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El beneficio de la vida.


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05/12/2017


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Mientras se está lejos de resolver el Caso Maldonado, muy cerca de Esquel en una toma de tierras de Parque Nacionales en Villa Mascardi otro joven terminó  muerto por una patrulla de represión de Prefectura. 






El primer detalle a la vista y que nos lleva a una pregunta inevitable, sería: ¿No aprendió nada el gobierno de esta problemática y cómo abordarla, después de 78 días de desidia y dolor por el Caso Maldonado?

El segundo detalle no menor, es más diría preocupante y quizá el mensaje más contradictorio que se dio en toda esta última etapa democrática, fue lo que dijo el gobierno, a través de su Ministra de Seguridad Patricia Bullrich y la Vicepresidenta Gabriela Michetti.

Esta última dijo en el programa de Majul "El beneficio de la duda siempre lo tiene la fuerza de seguridad, que tiene la potestad de la fuerza y la que va a proteger a la sociedad..."

Se me ocurren muchas preguntas sobre este concepto de Michetti, pero empezando por lo social preguntaría: ¿quiere decir que los mapuches en este caso pero podría ser cualquier grupo o sector excluido, además de ser excluido no lo considera parte de la sociedad? Además le pregunto ¿Las Fuerzas de Seguridad no tienen como misión central proteger la vida y luego los bienes de las personas? ¿Entonces los Mapuches en este caso si es esa la misión, no serían personas? Pero sin duda la pregunta más importante, para un país que tiene registros oficiales de más de 3400 casos de muertes por violencia estatal  en las últimas dos décadas y cada año decenas de casos de gatillo fácil, apremios, y torturas ¿no cree que fijar el precedente de "beneficio de la duda siempre para una Fuerza" abre un panorama siniestro para miles de personas vulnerables a sus acciones?

Con respecto al mensaje de Bullrich, hay que decir que desde cualquier posición política o ideológica que se analice, fue inesperado. 

Venir del Caso Maldonado donde casi todo lo que dijo en los 78 días se comprobó falso, se esperaba que en esta oportunidad fuera cauta, pero no,  fue por más. Subió la apuesta y en una clara situación, que en la próxima columna voy a detallar, de abuso de armas  por parte de Los Albatros, ella los bancó tanto como antes a los Gendarmes.

La Ministra dijo  que:"hay grupos que no respetan la ley, que no reconocen a la Argentina, que no aceptan el estado, la constitución, nuestros símbolos, que se consideran como poder fáctico que puede resolver con una ley distinta a todos". "Han tomado a la violencia como la forma de acción política"

Sacando lo de "no reconocen la Argentina... y Nuestros símbolos.." la descripción que hizo la Ministra para caracterizar a RAM o los mapuches violentos, encaja perfectamente en la actitud de los Gendarmes en Esquel y de los Albatros en Villa Mascardi.

Piedras, hachas, palos, escopetazos, superioridad numérica total de la fuerza y alta agresividad en sus acciones en Cushamen, donde no hubo orden judicial para que ingresen los Gendarmes y argumentaron una flagrancia ( que había cesado al dejar la ruta los mapuches), es por lo menos excesivo. En este nuevo caso, responder con ráfagas de ametralladora a un ataque con piedras, lanzas y supuestas armas que no se secuestraron ni encontraron, pero tampoco el fallecido tenía pólvora en sus manos, ni los detenidos que ya fueron liberados, parece menos profesional todavía que los Gendarmes y mucho más brutal que el resultado anterior.

El reclamo mapuche, indígena y si quieren creer que existe la RAM como la construyeron, también la incluyo, en principio no es distinto al reclamo de otros sectores sociales postergados, en la pobreza, que tienen déficit habitacional, trabajo precario o desocupación y apenas sobreviven. En este aspecto el reclamo indígena es un reclamo social también, pero con una profunda diferencia, este sector social y étnico (si se trata de descendientes de originarios y su proyecto de vida y productivo es comunitario), tiene la Ley 26160 que les da derechos y los respalda. Ley que si la vemos desde el punto de vista práctico, es un intento de reparación, pero aún aplicada en su máximo rigor, es una reparación tardía. En CaBA, PBA y la región que denominamos AMBA, como también en gran parte de los Conurbanos de las ciudades importantes, las villa miseria, asentamientos y tomas de tierras, tanto públicas como privadas, se hicieron de hecho, avanzaron sobre territorios, en promedio significan un tercio o más de las ciudades y nunca tuvieron una ley de tierras, que al menos justifiquen en algo esas acciones de usurpación.

Los indígenas tienen leyes de tierras que les otorgan derechos desde 1945 con el primer decreto presidencial, luego otro decreto presidencial de 1977,  a continuación la primera ley en 1985, la segunda en 1992, en 1994 quedó sellado el derecho en el art.75 inc 17 de la Constitución y por último la ley de 2006. Ninguna se cumplió. Como tampoco se respetaron los títulos otorgados como Colonias o Comunidades Indígenas luego de la Campaña del Desierto

Nada justifica la violencia, menos aún la violencia política, sin embargo más de 70 años de derechos incumplidos y documentos históricos de títulos de tierras de algunas comunidades de la época de Roca que tampoco se respetaron, alguna reacción debían generar. 

La pregunta para el gobierno, para la ministra de seguridad y también para aquellos que hasta ahora aprobaron la violencia estatal para resolver estas reacciones, sería ¿creen que el modo de resolver los conflictos sociales y este en particular que además se sostiene en derechos indígenas, es a través de la violencia de las Fuerzas? ¿No creen que es el Estado el que está en deuda, y que antes de reprimir en un corte o protesta y desalojar de modo brutal incluso a mujeres y niños, le deben un diálogo a esos descendientes indígenas? ¿No creen que dado los incumplimientos históricos del Estado, deberían suspender toda acción contra ellos como indica la ley 26160, verificar las comunidades y los territorios y terminar con la escalada violenta?

El estado y sus fuerzas de seguridad, para evitar un daño, un mal o un delito, no pueden a la vez provocar un daño, un mal mayor y hasta otros delitos.

El Corte de la Ruta 40 ya no está, pero el resultado de las acciones oficiales fue la muerte de Maldonado.

Por el contrario la toma en Mascardi continúa, pero Nahuel perdió su vida.

¿Un corte de ruta, una toma de tierras, vale la vida de dos jóvenes?

El beneficio debería se de la vida y no de la duda.





Etiquetas:   Mapuche   ·   Leyes   ·   Gobierno

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