La viga en el propio

. Produce más sonrojo aún que el presidente nacional del partido, el señor Mariano Rajoy, se haya mostrado incapaz de cobrarse la "peseta para el duro" que los dirigentes valencianos le recordaban hace pocos días de otra forma más decente que la de nominar como candidato a la presidencia de la Comunidad Valenciana a un candidato enloquecido, que ha mentido en sede judicial y parlamentaria, que otorgó a dedo millonarios contratos a la trama corrupta de Correa y a su "amiguito del alma" el Bigotes, que, según se deduce del expediente que en los próximos días tendrá que aceptar el TSJCV procedente de la instrucción del juez Piñeira, ha auspiciado la financiación ilegal de su partido en Valencia, y que, por encima de todo, lleva casi dos años acusando sin pruebas a jueces, fiscales, policías y Gobierno de haber conspirado en su contra sin que todavía le hayamos escuchado ni una sola explicación o disculpa. También provoca cierta vergüenza ajena ver cómo la secretaria general del Partido Popular exige la dimisión inmediata no ya de los implicados en casos de corrupción, que tendría relativa lógica, sino incluso de aquéllos que ni por asomo están implicados en ningún caso de corrupción, alegando aquella famosa creación de Trillo y Aznar, la responsabilidad in vigilando, que tanto aplican a los demás pero que desconocen a la hora de enfrentarse a sus propias vergüenzas. No seré yo quien defienda a los corruptos, del signo político que sean, que hayan metido la mano en la caja de los EREs de Andalucía o hayan favorecido la inclusión de familiares o de militantes del PSOE en regulaciones de empleo ajenas. Es más, quienes hayan participado en tal tropelía tendrán que soportar el peso de la ley con todas sus consecuencias, y tendrán que ser además expulsados inmediatamente de las filas del partido. Pero es evidente que, si hacemos un análisis sosegado de los hechos, cualitativo y cuantitativo, ni la envergadura de los casos ni la reacción política de ambos partidos puede acabar en tablas.Análisis CuantitativoLa trama Gürtel ha provocado la imputación (en último grado, es decir, paso previo al proceso) de cinco alcaldes del Partido Popular de Madrid (PPM), tres diputados autonómicos del PPM, del consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, de un diputado nacional del PP, de un eurodiputado del PP, del Tesorero nacional del PP y senador Luis Bárcenas, del presidente de la Comunidad Valenciana y presidente del Partido Popular de Valencia (PPV), Francisco Camps,  del secretario general del PPV y diputado en la Asamblea de la Comunidad Valenciana, Ricardo Costa, del vicepresidente de la Comunidad Valenciana, Gerardo Camps, y otro diputado del PPV. También hay imputados afiliados al PP de Galicia y de Castilla y León. La trama de los ERE fraudulentos de Andalucía, por ahora, implica al Secretario General de Empleo (cargo dependiente del Viceconsejero) de la Junta de Andalucía durante nueve años, Javier Guerrero. De los 70 expedientes irregulares identificados (de los más de 1400 estudiados), sólo 8 pertenecen a militantes socialistas de rango inferior, entre ellos algunos concejales del ayuntamiento de Camas. También figura la suegra de Javier Guerrero. Por ahora, y según indican fuentes judiciales, la implicación de los ex consejeros Antonio Fernández y José Antonio Viera es bastante improbable. De la rama perteneciente al ERE de MercaSevilla, hay implicados varios delegados municipales del Ayuntamiento de Sevilla, pertenecientes al PSOE y a IU. Con respecto a la cantidades prevaricadas, la trama Gürtel se habría apoderado presuntamente de aproximadamente 120 millones de euros. En Valencia, Orange Market obtuvo contratos con la Administración Valenciana valorados en 17 millones de euros. Además, la visita del Papa les habría reportado unos beneficios adicionales de 12 millones de euros. Es difícil cuantificar el dinero malversado a través de los expedientes de regulación fraudulentos en Andalucía. De los 670 