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sí. Pero sobre todo, quiero redactar, participar, debatir. Hemos esperado -y
aguantado- 393 meses desde su aprobación en referéndum… y ahora parece que en
un mes debemos afrontar una reforma urgente de la Constitución Española. Hasta ahora, a
pesar de que ha habido muchos argumentos y motivos, la única reforma constitucional, ha consistido
en añadir, en el artículo 13.2, la expresión “y pasivo”, referida al ejercicio del derecho de
sufragio de los extranjeros en elecciones municipales. Fue en 1992. Sin
referéndum.
Vaya por
delante que creo que es una anormalidad democrática que la Constitución no se
haya modificado hasta ahora. La mayoría de los países europeos hacen reformas
frecuentes para mantener vivo y dinámico su texto fundamental. El formol es
para los antiguos museos de biología, no para la política. Es un fracaso
colectivo que no hayamos conseguido mayorías y consensos políticos para abordar
y actualizar el texto a la realidad del siglo XXI y a la nuevas demandas
sociales, a los nuevos contextos geopolíticos o a las aplazadas reformas de
nuestro sistema de representación electoral o de nuestro modelo de Estado. La
sacralización y petrificación del texto a través de su inmaculado respeto es un
síntoma de debilidad y de miedo, más que un cuadro de garantías democráticas
que se protege mejor con la inmovilidad que con la modernidad y la
actualización.
En este contexto de crisis económica y de la política (post
15-M), a pocas semanas de las elecciones del 20N, y en un momento
agonizante de la legislatura y del liderazgo del Gobierno, el presidente
Zapatero propone una reforma que antes había rechazado y a la que el actual
candidato socialista, también se había opuesto. Me muero por saber qué le dijo
Zapatero a Rubalcaba para convencerle, la noche anterior a su propuesta, en una
simple conversación. O las convicciones de ambos eran poco consistentes o los
nuevos argumentos, las urgencias y los procedimientos son tan convincentes,
extraordinarios y graves que reclaman una completa explicación a los
ciudadanos. Y, evidentemente, un gran debate social y político. Si es urgente
es porque es grave. Y si es grave es porque es imprescindible e inevitable. Y
si es urgente, grave y necesario mejor que lo asumamos –y decidamos- entre todos y con todas las
consecuencias.
La política democrática está en sus cotas más bajas de
valoración, credibilidad y confianza. Hurtar el debate (los argumentos) y la
decisión (el referéndum) a los ciudadanos puede ser
una decisión equivocada. Pero sobre todo puede significar una ruptura
-¿definitiva?- de la legitimidad democrática de un sistema de representación
política cuestionado seriamente por la opinión pública. Los partidos que hoy
son considerados el segundo problema de la sociedad van a tomar una decisión
legal, y legítima desde el punto de vista de su tramitación parlamentaria,
pero, pero que difícilmente será percibida como democrática. Tienen la
autoridad y la legalidad, sí. Pero para esta decisión, en este momento y en
este contexto, se necesitan auctoritas y legitimidad moral. Y no las tienen,
suficientemente. Solo un gran debate y un proceso decisorio inclusivo,
participativo y abierto podrían reducir la brecha entre la política formal y la
ciudadanía.
Islandia, por ejemplo, ha seguido otra vía. Es cierto que la
crisis económica y política ha obligado a este pequeño país a “refundarse”, a,
casi, empezar de nuevo. A reinventarse. Y nada mejor que pensar, entre todos y
juntos, la Constitución. Han decidido recurrir alcrowdsourcing cívico para redactar un nuevo texto, a través de
un extraordinario proceso de participación y debate que, con ayuda de la
tecnología colaborativa, está abriendo la discusión a toda la ciudadanía sin un
protagonismo exclusivo ni decisivo de las debilitadas fuerzas políticas.
Este proceso está favoreciendo la responsabilidad cívica y
política de los islandeses en el destino común. Y explora nuevas formas de
compromiso político, cívico e institucional mejor trabadas por el consenso
social. Es un camino que puede reactivar las energías sociales, empoderar a los
ciudadanos y fortalecer la transparencia y la ejemplaridad políticas. Además,
si bien es cierto que nuestras democracias se sustentan sobre el principio y la
base de representantes cualificados para dirigir y legislar, parece que esta
afirmación y esta percepción ya no se corresponden con la realidad. Tampoco son
suficientes para afrontar y resolver los retos de la situación económica y
política actuales.
Esta reforma
llega tarde, precipitada e incompleta. Pero deberíamos aprovechar esta
oportunidad para un triple desafío:
Primero, para que la reforma sea
un paso para la reconciliación entre la política y la ciudadanía. No
para contribuir a su desagarro definitivo. Y para ello el debate y la
participación parecen insubstituibles. La democracia representativa se quedó
sin suficientes nutrientes y energías. Necesitamos dosis e injertos de democracia participativa. No se trata de
quimeras, ni de sueños, ni de utopías, sino de un reto inaplazable.
Segundo, para que la reforma
permita recuperar la credibilidad en nuestras instituciones, procedimientos y
textos fundamentales. Paolo Flores d’Arcais decía que las leyes son el poder de
los que no tienen poder. No redactemos y votemos la ley de leyes sin las
personas, sin su participación, sin “su poder”. Tenemos tecnologías suficientes
y transparentes para afrontar un desafío histórico. Esta crisis no es
coyuntural, parece sistémica. Y necesitamos un revulsivo total. El modelo islandés, debe ser una
experiencia a seguir, a considerar y a adecuar a nuestra situación. ¿Por qué
no?
Tercero, para que la reforma
permita una aproximación al texto jurídico final con más reflexiones, ideas y
propuestas. España está en caída libre en materia de innovación. La creatividad
social que puede resultar de un gran debate político en red y en las redes,
junto con los desarrollos tecnológicos y la innovación de procesos y metodologías
deben impulsarnos para recuperar el talento y la creatividad social.
Necesitamos sorprendernos y reencontrarnos.
La Constitución 1.0 está agotada. No hagamos de esta reforma
un trámite final y agónico, sino un reto nuevo e iniciático. Y si hay que tocarla
puntualmente, incorporemos entonces en su texto el punto clave: reconocer
Internet como un derecho humano básico, tal y como proponenlas Naciones Unidas en su reciente declaración del pasado mes de junio. Esto, más que
un techo de gasto limitante y resignado, sería una auténtica ventana abierta al
futuro.
¡Viva la
Constitución 2.0! Hagámoslo posible.
http://www.gutierrez-rubi.es/
