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Desapareciendo el control constitucional


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30/11/2017


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El día de ayer, 29 de noviembre de 2017, el Presidente Moreno decidió acudir directamente al Consejo Nacional Electoral (CNE) con su convocatoria a consulta popular, sin esperar que la Corte Constitucional (CC) se pronuncie sobre la constitucionalidad de las preguntas por Moreno planteadas. El argumento utilizado por Moreno es que el artículo 105 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJC) dispone que “Si la Corte Constitucional no resolviere sobre la convocatoria, los considerandos y el cuestionario del referendo, dentro del término de veinte días siguientes a haber iniciado el respectivo control previo, se entenderá que ha emitido dictamen favorable”.


Moreno contabiliza este término de 20 días desde que se remitieron a la CC las preguntas. Sin embargo, los artículos 9 y 85 de la Codificación del Reglamento de Sustanciación de Procesos en la Corte Constitucional dispone que el término de 20 días puede suspenderse en ciertas circunstancias, por lo que a criterio de la CC el término de 20 días aún no ha fenecido.

Las voces afines a Moreno sostienen que el Reglamento sirve para aplicar la LOGJC, mas no para interpretarla o modificarla. En consecuencia, dicen estas voces, el Reglamento no puede ampliar los términos legales, y esa suspensión del término que consagra el Reglamento sería entonces ilegal. Cabe entonces preguntarse ¿está el Reglamento modificado la LOGJC? Para responder a esta pregunta es necesario comprender el propósito tras el Art. 105 de la LOGJC, así como el propósito de los artículos 9 y 85 del Reglamento.

El término de 20 días de la LOGJC sirve para impedir que procesos de consulta popular no se vean mermados por la inacción de la CC. Para impedir que un organismo del Estado (la CC), con su inacción, deliberada o no, interrumpa las legítimas aspiraciones que otro organismo del Estado o la ciudadanía tienen al buscar la convocatoria a consulta popular. Imaginémonos que si no existiera este término, las preguntas de consulta popular podrían quedar por meses o años durmiendo el sueño de los justos si una CC maliciosa o negligente no tuviese la voluntad de analizar las preguntas.

Por su parte, los artículos 9 y 85 del Reglamento buscan que la CC, sus salas o sus jueces, tengan el tiempo suficiente para tratar el asunto bajo consideración de manera profunda y responsable. De no mediar la suspensión del término, la CC podría verse impedida de buscar el apoyo técnico requerido para resolver la causa, o de ordenar la práctica de diligencias como audiencias para que los amici curiae expongan sus diversos puntos de vista, o de solicitar estudios especializados que brinden información técnica que la Corte no conoce, pero necesita para decidir. Todo ello afectaría a la administración de justicia constitucional. En suma, el espíritu del Reglamento es permitir a la CC recibir más información para que su decisión esté mejor fundamentada, responda mejor a los intereses de la justicia, y escuche a la mayor cantidad de personas o instituciones involucradas, democratizando así el acceso a la justicia.

No habría entonces contradicción entre el término dispuesto en la LOGJC y la norma reglamentaria, si la CC no demora maliciosa o negligentemente el trámite, sino todo lo contrario, suspende el término para resolver una causa de mejor manera, más aun cuando la causa que nos ocupa se refiere a una consulta popular que pretende modificar la estructura del Estado y restringir derechos políticos de candidatos y electores. Vistas así las cosas, el Reglamento estaría dando efecto al principio consagrado en el Art. 169 de la Constitución, que dispone que el sistema procesal (incluido el relativo al control constitucional) “es un medio para la realización de la justicia”, y por ello, “las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades”.

Exigir a la CC que por cumplir un término deje de oír a los actores políticos y sociales que presentaron escritos de amici curiae, o que deje de solicitar informes, ordenar diligencias o solicitar estudios técnicos, significaría sacrificar la justicia o violentar los principios de concentración, contradicción y dispositivo que la sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, etapas y diligencias deben llevar a cabo conforme al Art. 168(6) de la Constitución. Por el contrario, permitir que la CC suspenda el plazo legal para llevar a cabo todas las diligencias y estudios que le lleven a adoptar una decisión lo mayor informada posible, escuchando a los sectores que se sienten afectados por las preguntas, no solo es deseable, sino constitucional y propio de una sociedad democrática y republicana.

Un segundo aspecto a considerar es el momento en que Moreno cuestiona al Reglamento. Como se desprende del expediente ante la CC, se informó al proponente y a la ciudadanía que “en virtud de la diligencia ordenada […] se suspende el decurso de los plazos y términos”. Moreno, la Secretaria Jurídica de la Presidencia, y todos quienes participan en la causa estaban informados y eran conscientes que el término de 20 días estaba siendo suspendido en eras de que se lleven a cabo las diligencias ordenadas. ¿Por qué Moreno no cuestionó la suspensión del término cuando fue informado de la misma? ¿Por qué no se esgrimieron todos los argumentos que ahora se esgrimen? Si alguna duda o discrepancia tenía Moreno o su Secretaría Jurídica de que el Reglamento estaba en inconformidad con la Ley, ¿por qué no presentó un escrito, un recurso o una impugnación quejándose de la suspensión y argumentando lo que ahora argumenta?

Ninguna autoridad judicial o administrativa ha declarado que el Reglamento viola la Ley o la Constitución. Ninguna. Y Moreno no ha cuestionado la validez del Reglamento sino hasta el 29 de noviembre que decidió requerir al CNE que convoque a consulta popular. Moreno actuó agazapado, esperando en las sombras conocer el informe de la jueza ponente de la CC, que de seguro no dio paso a las preguntas 2 y 3 de la consulta, para saltar sobre la CC y argüir una cuestión de términos, una cuestión formal que nunca antes criticó.

De otro lado, los morenistas sostienen que tan correcta es la aplicación del término de 20 días hoy como lo fue cuando el Presidente Correa aplicó el término legal en el 2011 respecto a la consulta popular sobre si La Concordia pertenecía a Esmeraldas o a Santo Domingo. La diferencia entre una y otra consulta es que, de la información disponible, no se desprende que en el 2011 la CC haya suspendido el término legal para realizar ninguna diligencia adicional, mientras que en el actual procedimiento sí se ha suspendido el término legal. La comparación entonces entre una y otra consulta sería a todas luces impertinente.

Para finalizar, la revisión constitucional que tiene que hacer la CC de las preguntas presentadas por Moreno es un paso fundamental que no puede ser obviado por meras leguleyadas. El trabajo de la CC en esta consulta es doble. Por un lado, debe velar porque se respete la estructura del Estado y la institucionalidad del país. La pregunta sobre el Consejo de Participación Ciudadana requiere un análisis de constitucionalidad que nos diga si las reformas planteadas por Moreno serían o no un golpe de estado, a través del cual el Ejecutivo nombre a un Consejo de Participación Transitorio que tenga competencias de la Asamblea Nacional y pueda incluso nombrar magistrados de la propia CC. En segundo lugar, los ecuatorianos tenemos ahora un amplio derecho de elegir y ser elegidos, que solo tiene como limitación razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal. La CC debe proteger estos derechos, incluso protegerlos del mismo pueblo.







Fuente original de la imagen de portada aquí.





Etiquetas:   Ecuador   ·   Consulta Popular   ·   Corte Constitucional   ·   Lenín Moreno

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