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Desde diversas instancias que
revisan y fiscalizan la actuación de los gobernantes, hasta mecanismos de
protección legales, pasando por supuesto por agrupaciones o asociaciones no
gubernamentales que dedican sus esfuerzos al mismo fin. En general, un buen
sistema de balances, equilibrios y contrapesos, cuyo objetivo es frenar los
abusos de poder de los gobernantes.
Esa es también una de las razones
por la que nuestro sistema político y de gobierno está dividido en tres
poderes. Como una manera de no dejarle a una sola persona o institución toda la
carga de un poder absoluto. Por ello, los diputados que se supone son los
representantes del pueblo, constituyen el Poder Legislativo; los jueces,
magistrados y ministros conforman el Poder Judicial y los gobernantes junto con
sus funcionarios de gabinete el Poder Ejecutivo.
Dice el artículo 49 de la Carta
Magna: “El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en
Legislativo, Ejecutivo y Judicial.”
“No podrán reunirse dos o más de
estos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo
en un individuo…”
Cada uno de estos poderes es
autónomo e independiente, o debiera de serlo según la constitución, para
garantizar el adecuado equilibrio en el ejercicio del poder, y es un esquema
que se replica de igual forma en todos los estados de la República Mexicana.
Trato de contextualizar el tema
porque, contrario a lo que dice la constitución todo el poder del Estado en
Chihuahua está depositado en el gobernador, que lo mismo ha metido la mano en
el Congreso del Estado, que en el Poder Judicial, y en muchas otras instancias
de reconocida autonomía e independencia como es el Ichitaip, por ejemplo. Casos
todos bastante conocidos y ventilados en muy diversos medios de comunicación.
Corral ha ejercido un gobierno
autoritario, antidemocrático, excluyente, impositivo y, en ocasiones, hasta
ilegal. Recientemente, violando todas las disposiciones legales al respecto, el
gobernador se metió al proceso electoral respondiendo de manera directa a uno
de los candidatos a la presidencia municipal de Juárez. No lo podía hacer. La
ley se lo impide, y menos dando a conocer públicamente supuestos logros de
gobierno. Casi igual, o quizá peor, que su antecesor el priista César Duarte Jaquez.
Ya antes había hecho lo mismo.
Organizó una caravana al centro del país, con recursos del gobierno, para
reivindicar unas supuestas demandas de su gobierno ante la federación, pero su
caravana sirvió para hacer campaña político-electoral en contra del PRI y del
gobierno federal priista, justo en medio del proceso electoral federal, con una
clara carga negativa cuya intencionalidad fue demeritar al candidato tricolor a
la presidencia de la República.
Pero aun peor que eso. El
gobernador Corral ha convertido su fallida operación Justicia para Chihuahua,
en un instrumento de venganza personal obsesiva, más allá de lo estrictamente
jurídico y legal, utilizándola a conveniencia contra algunos personajes
solamente, y en momentos estratégicos para sus objetivos.
Objetivos que, se advierte con
claridad, están muy alejados de una verdadera visión estadista de justicia y
más bien cruzan la delgada línea entre el ejercicio del poder para el bien
común, y el que se realiza para fines personalísimos que nada tienen que ver con
lo primero.
Las detenciones, consignaciones,
decomisos, cateos y demás acciones espectaculares contra exfuncionarios
duartistas, más allá del eventual sustento jurídico que puedan o no tener, han
sido manejadas todas desde la perspectiva del golpeteo mediático, en los
momentos más adecuados, para generar una percepción y opinión pública de descrédito
hacia el exgobernador y el partido del cual emanó. Objetivo electorero.
Y justo en esa misma
tesitura, recientemente la FGE detuvo a cuatro personajes ligados al duartismo
y a supuestos desvíos de recursos públicos, entre ellos un hombre de más de 80
años y con una larga trayectoria dentro del PRI. Pero lo hacen a escasos días
de la jornada electoral del próximo domingo. Otra vez, el gobernador abusando
de su poder y utilizando las instancias de administración e impartición de
justicia para fines distintos de los que tienen asignados. ¡Pésimo! El uso y
abuso del poder, al servicio particular de una sola persona: el gobernador del
estado.
