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Ruta 2018: Desarrollo económico y gobernabilidad…


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19/05/2018


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A la gobernabilidad se le definió como un estado de “equilibrio” entre poder, libertad, autoridad y democracia…


En México, según el discurso oficial, no hay estancamiento económico y, menos, ingobernabilidad. Sin embargo, en el México real la inquietud sobre estos dos temas va en aumento.

En la arena económica, un PIB per cápita insuficiente y frágil ante la ola de proteccionismo mundial; por el lado de la disminución de la capacidad del gobierno para mantener el orden, el indicador más dramático --que no el único- lo constituye la cifra de asesinatos que se le atribuyen al narcotráfico durante los años recientes. Por estas vías la sombra de la ingobernabilidad ha cubierto importantes zonas del país.

En otras épocas, los mexicanos ya supimos lo que era vivir sin ley, con mucha corrupción, con una economía estancada y con la sensación de ir al garete. Ése fue el caso en buena parte del siglo XIX y en el segundo decenio del siguiente. Hoy estamos aún lejos de ese estado de cosas, pero la sensación de que la estructura de autoridad es frágil y poco confiable, de que la seguridad personal depende más de la suerte que de la vigencia de la ley y de que el futuro es muy incierto obligan a examinar críticamente la naturaleza del rumbo que México está tomando. Sobre todo, porque la supuesta transición a la democracia no llevó al cambio prometido, sino que, al contrario, reafirmó muchos de los males pasados y le devolvió la presidencia al PRI –que hoy, precisamente, está en proceso de perder, otra vez-.

La gobernabilidad es una situación a la que aspiran todos los sistemas políticos, pero un buen número de diccionarios especializados en política simplemente no registran el concepto. No obstante, en los últimos tras o cuatro lustros se ha acumulado una copiosa literatura sobre el tema proveniente de la academia, los estudios sociales y las organizaciones multilaterales.

A mediados de los años setenta, Samuel Huntington, Michael Crozier y Joji Watanuki, advirtieron sobre las posibilidades de que un exceso de demandas sociales dirigidas al aparato estatal de los países industriales: educación, salud, vivienda, transporte, empleo, pensiones, protección al ambiente, etcétera, llevaría al colapso del Estado benefactor creado posterior a la Segunda Guerra Mundial. El crecimiento de la burocracia pública, sus ineficiencias y el déficit fiscal podían desembocar en el quiebre del buen gobierno.

En ese contexto de ansiedad, a la gobernabilidad se le definió como un estado de equilibrio entre poder, libertad, autoridad y democracia. La recomendación para conseguir y mantener esa armonía fue cortar por lo sano: disminuir el papel del Estado y su burocracia, privatizar y redirigir hacia el mercado la mayor parte posible de las tareas que aquel estaba desempeñando. Eran otras épocas. Como se ve, la búsqueda de la gobernabilidad fue el arranque del proyecto neoliberal –tan vilipendiado el día de hoy-.

Sin embargo, para fines de los ochenta, cuando la “revolución neoconservadora” estaba ya en marcha en Estados Unidos, Europa y Japón, la gobernabilidad dejó de ser tema de preocupación en los países ricos (al fin dueños del capital y las grandes corporaciones), y reapareció en los pobres, pues era ahí donde había resurgido la parálisis del entramado institucional (gobiernos de grupos, capitalismo de amigos y cacicazgos), combinada con la intensidad e insatisfacción de las demandas que las sociedades hacían a sus gobiernos, lo que podía traducirse en Estados fallidos y en un problema para los países centrales. Al final de cuentas sucedió.

De acuerdo a una recopilación de ensayos coordinada por Jorge I. Domínguez y Abraham F. Lowenthal a finales de los noventa, se definió una lista de las áreas donde podía fallar la gobernabilidad en América Latina y, con base en esa lista, hoy, todos sus facetas o tópicos están en color amarillo o ámbar para México: 1) Financiamiento de partidos y costo de las elecciones; 2) Los fallos de los tribunales de justicia apegados a la legalidad; 3)  Las instituciones garantes de transparencia y rendición de cuentas; 4) El contrapeso Ejecutivo-Legislativo-Judicial; 5) La libertad de expresión; 6) Los derechos humanos y 7) El papel de empresas –grupos empresariales- y sindicatos, solo por citar siete de esos factores o pilares de la democracia.

En un entorno de alta desigualdad económica, pobreza y estancamiento, por un lado; y alta violencia vinculada al narcotráfico en buena parte del territorio, por otro; y, si nos atenemos a que 80% de los ciudadanos considera que las leyes e instituciones de México sirven para defender los intereses de los poderosos, del Presidente y de la partidocracia enquistada en el Congreso y el Senado (quienes elaboran las leyes); no es gratuito que en este sexenio, ese mismo porcentaje, desapruebe la labor del Ejecutivo y más de la mitad (56%) considere fracasada a la democracia. Y aun así piden que la población no decida con las tripas y razone su voto.

En México, según el discurso oficial, no existe estancamiento económico, ni crisis institucional… mucho menos, ingobernabilidad.

@leon_alvarez

Etiquetas:   Economía   ·   Pobreza   ·   Gobierno   ·   Enrique Peña Nieto   ·   Desigualdad

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