¿Por qué apoyo a Duque en introducir ajustes al Acuerdo de Paz?

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19/06/2018

Durante las últimas cinco décadas hemos sido testigos del rol significativo que ha tomado el tema de Paz en la definición de la agenda política del país y, por supuesto, al interior de las campañas políticas de los distintos aspirantes a las elecciones presidenciales.

Hoy, pasado más de un año de la implementación del Acuerdo de paz en Colombia, podríamos sostener que nos enfrentamos a un panorama en el cual han sido importantes los avances pero muchos los desafíos y puntos pendientes en esta materia. Pese a los aciertos y desaciertos, la puesta en práctica del Acuerdo de Paz está en marcha en Colombia. Sin embargo, el terreno sobre el que avanza parece ser inestable, aun mas ante la posibilidad de que el candidato a la Presidencia Iván Duque llegase a ganar la contienda política. Esto debido a que el candidato sostiene que introduciría una serie de ajustes al Acuerdo, los cuales sin lugar a duda pondrían a prueba nuevamente la solidez del proceso de paz.

Antes de continuar con el análisis, hay dos puntos que me parecen importante destacar, el primero, radica en que ninguno de los actuales aspirantes a la presidencia, es decir, Gustavo Petro e Iván Duque tienen un programa detallado sobre su postura frente al Proceso de Paz, en términos de continuidad o ruptura; de ahí que este contenido este basado netamente en sus declaraciones públicas. El segundo punto, tiene que ver con que da la sensación de que estuviéramos ante una segunda ronda del plebiscito, cuestión que explicare en las líneas posteriores.

Ahora bien, para dar respuesta al primer punto tenemos que según las múltiples afirmaciones que ha hecho el candidato Duque a lo largo de su campaña política es de  que no buscara "hacer trizas" el Acuerdo de Paz, sino lograr un país de "consensos" en donde "quepamos todos”, para el candidato la única manera en la que podremos tener una paz sostenible debe ser sobre la base de la Justicia.

De este modo, en diversas entrevistas así como en debates, Duque ha sostenido que no se trata de escribir un nuevo Acuerdo de Paz (tal y como mencionaba en el párrafo anterior), sino de introducir algunas modificaciones a las normas que lo desarrollan con el fin de garantizar la Justicia en Colombia. El candidato reitera que a través de los acuerdos se logró permitir que una persona que cometió crímenes de lesa humanidad no vaya a la cárcel si "dice toda la verdad “y, la letra menuda, que es la reglamentación de los acuerdos, señala que decir toda la verdad no significa aceptar culpas, en pocas palabras, hay realizar arreglos en el tema de impunidad.

Asimismo, Duque alude a que la justicia transicional ni siquiera está operando efectivamente, ya que en  el transcurso de año y medio después de creada la JEP, esta no ha puesto en marcha la primera investigación, mucho menos ha llamado a declarar a los responsables.

Adicionalmente , el aspirante presidencial enfatiza en la necesidad de desarrollar mecanismos que permitan dar seguimiento y ejercer control en el área del narcotráfico, considerando que en  cuanto las FARC no entregaron la información de quiénes eran sus socios en el narcotráfico, cuáles eran sus rutas, dónde tenían los laboratorios, cómo lavaban dinero y quién les daba las armas; se abre una puerta inmensa al desconocimiento y manipulación de información , conllevando a que personajes como Jesús Santrich  sigan participando en este tipo de actividades ilícitas sin ningún tipo de penalidad.

Es de gran ímpetu hacer énfasis en que Duque no está de acuerdo en que el narcotráfico sea un delito amnistiable. A grandes rasgos creo que estos serían los tres reparos de Duque al Acuerdo de Paz.

