. Aquí nada funciona, la pobreza nos come, la corrupción de la derecha (de la de la izquierda ni se
habla) campa a sus anchas, y somos ese país de pandereta que tantas veces nos
hemos empeñado en pintar y que no se corresponde ni con nuestra historia ni con
nuestro presente. Lástima que la realidad se empeñe cada día en desmentirles y
en demostrar que España es un país que juzga y encarcela a sus corruptos, que
es cada vez una economía más pujante y una democracia más consolidada, con unas
instituciones con mayor calado democrático que el que, desgraciadamente, está
demostrando buena parte de nuestra sociedad.
Si nos atenemos al último ataque
sufrido por nuestras instituciones y estado de derecho, que ha sido el desafío
independentista de la Generalitat y el parlamento autonómico catalán, lo
primero que hay que decir es que la respuesta del Estado ha llegado seguramente
tarde y exasperantemente lenta. Pero es el precio que hay que pagar por tener
uno de los sistemas más garantistas no ya de nuestro entorno, sino de todo el
mundo democrático. Bien hay que decir que hasta 2017 los ataques habían sido
más de intención que de hecho, y que habían recibido la respuesta del Tribunal
Constitucional, pero ello no evita que el sentimiento de la gran mayoría de la
sociedad sea que con el “problema catalán” se ha contemporizado en exceso.
Pero no es menos cierto que
cuando la amenaza se materializó en actos y leyes concretas, la pesada maquinaria
del estado de derecho se puso en marcha y hoy, medio año después, estamos
empezando a ver los resultados de esa respuesta en su verdadera magnitud.
La primera respuesta fue la del
Tribunal Constitucional, anulando los pronunciamientos manifiestamente ilegales
del Parlament. Pero la artillería pesada se puso en marcha dos días después del
bochorno del 1-O, con el Jefe del Estado a la cabeza de la defensa de nuestras
instituciones y nuestro estado de derecho. Todavía no se ha valorado
adecuadamente la importancia de aquel discurso de Felipe VI, justo cuando esos “aliados”
europeos que nos toleran más que nos respetan, estuvieron en un tris de comprar
la propaganda independentista y reconvenir al Reino de España por la inventada
violencia policial del 1-O. Aquel discurso fue un mensaje inequívoco hacia
fuera y hacia dentro, para demostrar que la democracia española no se iba a
dejar zarandear por un puñado de golpistas, y que el deber de los demócratas de
dentro y de fuera, era defender nuestro estado de derecho.
Después vino la respuesta del
Senado, con la aplicación del artículo 155, para muchos insuficiente, pero en
cualquier caso efectiva. Se podrá decir que el partido en el gobierno, con el
respaldo de la mayoría absoluta del Senado, podría haber aplicado un 155 mucho
más contundente, con cierre de TV3 incluido, y con un horizonte electoral más
realista que el que finalmente se impuso, pero este fue el precio que el
Gobierno tuvo que pagar por lograr un 155 con un respaldo de casi el 70% del
electorado español. ¿Alguien puede imaginar el resultado de un 155 con el único
respaldo del Gobierno y toda la oposición en contra? Incluso con el peaje que
fue necesario pagar, lograr el compromiso de los principales partidos de la
oposición da más fuerza a este “155 light” que la que hubiera tenido un 155 más
contundente pero menos respaldado. En eso hay que reconocerle el mérito a Rajoy
de haber conseguido que el 155 no fuera del PP, sino de un bloque democrático
que representa a la inmensa mayoría de los españoles.
Lo que ha venido después ha sido
el incansable trabajo de la Guardia Civil y de los jueces Lamela primero, y
Llarena después, que mientras el independentismo seguía obsequiándonos con un
esperpento tras otro, han ido poniendo negro sobre blanco los hechos que
demuestran que un grupo de golpistas llevaban años conspirando, y finalmente se
conjuraron para romper España sin renunciar si hacía falta al uso de la
violencia, malversando de paso una buena cantidad de caudales públicos.
Ver hoy a esos golpistas en la
cárcel a la espera de juicio, y a las instituciones triunfantes frente a este
ataque, es una victoria de un estado democrático de derecho que ha estado a la
altura de la amenaza, y del que los españoles podemos sentirnos legítimamente
orgullosos.
Sería absurdo que un partido o
gobierno intentara capitalizar un éxito que es de todos, de esta democracia que
llevamos cuarenta años construyendo. Por eso resulta tan esperpéntico que un
partido que no tiene apoyo ni para tener un diputado en el congreso intente
presentarse hoy como el que mete en la cárcel a los golpistas, como que los
independentistas pidan al Gobierno que saque a sus golpistas de la cárcel. Parece
mentira que aún haya que recordar que en democracia es el poder judicial el que
decide si un ciudadano entra o no en prisión. A los delincuentes los meten en
la cárcel los jueces, no los partidos ni los gobiernos. En eso consiste el
estado de derecho.
