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En la
ciencia política tradicional se desarrolló un enfoque para examinar la relación
Estado-sociedad que solía colocar a aquél en el extremo superior de un espectro
de distribución del poder y, en el otro, a la masa ciudadana. Y para explicar
la relación entre la poderosa maquinaria política y burocrática estatal y la
multitud de individuos aislados, se ponía el acento en el espacio intermedio,
ocupado por las organizaciones que servían para unir y mediar entre ambos
extremos: los partidos, las ONG, las iglesias, etcétera.
Así, en
un sistema democrático, una sociedad civil fuerte se movilizaba para impedir
que el Estado avasallara a la sociedad y para que el ciudadano hiciera llegar
sus demandas a las instituciones de gobierno y vigilara su cumplimiento. En
contraste, en el sistema totalitario el estado impedía la creación de
organizaciones ciudadanas independientes y, en cambio, creaba las corporaciones
–desde sindicatos hasta clubes deportivos, pasando por empresas--,
instituciones educativas, culturales, etcétera, que le servían para controlar y
manipular la totalidad de la vida social. En algún punto intermedio, combinando
características de los dos modelos básicos, se encontraba el régimen
autoritario, similar a ese que dominó en México en el siglo del PRI.
Uno de
los grandes intelectuales públicos de nuestra época, Tony Judt, sugiere un
cambio en el modelo Estado-sociedad clásico. En un ensayo publicado en 1997
afirma que para entender la situación actual debemos colocar al Estado ya no en
la cima del espectro de la distribución del poder, sino apenas en el medio. Y
es que a partir del triunfo en la Guerra Fría, del capitalismo global, en
muchos países el estado ha perdido tanto terreno que ha sido degradado dentro
de la estructura nacional e internacional del poder.
Judt no
está cierto del destino final del proceso anterior, pero le ve serias fallas.
Admite lo obvio, que el Estado siempre será un mal administrador, pero sostiene
que el mercado, sobre todo el global, no es la vía para enfrentar demandas como
la salud pública, la educación, la cultura, la protección del medio ambiente,
la infraestructura, etcétera. Dejada a su propio arbitrio, la libre circulación
de bienes y capitales desemboca en una concentración excesiva de recursos en
manos privadas y se convierte en una amenaza a la libertad, a la democracia, a
los derechos sociales adquiridos y a la armonía colectiva.
Si
finalmente se acepta que el Estado se degrade hasta quedar como una entidad
semiimpotente, como pareciera indicar su evolución en México, terminará por ser
un problema incluso para quienes se levanten como ganadores del proceso
electoral que está en curso.
Durante
buena parte del siglo XIX, la sociedad mexicana vivió los efectos de un Estado
pobre, inútil y corrupto; repetir en el siglo XXI esa experiencia es
inaceptable. En aquel periodo histórico, la debilidad del Estado redundó en el
fortalecimiento de los cacicazgos locales, la falta de vigor frente al enemigo
externo (EUA), el ascenso del bandidaje y la inseguridad, el deterioro de la
infraestructura, la imposibilidad de planear las inversiones de largo plazo, la
impotencia de la legalidad, la desconfianza del futuro, la polarización social
y, finalmente, la pérdida de la oportunidad histórica de disminuir la distancia
que nos separaba de los países que entonces marcaban la dirección y el ritmo
del desarrollo.
Hoy ya
se dejan sentir sobre el grueso de los mexicanos las desventajas crecientes de
ese Estado incapaz de tener un fisco fuerte y de cumplir con su papel de
proveedor de servicios públicos de calidad, inepto para poner límites efectivos
al crimen organizado, hacer frente con eficiencia a emergencias ambientales y
defender el interés de la mayoría, al que los intereses monopólicos de una
minoría, que en la práctica “no tiene llenadera” ni visos de autocontrol que nos
tiene contra las cuerdas.
Aunque
hoy la democracia mexicana realmente lo fuera, aún está lejos de echar raíces.
Su desempeño está por debajo de lo esperado y, en el mejor de los casos, se le
podría clasificar como una democracia de baja intensidad, débil. Y esa
debilidad es doble, por un lado, del estado; y por el otro, del régimen. Lo
anterior ha llevado a que en la actualidad ciertos actores no gubernamentales
que antes vivían políticamente subordinados sean capaces de actuar muy independientemente,
incluso, muy por encima de las estructuras estatales. Ejemplos no faltan: desde
grandes empresarios, sindicatos e iglesias, hasta organizaciones criminales.
Cuando
lo enanos crecen y manejan el circo, se debe a la inversión de los papeles
dominador-dominado. En el México actual ha sido un resultado lógico e
inevitable de decisiones políticas que se tomaron hace buen tiempo, combinadas
con una alta dosis de irresponsabilidad, incompetencia y corrupción.
@leon_alvarez
