Pagar pensiones con impuestos - Ciudadanía - Reeditor.com

. En el artículo 50 del texto constitucional se establece muy claramente que los poderes públicos garantizarán pensiones suficientes económicamente para los jubilados. Se hace referencia explícita a que los ingresos de los pensionistas sean adecuados y sean periódicamente actualizados.
Aunque la cuestión esencial es que se garantiza el derecho a una pensión digna para poder vivir adecuadamente. Y la responsabilidad es de los poderes públicos y no de los ciudadanos.

Que Rajoy diga que es preciso que los ciudadanos ahorren para su jubilación o que la complementen con planes privados de pensiones, porque va a producirse una considerable pérdida de poder adquisitivo por la inflación y por otras causas me parece excesivo.

El Gobierno y los poderes públicos tienen, a mi juicio, la obligación legal y moral de garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones y también la educación y la sanidad.

No cabe duda de que pueden existir planes privados de pensiones para los que quieren ahorrar con ellos de cara a su retiro. Y me parece bien que, como quiere Rajoy, a los diez años puedan sacar su dinero del plan de pensiones.

Lo que no es lógico ni coherente es que se pretenda dar a entender que todos los ciudadanos españoles pueden introducir sus ahorros en planes privados de bancos u otras entidades, de cara a su jubilación.

Existen cientos de miles o millones de españoles en activo que no pueden, aunque quieran, dar dinero para un plan de jubilación privado, porque viven con sueldos bajos que dan para vivir y nada más.Estos millones de ciudadanos tienen derecho a una pensión pública suficiente para poder vivir adecuadamente, algo garantizado y exigido por la Constitución. Y los que podrían ahorrar también.

El déficit del sistema de pensiones no se puede solucionar retrasando la edad de jubilación como proponen organismos internacionales, como, por ejemplo, la Unión Europea o el Fondo Monetario Internacional.

Se resuelve con impuestos finalistas a la banca y a los ciudadanos que disfrutan de más ingresos. Si se suben algo los impuestos a todos los ciudadanos que tributan se arreglaría el problema de la pérdida de poder adquisitivo y se iría reduciendo el déficit. Este tipo de medidas ya las están proponiendo dos partidos políticos españoles.

El Pacto de Toledo debe servir para algo. La subida anual del 0,25% de las jubilaciones es simbólica y ridícula, ya que supone menos de 3 euros al año, aproximadamente.

En Suecia existe una pensión mínima garantizada vía impuestos. Es un país que ha cambiado o reformado hace años su sistema de pensiones y es un Estado que está a la cabeza del desarrollo social y económico. En Reino Unido también se paga una pensión básica estatal a los que la necesitan y que procede de los impuestos de los que poseen más ingresos y están trabajando o en activo.

El PSOE propone para pagar las pensiones un impuesto del 8% a la banca y subir las cotizaciones a los que más ganan. Esta clase de propuestas y otras similares deben ser estudiadas y aprobadas por los partidos políticos españoles dialogando y negociando, porque son de interés general.

Lo que es absolutamente injusto es permitir que millones de españoles tengan pensiones miserables con las que no puedan vivir. Es insolidario y va contra la justicia social y los derechos humanos. La solidaridad intergeneracional debe ser realizada de hecho con nuevos impuestos dedicados a garantizar unas jubilaciones dignas y subidas de acuerdo con el IPC.

Retrasar la edad de jubilación es tremendamente injusto e insolidario. Por numerosas razones. Primera: nadie sabe lo que le resta de vida. Segunda: supone la afirmación del relativismo más absoluto. Tercera: es como decir sálvese quien pueda. Cuarta: los ciudadanos tienen derecho a descansar después de toda una vida de trabajo y no seguir al pie del cañón hasta su muerte. Y se podrían añadir muchas más razones.

Lo lógico y realmente justo sería que la edad de jubilación fuera como máximo a los 65 años en todos los casos. Por cierto, las leyes y normas referidas a esto se pueden cambiar, si existe voluntad política de hacerlo.