En lo que respecta al segundo punto, ante la pregunta de si nos encontramos nuevamente a puertas de un segundo plebiscito, mi respuesta seria afirmativa. Si bien, estas elecciones fueron históricas por la cantidad de votantes que acudieron a las urnas, también lo  fueron en la medida que aparecieron sobre la mesa temas como: corrupción, educación, economía, medio ambiente y emprendimiento. No obstante, debido a que los medios de comunicación y la ciudadanía se han encargado de tergiversar las palabras del candidato Duque, han puesto las elecciones de tal forma como si tuviéramos que decidir entre eliminar el Acuerdo o darle seguimiento, de nuevo en dos extremos “amigos y enemigos de la tan anhelada paz”

Desde mi perspectiva, si creo que el Acuerdo deba pasar por una revisión y posteriormente, realizar ciertas conciliaciones; de ahí que esté de acuerdo con la postura del candidato Iván Duque. Pero en mi caso seré más concreta al referirme a estos.

 En mi opinión, la legislación planteada en torno a  atacar las causas estructurales del conflicto armado en Colombia avanza de forma lenta, por lo tanto tenemos que aunque efectivamente se esta desarmando el actor, no hay cambios en las condiciones que efectivamente dieron origen al conflicto armado.

 En este orden de ideas, el tema de justicia a mi modo de ver  es un componente crucial en los Acuerdos de Paz; por lo cual la Corte Constitucional colombiana debe abordar responsablemente las fallas significativas, siendo una de las principales, el cuestionamiento del cómo operará la Jurisdicción Especial para la Paz, un sistema judicial negociado con las FARC como parte de las conversaciones de paz.

Dichas deficiencias en el proyecto de ley podrían permitir a los criminales de guerra escapar de un castigo significativo. Uno de los problemas que se observan es la definición de “responsabilidad del mando”, la base sobre la cual los comandantes militares pueden ser considerados penalmente responsables de los crímenes cometidos por sus subordinados.

Por otra parte, hasta el momento no ha habido una participación significativa de las víctimas en los procedimientos ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Dicha participación es vital no solamente para una eventual construcción de paz estable y duradera sino también en términos de mayor legitimidad en el proceso, favoreciendo al mismo tiempo la rendición de cuentas por parte de los victimarios, ejercicio que puede facilitar el reconocimiento de responsabilidad por los daños causados y el establecimiento de la verdad histórica.

Siguiendo con los argumentos, encuentro dos disposiciones en el proyecto de ley que podrían impedir a los defensores de los derechos humanos actuar como jueces en la Jurisdicción Especial para la Paz. Las disposiciones vetan a aquellas personas que durante los últimos cinco años hayan “presentado demandas ante los tribunales internacionales de derechos humanos” o “pertenecieron a organizaciones” que trabajaron en casos judiciales vinculados al conflicto armado. Según el gobierno nacional para asegurar que los jueces no tengan un “sesgo ideológico”. Pienso que  prohibir a los abogados de derechos humanos convertirse en jueces es una decisión irracional, dado que lejos de garantizar la imparcialidad judicial, estas disposiciones eliminan a varios candidatos que tienen precisamente el tipo de conocimiento y experiencia necesaria para presidir estos casos.

Ante esta situación, urge entonces un seguimiento a la rama judicial y ajustes al Acuerdo, especialmente un pronunciamiento de la Corte ,debido a que es la única con la oportunidad de sentar las bases para una rendición de cuentas significativa tanto para los oficiales superiores del ejército como para las guerrillas de las FARC que cometieron crímenes de guerra.

En cuanto al tema de ocupación de los territorios dejados por las Farc y combate y desarticulación de las organizaciones criminales herederas de las FARC, el Gobierno sigue quedado; permitiendo que las disidencias tomen más fuerza, especialmente en los territorios claves para el narcotráfico.

Por último, se sigue violando el acuerdo y el derecho internacional de los derechos humanos que obligan a respetar el principio del interés superior del niño en su proceso de desvinculación de las Farc; así como atención sobre la situación de los menores que han regresado a sus familias. No obstante, es preciso aclarar que en lo que respecta a la entrada de los ex guerrilleros al juego democrático, estoy totalmente de acuerdo como forma eficaz de construir democracia y por ende, paz; pero siempre y cuando quienes ocupen dichas curules no sean quienes cometieron crímenes de lesa humanidad, esto sería una burla a  las víctimas, la institucionalidad y nuestras futuras generaciones. 

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