. El principal problema de la democracia en el mundo es el
dinero, en específico, el financiamiento a los partidos y a las campañas. En
México, el dinero ilegal fluye sin control a las campañas políticas desde tres
fuentes: los erarios de los tres niveles de gobierno –federal, estatal y
municipal-, una parte del sector empresarial y de la delincuencia organizada
por conducto de empresas fachada.
La
relación entre el dinero y la política ha sido, es y seguirá siendo compleja,
además de ser también una cuestión clave para la calidad y el buen funcionamiento
de la democracia. De ahí la importancia de que sea el sistema democrático el
que controle al dinero y no a la inversa, como es en nuestro país.
El
dinero ilegal está controlando las elecciones. Ocurrió en la elección de
Enrique Peña Nieto como presidente de México y, con impulso presidencial y
complicidad de los órganos electorales mexiquenses y federales, volvió a
ocurrir de nuevo en 2017, ahora en el Estado de México. El dinero que corrió
caudaloso en la campaña mexiquense 2017 tiene diversos orígenes, pero el
principal de ellos es el presupuesto federal, de donde fluyó de cuatro formas:
I).-
Operación política del gabinete legal
y ampliado de Peña Nieto. El “volcamiento” desenfadado de recursos
humanos y materiales, bajo el cobijo de programas sociales y con fines
proselitistas, a la campaña del candidato priísta Alfredo del Mazo Maza rompió,
estrepitosamente y sin rubor alguno, con la equidad en los comicios mexiquenses.
II).-
El subsidio federal inequitativo pero
legal. El dinero que recibió el gobierno de Eruviel Ávila Villegas,
gobernador del Estado de México, fue de los más cuantiosos entre las entidades
federativas en año previo y durante la elección. Destacan los presupuestos muy
por encima de años “no electorales” en rubros como educación, desarrollo
social, salud, seguridad pública y desarrollo rural… y como no hubo avances y
logros proporcionales a tales fondos (inversión pública efectiva), es razonable
pensar que una parte de ellos se destinaron a la campaña priísta de 2017 para
gobernador. Así lo evidencia el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de
la Cámara de Diputados y la Auditoría Superior de la Federación al contrastar
las cuentas públicas y los resultados en la gestión de los principales indicadores
estatales, por citar un ejemplo.
III).-
Triangulaciones sofisticadas para
evadir la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas. Cuantiosas
transferencias ilegales de las arcas federales a las mexiquenses vía servicios
y consultorías supuestamente proporcionados por empresas fantasma, mediante
triangulaciones con universidades privadas y públicas del Estado de México
(Estafa Maestra), varias de las cuales han sido documentadas y hasta denunciadas
por múltiples vías, con la precisión de que la campaña priísta no solo en
Estado de México sino en Veracruz y Coahuila pudo ser destino de gran parte de
esas transferencias. Otra vez, el papel de Animal Político, México: ¿Cómo
vamos?, Mexicanos Primero contra la Corrupción, el IMCO, entre otros, han
documentado estos hechos de manera más que contundente.
IV).-
Fondos Municipales de apoyo a la
infraestructura. Sobre todo del Ramo 33 y 23 desviados de sus fines
legales y probablemente destinados a la campaña priísta de 2017, en varias
entidades de la República, también han sido documentados e investigados por
México Evalúa, IMCO y México ¿Cómo Vamos? Inclusive, para destacar los casos hasta
con procesos judiciales en marcha “truncos”, como el caso Chihuahua (Javier
Corral), y que los gobiernos entrantes de Coahuila, Nuevo León y Veracruz no
han podido ni documentar ni denunciar a cabalidad.
En
este contexto, sonó a broma la declaración de José Antonio Meade cuando siendo
aún precandidato de la coalición encabezada por el PRI, declaró el 21 de
diciembre de 2017: “A ver, que no quepa
la menor duda de que en esta campaña no va a haber absolutamente un peso que no
tenga un origen lícito y del cual no se puedan rendir cuentas”.
El
implacable Meade formuló esta
declaración casi al mismo tiempo en el que le prodigaba afecto personal a
Alejandro Gutiérrez, detenido por el Gobierno de Chihuahua, presuntamente por
desviar 250 millones de pesos para financiar campañas priístas en 2016. Así las
cosas.
@leon_alvarez
