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La
sociedad mexicana, en particular sus jóvenes con menos posibilidad de movilidad
social, simplemente se han acostumbrado a ver la violencia extrema como algo
normal y efectivo. El adormecimiento de la conciencia colectiva significa un
costo cultural enorme, una hipoteca del futuro.
México
no tiene por qué pagar una factura que debería quedar enteramente en manos de
los consumidores que crearon el gran mercado de drogas prohibidas y que, en el
origen, no eran mexicanos. Finalmente esos “consumidores” son los que hacen
posible que vastas extensiones del país se hayan convertido en productoras no
solo de mariguana y amapola, sino también de personajes totalmente deshumanizados
y que están imponiendo estilos de vida, valores y formas de relación extremos
entre el crimen organizado y el resto de la sociedad.
Ante
este escenario, vale reflexionar acerca de qué tipo de guerras deberíamos
emprender y analizar la descomposición del entramado institucional en que las
carencias educativas no se combaten –hoy quienes más posibilidades de desempleo
tienen son los que están mejor preparados, esto es: entre más educación, menor
empleo- y en que un sector de la izquierda, impedida de llegar al poder en
elecciones pasadas, tiende, a diferencia de lo que sucede en otras partes del
mundo, a apartarse de sus compromisos con la sociedad --o coaligarse con el
poder en turno a cambio de posiciones políticas- en vez de conducir sus mejores aspiraciones.
Hubo
un tiempo en que la dinámica de la relación entre nuestro país y nuestro
poderoso vecino del norte era entendible dentro del marco de la resistencia,
del antiimperialismo, especialmente cuando la Revolución mexicana aún estaba
viva. Sin embargo, de un tiempo para acá la histórica resistencia mexicana ha
cesado casi del todo. Lo que hoy buscan las élites políticas, económicas e
intelectuales mexicanas es apenas acomodarse de la forma menos lastimosa
posible a las demandas y los intereses del poder hegemónico. La relación actual
de México con Estados Unidos tiende a ubicarse y entenderse de acuerdo con la
teoría de la subalternalidad, ya no como parte de un proyecto nacional que
busca ampliar la soberanía posible dentro de las limitaciones que la geografía
y la asimetría de poder le impusieron desde el inicio.
Este
enfoque de “subalternalidad” explica cómo opera la visión del mundo que los
colonialistas impusieron a los colonizados –que muchos de éstos terminan por
interiorizar- y busca exponer la forma en que, para explicarse a sí mismos y
darse a entender frente al otro, los subordinados en una relación colonial y
poscolonial se ven llevados a adoptar el discurso y los valores de la cultura
imperial, a pesar de que, en muchos sentidos, le son desventajosos. ¿En pleno siglo
XXI es una afrenta hacerse respetar por el vecino poderoso? Por supuesto que
no.
El
grupo dominante en México --y particularmente en este sexenio de Peña Nieto- pareciera
decidido a explicarse y comportarse como un mero apéndice de Estados Unidos; esto
es, como la parte exótica de América del Norte pero que, finalmente, también es
“norteamericana”. La finalidad del gobierno --desde Fox a la fecha- ha sido no
provocar a Washington y acomodarse de la mejor forma posible a lo que
buenamente ese poder disponga para nosotros en materia económica, de migración,
de lucha contra el narcotráfico y de administración de la relación mutua. Ni
siquiera ahora que tenemos el pretexto de tener como vecino a un presidente supremacista
blanco, nativista y retrograda, hemos podido siquiera pedir respeto. Al
contrario, México no levanta la voz, y confía en que la opacidad en su política
exterior –o la amistad de Videgaray con Jared Kushner- aunada a una cierta
resignación sea la mejor combinación para que eche raíces un modus vivendi para la gran potencia.
Entre
observadores extranjeros y un buen número de ciudadanos mexicanos se tiene la
convicción de que, en materia de narcotráfico, México libra en su suelo una
guerra norteamericana que, además, no se puede ganar: Primero, porque no
podemos hacer nada frente a más de 40 millones de consumidores de sustancias
prohibidas que viven en Estados Unidos; segundo, porque no podemos tampoco, por
nuestro libre albedrío, intentar una manera de legalizar el consumo de los
adictos mexicanos para disminuir el espacio de ilegalidad en que actúa y
fortalece internamente el crimen organizado y la corrupción institucional en
México.
Lo
más grave ha sido que, desde que se implementó la “guerra contra el narco” (11
años y contando…) las organizaciones de narcotraficantes se han fragmentado y
han echado raíces cada vez más profundas, inclusive, expandiéndose en
actividades delictivas más lucrativas y dañinas para el tejido social: extorsión,
secuestro, trata de blancas, narcomenudeo… que extienden la cultura del crimen
y avanzan en su empeño de controlar y corromper a las cada vez más débiles
instituciones del estado mexicano (“Cuando los enanos crecen en el circo”).
@leon_alvarez
