. Son niños y niñas que
emprenden un largo trayecto en solitario a través de varios países, sin contar
con la compañía y la protección de un adulto. Buscan el sueño europeo, una vida
mejor, un futuro, enviar dinero a su familia o huir de la guerra y la
persecución en sus países de origen. Estos niños son vulnerables a caer en
manos de las mafias o de ser víctimas de explotación sexual, redes de tráfico
de órganos o de drogas o redes de trata de personas. Miles de niños y niñas han
desaparecido en suelo europeo, sin que las autoridades parezcan inmutarse.
Missing Children Europe, una red formada por 30 ONGs
para la protección de menores desaparecidos, señala que muchos menores huyen de
los centros para encontrarse con familiares o para llegar a un país concreto y
no se vuelve a conocer su paradero. Estos menores son vulnerables a caer en
manos de las mafias o redes criminales. Esta organización ha puesto en marcha
la línea telefónica 116000 para localizar a niños desaparecidos o solicitar
ayuda.
65.000 menores pidieron asilo en Europa en 2017. Uno de
cada nueve está desaparecido, según datos de Unicef. En Italia 5.828 niños
desaparecidos, según Save the Children, en Suecia 1.829 y en Alemania 4.749
según la fundación PorCausa. En España, no hay datos globales, pero sólo en
2016 se registró la desaparición de 825 menores. Las autoridades europeas
admitieron en 2016 la desaparición de 10.000 niños en territorio de la Unión.
Save the Children en su informe Los más solos explica las largas rutas que recorren estos niños
atravesando varios países africanos, en un viaje que puede durar meses o años,
confiando sus vidas a traficantes. Estos niños sufren una situación de riesgo
prolongada. Muchos de ellos desaparecen por el camino o tras su llegada a
Europa, víctimas de redes de tráfico de órganos, trata de personas o venta de
menores.
Por otro lado, Save the Children denuncia que el sistema
de acogida español no protege a estos niños y prioriza el control de fronteras
sobre su bienestar y seguridad. En muchos casos la Fiscalía de Menores duda
de la validez de su documentación, y se les realiza una prueba de determinación
de la edad. Esas pruebas tienen un margen de error muy elevado (de 1,7 años,
según algunos expertos), y si el resultado determina que el joven es mayor de
edad, se les deja en la calle, sin protección de ningún adulto, sin hogar ni
derecho a la educación. Algunos acuden a albergues para personas sin hogar,
otros terminan en un CIE como si fueran mayores de edad, y muchos viven en las
calles de Melilla, Ceuta, Madrid o Barcelona.
La Fundación
Raíces denuncia el limbo jurídico en el que se encuentran
estos menores. Por un lado, se les niega la condición de niño y se les deja en
la calle, sin educación ni protección. Por otro lado, su pasaporte determina
que son menores de edad, por lo que tampoco pueden acceder al mundo laboral, ni
refugiarse en un albergue de adultos, ni tener acceso a la Sanidad. Estos
menores que caen en ese limbo quedan expuestos a caer en las manos de mafias o
redes criminales.
El Tribunal Supremo dictó jurisprudencia en 2014 y
prohibió estos exámenes de determinación de la edad cuando los menores tienen
documentación válida de sus países. Sin embargo, las ONG denuncian que no se
está cumpliendo esta sentencia. La Fundación Raíces interpuso un recurso ante el
Tribunal Supremo contra el Protocolo Marco del Gobierno que permitía estas
pruebas, pero el Tribunal Supremo no lo ha admitido a trámite, considerando que
se trata de una instrucción interna sin carácter normativo. Actualmente, esta
organización está estudiando interponer un Recurso de Amparo al Tribunal
Constitucional y/o acudir directamente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos
o al Comité de los Derechos del Niño en Naciones Unidas.
En un artículo de El Diario de febrero de 2016, se recoge la historia de Mikel, un
adolescente que llegó de Nigeria con 16 años como polizón. El joven comenta: “Presenté mi partida de nacimiento y me dijeron que
no valía, me hicieron unas radiografías que dijeron que era mayor de edad y me
echaron del centro de menores”. Posteriormente, la Audiencia Provincial
de Barcelona terminó reconociendo el error, y se admitió que Mikel era menor
cuando llegó a España. Pero esta sentencia llegó tarde, pues el joven ya había
cumplido 18. Mikel quedó en la calle siendo menor de edad. Actualmente ha
conseguido trabajo y reside en un piso compartido.
Por otro lado, la Fundación Raíces
expone el siguiente caso:
“M. B. es una niña de 16 años, víctima de agresiones e
intento de matrimonio forzoso en su país que salió huyendo y a su llegada a
España, en Barajas fue identificada por la policía como menor de edad en
situación de desamparo, solicitante de asilo y, como tal, fue derivada al
sistema de protección de menores de la Comunidad de Madrid. 2 meses después, desde el
Centro de Primera Acogida de menores, la menor fue conducida a la Fiscalía de Menores para
iniciar el procedimiento de determinación de su edad y allí fue sometida a un
desnudo integral ante el médico forense para exploración de sus genitales y a
una radiografía de la muñeca y de la boca en el Hospital que, habiendo dado
como resultado ser menor de edad, sin embargo ha sido convertida en Mayor de
edad con un Decreto de Fiscalía, siendo por ello expulsada a la calle desde el
Centro de menores que la acogía”.
Resulta increíble que en la Unión Europea
tengamos tal cantidad de niños desaparecidos y de “niños de la calle”, sin que
cuenten con protección suficiente. En Madrid un grupo de menores estuvieron
durante meses viviendo en el Parque de Isabel Clara Eugenia de Hortaleza.
Algunos de ellos no alcanzaban los 14 años. Actualmente se hallan en paradero
desconocido. Han pasado de ser “niños de la calle”, los excluidos del sistema,
a formar parte de los niños perdidos de Europa. Entre 100 y 200 menores viven
en las calles de Melilla, tratando de embarcar hacia la Península (“hacer risky” como lo denominan ellos),
sin acceso a educación, sanidad ni protección. En Ceuta la situación es
similar, calculándose una cifra de entre 60 y 100 niños que viven en las
calles.
Diversas
organizaciones han denunciado esta situación. Prodein, Save the Children,
Fundación Raíces, Asociación Harraga, y otras. Estas entidades exigen la
acogida e integración de los menores, ofrecer protección y acompañamiento y el
cumplimiento de la legalidad nacional e internacional que obliga al Estado
español a la protección del menor.
Publicado originalmente en MediumCopyright Carmen Alemany Panadero