millones dedicados durante nueve años a los expedientes de regulación de empleo, todo indica que los fondos irregulares podrían alcanzar en torno a 8 millones de euros. Análisis Cualitativo Me habrán leído más de una vez escribir en éste y otros foros que ningún partido puede evitar que, en el ejercicio del poder, surjan sinvergüenzas que metan la mano en la caja y se lucren indebidamente de los fondos procedentes de todos los ciudadanos o favorezcan el enriquecimiento de otros amigos o familiares. Lo que sí pueden hacer los partidos, una vez han detectado la existencia de casos de corrupción en su seno, es ponerse a la cabeza de la manifestación, expulsar inmediatamente a los corruptos y condenar sin ambages a los que hayan actuado de forma fraudulenta. El Partido Popular, que antaño fuera, según palabras de su Presidente de Honor José María Aznar, "incompatible con la corrupción", no ha sabido digerir correctamente las responsabilidades políticas del caso Gürtel. Esperanza Aguirre, que como vimos anteriormente tenía a gran parte de los implicados a su cargo, sí supo reaccionar con contundencia, expulsando a todos los implicados del Partido Popular de Madrid y haciendo dimitir a todos los implicados de sus cargos. No obstante, sigue negándose a entregar la documentación requerida por la Asamblea de Madrid y no se puede decir que haya colaborado activamente con la justicia en asuntos como el de la Fundación Fundescam. En cambio, la reacción de la dirección nacional del Partido Popular consistió únicamente en acusar a jueces, policías, fiscales y Gobierno de urdir una conspiración maquiavélica contra el PP; por supuesto, nunca aportó ninguna prueba que sustentara tan graves acusaciones. Dolores de Cospedal se limitó a acusar, en una sede tan oficial como un chiringuito de playa, al Ministerio del Interior de realizar escuchas ilegales a miembros destacados del PP. A día de hoy aún no ha presentado ninguna prueba. Posteriormente dijo que estábamos en un estado policial. Ver para creer. A diferencia de Madrid, en la Comunidad Valenciana, Rajoy recordó con convicción la peseta que le faltaba para el duro, peseta que Camps le puso en bandeja de plata en el Congreso de Valencia. Ni una dimisión, ninguna expulsión, todos en sus puestos. Y, faltaba más, los culpables, los demás, que querían ver a Camps, según sus propias palabras, "tirado en una cuneta". Sin embargo, la reacción de la Junta de Andalucía ha sido muy diferente a la del Partido Popular. Ha sido la propia Junta de Andalucía la que ha llevado a la Fiscalía las grabaciones que desvelaban los EREs fraudulentos. Ha expulsado del PSOE a todos los militantes implicados en el caso, hasta este momento ocho, y ha entregado en sede judicial la documentación asociada a todos los expedientes de regulación. Además, ha anunciado que castigarán y denunciarán a todos los implicados, sea cual sea su filiación. Está realizando, además, una investigación interna, para depurar responsabilidades internas a la Consejería de Empleo.No ha aceptado, en cambio, la creación de una comisión de investigación en el seno del Parlamento de Andalucía, lo cual me sigue pareciendo un error desde el punto de vista de la pulcritud democrática. Pero también es verdad que son muchos los que desaconsejan la creación de comisiones de investigación adscritas a asuntos sub iúdice, pues pueden acabar subsumidas al establecerse un juicio paralelo no favorable a la instrucción del caso. Por último, y a modo de conclusión, diré que ambos casos me repugnan, y que considero que la ley tiene que caer con todo su peso sobre las espaldas de los mangantes. Pero diré, más fuerte si cabe, que sigo creyendo en la política y en los políticos, que en ambos partidos la inmensa mayoría son honrados servidores públicos que trabajan por el bien del país, y que esta constante banalización de la política a la que se dedican diversos medios de comunicación sólo favorece a los que nunca han creído en el Estado de Derecho y en la Democracia.