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Aunque el Gobierno va a recurrir la
aprobación de la ley del referéndum y otras cuestiones no creo que sea
suficiente. Y lo digo, porque los independentistas no parecen detenerse ante
nada. La Diada de este próximo lunes día 11 de septiembre es otro reto para los
partidos constitucionalistas y una fecha de exaltación de la nación catalana
independiente.
Aunque Rajoy y Pedro Sánchez están de acuerdo en la proporcionalidad y la
firmeza ante el desafío independentista no se ven resultados que avalen el
optimismo, sino más bien todo lo contrario. Porque los dirigentes de los
partidos que apoyan la consulta siguen firmes en sus propósitos a pesar de las
advertencias de las autoridades y de los tribunales. Y no parece que hagan
mucho caso de las sentencias.
Además, por si fuera poco, lo referido a la decisión judicial que ordena que paguen de
su bolsillo los aproximadamente cinco millones de euros que costó el anterior
referéndum o que sean embargados determinados altos dirigentes catalanes por
una consulta popular que tampoco se iba a celebrar y se celebró está, a mi
juicio, muy bien, pero ya han dicho que van a realizar una colecta para reunir
la citada cantidad. Todo esto suena a burla
a la democracia y al Estado de Derecho. Y digo más, lo es realmente
y no hace falta ser jurista para
afirmarlo.
El Gobierno ha dicho que va a reunirse
en Consejo de Ministros extraordinario. Ahora bien, o toma medidas inmediatas y
muy contundentes o me temo que el tema de la independencia de Cataluña se le
está yendo de las manos poco a poco. Espero que no sea así.
La fuerza, de momento, la está
demostrando la Generalitat y el Parlament con la energía de los políticos
independentistas que hacen y deshacen a su antojo. Y, si siguen así, está claro
lo que puede ocurrir. En política, a veces, sobran las palabras y hacen falta
hechos.
Si se espera más la unidad de España
puede romperse para siempre. Puede que estemos viviendo un momento histórico
por su trascendencia y significación para todos los españoles. España se juega
mucho en todos los sentidos. Se puede dar un margen de confianza al
ejecutivo para que solucione el tremendo
enredo secesionista.
Si tienen que intervenir la Policía
Nacional y la Guardia Civil no pasaría nada, ya que sería para hacer cumplir
las leyes, las sentencias y los principios constitucionales y legales del
Estado español. Y el fin justifica el uso de estos medios.
Los Mossos tienen la obligación de
cumplir y respetar el ordenamiento jurídico vigente de España y si no lo
hicieran se supone que deberían hacerlo las otras fuerzas de seguridad
españolas existentes. Parece un escenario apocalíptico, pero es posible, por
desgracia, que se produzca.
Si el independentismo no obedece las
sentencias y se salta las leyes es evidente que debe aplicarse la fuerza
coercitiva para que esto no siga sucediendo de modo continuo e imparable. En
cualquier estado democrático se aplica la coerción, si no existe otra solución
ante el incumplimiento de la ley y al cometerse delitos. La sedición es delito
y está recogida en el Código Penal. Es necesario actuar ya.e aquí tu artículo
