Hablemos
de un balance sexenal en materia económica. Obviamente, no les gustará a los
capitanes que desde Hacienda dirigen la política económica del poder ejecutivo.
Va la primera entrega.
Falta
un poco más de seis meses para que se acabe el sexenio (01 diciembre 2018). Será
memorable por muchas razones. Indudablemente, será recordado por la corrupción
desbordada, la impunidad exagerada, los homicidios récord, el incremento en la
inseguridad pública, la expansión del crimen organizado, el aumento en
secuestros, la práctica casi generalizada de extorsiones, la aparición de los
huachicoleros a diestra y siniestra y hasta robos a los trenes de carga.
Quedará
en la historia como el regreso del PRI ante su promesa de que era el único
partido que “sí podía”, pero que terminará con la aprobación mínima histórica
de cualquier presidente y con el porcentaje de los votos a favor más baja para
cualquier sexenio en que ha participado. Existe la sensación de una
descomposición social, que algunos lo han minimizado simplemente como un “mal
humor” social.
Pero en
todo esto, ¿cuáles han sido los resultados en materia económica? En los
primeros cinco años del sexenio hemos visto un crecimiento real de 13%, equivalente
a un promedio de 2.5% anual. Aunque sí fue mejor a los dos sexenios panistas,
es el segundo promedio más bajo para cualquier gobierno priista. El único que
tuvo crecimiento menor fue el de Miguel De la Madrid (1982-1988), víctima de la
crisis de deuda externa. Sin embargo, el mejor año de este gobierno (2015 con
3.3%) es el peor mejor año para cualquier administración gubernamental desde
que existen los sexenios. El promedio actual no solo es una cifra muy baja,
sino que se percibe como bastante malo, ya que el gobierno prometió crecimiento
de 5% de aprobarse sus reformas.
Si
utilizamos el Sistema de Indicadores Compuestos Coincidente y Adelantado
(SICCA) del INEGI, conocido como el ciclo económico clásico, encontramos que es
el primer sexenio desde 1980 (antes no hay cifras) que no ha experimentado una
recesión. También es el que sostiene el récord en número de meses de una
economía en expansión (106 a febrero de 2018, el último dato disponible). Sin
embargo, esta fase ascendente se caracteriza por tener el crecimiento más lento
–y mediocre- de todas.
¿Qué
explica esta debilidad? En primero lugar, la caída persistente en la producción
petrolera en estos cinco años le ha restado por lo menos medio punto porcentual
en promedio para cada año. La sobreexplotación de Cantarell la década pasada y
la falta de nuevos yacimientos nos ha llevado a perder el estatus de exportador
neto de petróleo. La segunda razón es la disminución continua de la inversión
pública, que no solo lleva ocho años al hilo con tasas negativas, sino que
según estimaciones del CEESP, se ubica actualmente como proporción del PIB en
su nivel más bajo desde 1939 –sí, periodo postrevolucionario-. El incremento en
el gasto público no programable ha sido incontenible y ha desplazado a la
inversión en infraestructura –hay quienes nos seguimos preguntando ¿Y dónde
está la política fiscal y el equilibrio macroeconómicos que tanto presumen los
economistas más ortodoxos desde el ITAM?-.
También
ha jugado un papel importante los recursos que el gobierno ha destinado a la
exploración de petróleo que, al no encontrar pozos productivos, no han
contribuido a aumentar el acervo de capital de la nación, que por tanto, no se
puede clasificar como inversión. Aun así, si tomamos el valor agregado del
gasto público, es decir, la suma del consumo de gobierno más la inversión
pública (de las cuentas nacionales del INEGI), encontramos que en 2017 se ubicó
-0.4% por debajo del nivel que tenía en 2012. En otras palabras, el gasto
público no ha contribuido al crecimiento económico del país en lo que va el
sexenio.
La
tercera razón ha sido el bajo crecimiento de la inversión privada. El promedio
de los cinco años es de 2.1% anual, muy por debajo de sexenios anteriores, en
especial en años en que no hubo recesión. Si bien es cierto que este es el
primer sexenio desde López Portillo en no experimentar una recesión, la
inversión privada disminuyó en 2013 (-3.8%) y en 2017 (-0.6%). En el sexenio
solo hemos tenido un año en que la inversión privada tuvo un buen desempeño
(2015 con 8.9%). En teoría, las reformas energética, telecomunicaciones,
financiera, competencia económica y laboral, entre otras, iban a acelerar la
inversión, lo cual no ha sucedido. El problema es que el crecimiento en la
inseguridad, la falta de infraestructura, el costo para las empresas de la
corrupción, la burocracia y excesiva regulación, han sido factores que han
pesado más que los avances que produjeron las reformas.