Nuestras
crisis económicas recurrentes nos enseñaron una cosa: la política económica y
la política-política no deben mezclarse. Cuando la lógica del poder se apropia
de los instrumentos de manejo económico, los resultados son desastrosos. Nadie
mejor que nosotros para saberlo.
Para
evitar este riesgo, a través de los años en este país se fueron construyendo
instituciones para despolitizar el manejo económico. Mejores leyes en materia
de Presupuesto, la autonomía del Banco Central y la presión informal pero
potentísima de los 'mercados', han aplacado a los apasionados del poder.
Esta
administración llegó con el ánimo de flexibilizar los controles o, más bien,
encontrar los espacios no blindados para poder utilizar los instrumentos a la
mano para favorecer sus fines políticos. Este oasis lo encontró en el ahora
famoso Ramo 23 (en otro texto hablé ya del Ramo 33 y su captura por parte del
crimen organizado a nivel municipal, por ejemplo).
En el
pasado el Ramo 23 alojó la partida secreta del presidente, sobre la que no se
rendía cuentas a nadie –aquella por la que se hizo famoso Luis Téllez Kuentzler
al ser espiado por teléfono-. Hoy en día es un cajón de gasto, que en concepto,
de ahí su nombre, está para atender “contingencias
y necesidades misceláneas”. Está en su naturaleza encontrar los márgenes de
flexibilidad que permitan activar la disposición y asignación de recursos
justamente para atender imprevistos, emergencias o choques de distinta naturaleza.
Entonces, la característica más importante de esta partida es la “flexibilidad y discrecionalidad”. La
discrecionalidad no es un pecado. La literatura especializada en derecho
administrativo la justifica. Sin embargo, el pecado es el abuso y la arbitrariedad.
Y es lo que podemos estar viendo en el uso de este ramo en los últimos años.
Algunas
observaciones y evidencia reveladora la presenta el estudio Arquitectura del Ramo 23, que hace
algunos días México Evalúa hizo del
conocimiento público. Aquí seis puntos clave que arroja el estudio de México
Evalúa:
i) Ingreso-Gasto. En los últimos años
el gobierno federal ha obtenido ingresos excedentes de diversas fuentes. Estos
no son menores. Son del orden de 300 mil millones de pesos, promedio anual.
Estos ingresos excedentes financian sobreejercicios de gasto. Esto es curioso,
porque la deuda aumentó a 48% del PIB, la recaudación del SAT incrementó en
promedio 3-4% anual en este sexenio, y la obra pública se desplomó.
ii) Recortes y ejercicio presupuestal
discrecional “avalada” por el Congreso. El Ejecutivo realiza importantes adecuaciones
al gasto durante el ejercicio. Gasta más de lo aprobado por el Congreso en
algunos rubros, subejerce en otros, sin tener que regresar al órgano
legislativo para aprobación de estos movimientos que pueden ser enormes.
iii) Algunos programas del Ramo 23
registraron adecuaciones “extravagantes”. Tres en particular: Programas
Regionales, Contingencias Económicas y Fortalecimiento Financiero. En el
periodo que va de 2013 a 2017, el Congreso aprobó recursos para estos programas
por un monto de 22 mil millones de pesos, pero el Ejecutivo les asignó 318 mil
millones (catorce veces más de lo aprobado). Este monto equivale a 30% del
aumento en los ingresos tributarios entre 2014 y 2017. Sí, por supuesto, del
dinero adicional que entregamos al erario por efecto de la reforma fiscal.
¿Para elecciones?...
iv) Coerción: el palo y zanahoria. De acuerdo con el
estudio de México Evalúa, hay una tendencia a utilizar los recursos del Ramo 23
como premio o castigo político según afinidad con ciertos gobiernos locales y
en periodos pre y electorales. Hay que decirlo, ninguna entidad federativa
había denunciado estas prácticas, hasta que Chihuahua lo puso en la opinión
pública.
v) Entidades consentidas de SHCP en 2015,
2016 y 2017.
El estudio de México Evalúa presenta siete casos específicos en donde se puede
observar la tendencia descrita. En efecto, en el caso del Estado de México,
Nuevo León, Veracruz, Durango, Chiapas, Jalisco y Sonora, la pertenencia
política del Poder Ejecutivo local y su afinidad con el Ejecutivo federal tuvo
un peso específico en las decisiones de gasto en periodos de proceso electoral,
y el vínculo entre mayores o menores recursos es evidente, particularmente,
entre 2014, 2015 y 2016. Por cierto, el Estado de México resultó ser un
consentido.
vi) ¿Y las reglas de presupuesto y ejercicio
de gasto? ¿Los contrapesos? Los mecanismos de contrapeso y control en
materia hacendaria, éstos no se activaron de manera adecuada. En este caso, las
facultades de supervisión y contrapeso del Legislativo son sumamente
relevantes; no obstante, en este ámbito parece haber una consigna de dejarlo
pasar. Un mutis conveniente de quienes deben ser un contrapeso. Y es que el
manto del Ramo 23 ha alcanzado para cobijar a todos. Aquí no parece haber nadie
libre de culpa ya sea por coerción, omisión, complicidad o compadrazgo.
De lo
anterior podemos concluir que no es poco el poder, injerencia, discrecionalidad
e impunidad de SHCP. No es gratuito que de ahí salgan-sigan-coordinen las
principales políticas públicas de nuestro país desde 1990. Opacidad,
discreción, y poder político, son una mala combinación.