Un Tribunal que asume competencias electorales

El 31 de octubre del 2017, la Dirección Nacional del Movimiento Alianza País resolvió que el señor Lenín Moreno Garcés perdía de manera inmediata su dignidad como Presidente del Movimiento Alianza País. Lenín Moreno decidió impugnar dicha decisión a través de una solicitud de medidas cautelares, la cual, previo sorteo, recayó en el Tribunal de Garantías Penales con sede en la parroquia Quitumbe del Distrito Metropolitano de Quito. En su escrito de impugnación, el cual por cierto se encuentra plagado de adjetivos descalificativos, Lenín Moreno consideró que únicamente la Convención Nacional, y no la Directiva Nacional, era la competente para adoptar este tipo de decisiones; que la Directiva Nacional no se reunió en la forma prevista por la normativa interna del Movimiento; y finalmente afirmó que se vulneró su derecho al debido proceso y habría una posible violación de sus derechos políticos. El Tribunal de Garantías Penales, mediante sentencia de 1 de noviembre de 2017, decidió acoger en su totalidad la solicitud del señor Moreno, cesando los efectos de la Resolución de 31 de octubre de 2017 de la Dirección Nacional.

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La decisión del Tribunal de Garantías Penales adolece de severas fallas legales. Conforme a los artículos 6 y 26 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional las medidas cautelares “tendrán por objeto evitar o cesar la amenaza o violación de los derechos reconocidos en la Constitución y en instrumentos internacionales sobre derechos humanos”. Los artículos mencionados no autorizan al Tribunal de Garantías Penales para decidir asuntos tales como cuál es la autoridad competente para destituir al señor Moreno como Presidente de Alianza País, o cómo se llevó a cabo la reunión de la Directiva Nacional. Esas cuestiones deben ser tratadas al interior del propio Movimiento Alianza País, o en su caso, frente a las autoridades electorales competentes. La única función del Tribunal de Garantías Penales era verificar si existía una amenaza o violación a un derecho constitucional o a un derecho humano internacional.

Los derechos fundamentales que el señor Moreno alegó como vulnerados, y el Tribunal de Garantías Penales así lo declaró, son el derecho al debido proceso y el derecho a la participación política. El problema radica en que el Tribunal aplicó la normativa constitucional del debido proceso y del derecho de participación política a decisiones que no fueron adoptadas por órganos jurisdiccionales o por órganos de la administración pública, sino por un movimiento político que no tiene el carácter de órgano de Estado. En otras palabras, quien debe ofrecer las garantías del debido proceso es el Estado y no una agrupación particular. Esto se desprende del propio texto constitucional usado por el Tribunal de Garantías Penales. Así, el Artículo 76 de la Constitución habla de “autoridad administrativa o judicial” y no de directivas de movimientos políticos o de federaciones de estudiantes. Habla de resoluciones administrativas firmes o sentencias ejecutoriadas, y no de decisiones de condóminos de edificios o de cooperativas de transporte. Habla de la tipificación en la ley o de sanciones previstas en la Constitución, y no de estatutos de compañías o de reglas de la federación de ajedrez. Habla de procedimientos judiciales o administrativos, y no de procedimientos para designar o remover a la directiva de una fundación privada. En suma, el texto constitucional habla de actos, procedimientos y normativa de Estado y no de actos, procedimientos y normativa de particulares, entre ellos los movimientos políticos.

En el mismo sentido se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando sostuvo que el derecho al debido proceso protegido en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos debe ser ofrecido por cualquier autoridad pública, sea administrativa –colegiada o unipersonal–, legislativa o judicial (Caso Claude Reyes y otros vs. Chile, párr. 118). La aplicación del debido proceso es entonces frente a tribunales u órganos estatales encargados de determinar derechos u obligaciones de las personas (Caso Apitz Barbera y otros vs. Venezuela, párr. 72; Barbani Duarte y otros vs. Uruguay, párr. 120, y Caso Furlan y Familiares vs. Argentina, párr. 228). La Directiva Nacional y el movimiento mismo Alianza País no son órganos estatales, por lo que no les es aplicable el artículo constitucional que el Tribunal de Garantías Penales argumentó en su sentencia. Consecuentemente, el Tribunal de Garantías no tenía competencia material para dictar la medida cautelar sobre la alegada violación al debido proceso.

En lo que se refiere a los derechos políticos, el Tribunal de Garantías determinó que la resolución de la Directiva Nacional significaba una “posible violación de los derechos de participación del peticionario previstos en el artículo 61 de la Constitución, en especial el derecho a ser elegido (numeral 1) y el derecho a afiliar[se] y desafiliar[se] libremente de su movimiento y participar libremente de todas las decisiones que estos adopten”. El derecho a ser elegido debe ser entendido en el sentido expuesto en el artículo 23(1)(b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual establece que este derecho se enmarca en “elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores”. Esto quiere decir que el derecho a ser elegido protegido por la Constitución y los tratados internacionales se refiere exclusivamente a procesos políticos-electorales y no a procesos internos de las organizaciones políticas o procesos de índole particular como la elección del presidente de la asamblea de condóminos o de los representantes de sindicatos. Del mismo modo, las formas y procesos de elección de las autoridades de los movimientos políticos o de las agrupaciones privadas se rigen por las normas y estatutos de esos mismos movimientos o agrupaciones. De haber alguna vulneración a un individuo miembro de esas agrupaciones corresponderá solventar el asunto al interior de la misma organización y, en su caso, en el ámbito de las competencias de las respectivas autores estatales. En el caso de los movimientos políticos la autoridad estatal competente es la autoridad electoral.

Asimismo, el derecho del señor Moreno de afiliarse o desafiliarse de una agrupación política no está siendo afectado, pues la Resolución de la Directiva Nacional de Alianza País no se refiere a su permanencia o no en el Movimiento Alianza País. El señor Moreno sigue siendo miembro. Lo que se ha hecho es removerlo de su cargo como Presidente del Movimiento. Si el señor Moreno está en contra de esa decisión, lo correspondiente sería que plantee su queja al interior del propio Movimiento y, de ser el caso, frente a la autoridad electoral competente. El Tribunal de Garantías Penales tampoco tendría entonces competencia material para haber dictado las medidas cautelares.

En conclusión, las medidas cautelares no eran la vía adecuada para solucionar la situación que el señor Moreno mantiene al interior de Alianza País, y el Tribunal de Garantías Penales al haber concedido las medidas cautelares ha incurrido en dos errores graves. Primero, ha aplicado normativa constitucional que era únicamente aplicable a autoridades público-estatales, no siendo Alianza País una autoridad público-estatal. Y segundo, se ha arrogado funciones que competen a las autoridades electorales ecuatorianas.

Escrito por: Oswaldo Ruiz Chiriboga

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