencia judicial es cuando se filtran de forma interesada sumarios declarados secretos. Cuando se ataca la independencia judicial es cuando todos los medios saltan a una, como una jauría, contra el tribunal de “la manada” por una sentencia que a ellos no les gusta, o cuando se socava el prestigio personal de un juez como hizo el ministro Catalá con el juez discrepante en esa misma sentencia. Se ataca a la independencia judicial cuando se permite que jueces como Baltasar Garzón o Eloy Velasco pasen sin solución de continuidad de la judicatura a la política y luego de vuelta a la judicatura, y que incluso juzguen casos que afecten a sus antiguos aliados o adversarios políticos.

No se puede ir de paladín de la independencia judicial y al minuto siguiente ponerle al juez Marchena la etiqueta de “conservador”, y a su posible sucesor en la sala segunda la de de “menos conservador”. Los jueces si son conservadores, menos conservadores, progresistas, o comunistas, lo deben ser en su ámbito privado, y no en su faceta de jueces. Y no estaría demás que los medios de comunicación dejaran esa costumbre de etiquetarlos por su presunta afinidad política, o por sus preferencias sexuales.

Pero mucho me temo que a los medios de comunicación les importa un carajo la independencia judicial. Simplemente la utilizan como ariete cuando les conviene para atacar a este partido o al otro, y para hacer el caldo gordo a sus aliados políticos o económicos.

Una vez más, se nos pone sobre la mesa una milonga para no hablar del problema de fondo. Y seguimos tragando.



Etiquetas:   Justicia   ·   Partidos Políticos

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