. Esa es la República Dominicana, un pequeño estado insular en
desarrollo con altos índices en el campo del fortalecimiento económico donde el
cambio climático adquiere un significado especial debido a su gran incidencia
devastadora.
La pérdida
de las plantaciones de los campesinos agricultores, la reducción de los
espacios habilitados como zonas turísticas y culturales, el surgimiento de más
enfermedades y el desbordamiento de los ríos a cuyas riveras habitan miles de
familias marginalizadas. Estos son los sectores que serán más devastados y los
menos culpables de las decisiones que la comunidad internacional toma a nombre
de ellos. Las consecuencias de un aumento de temperatura superior a 1.5ºC se
podrían reflejar en perdidas ascendentes a los USD 1,500 millones en el sector
turístico; disminución de la biodiversidad en más de un 60% y significativos
aumentos del nivel del mar que podrían trastornar la realidad socioeconómica
del país. Un aumento de temperatura significa que no hay vuelta atrás para
preservar el patrimonio natural y cultural que caracteriza a esta nación cuna
del nuevo mundo.
Es
importante destacar que en su posición país de 2015 y 2016, ante la COP21 y
COP22 respectivamente, la República Dominicana ha afirmado perseguir la meta para limitar el aumento de la
temperatura entre 1.5ºC y 2ºC,
específicamente bajo los mecanismos de mitigación y las contribuciones
previstas determinadas a nivel nacional (iNDCs). Los propios compromisos del
Estado ante la disminución de emisiones de gases contaminantes persiguen la
meta de reducción de un 25% de las emisiones nacionales, partiendo del 2010
como punto referencia.
A pesar de
que los resultados de la Encuesta Mi Mundo en el país indican que la población
posiciona las medidas tomadas para enfrentar el
cambio climático como uno de las últimas prioridades en temas de
desarrollo, los dos últimos años han sido evidencia del gran peso que conlleva
el involucramiento de la sociedad civil en los distintos mecanismos de
comunicación, consulta y toma de decisiones sobre este fenómeno antropogénico
causado por los seres humanos. De igual forma, durante este mismo período de
tiempo, los esfuerzos del Estado dominicano para fortalecer el marco nacional
de referencia ante el tema de cambio climático van desde el lanzamiento de una
política Nacional de Cambio Climático finalizando con la reciente ratificación,
por parte del estado dominicano, del Acuerdo de París. Sin embargo,
independientemente del liderazgo negociador que ha mostrado el país en promover
la educación y la creación de capacidades en el marco del Acuerdo de París,
desde el punto de vista de la población, los esfuerzos del Estado se encuentran
empañados por la reciente construcción de plantas generadoras de electricidad a
base de carbón que estarían operando en el país a finales del 2018.
Aún queda un
futuro muy incierto, con los científicos del IPCC afirmando que las
contribuciones nacionales sobre las que se fundamenta el Acuerdo de París para
limitar el aumento de temperatura dibujan una meta global de 2.7ºC, muy por
arriba de lo manifestado por los pequeños estados insulares en desarrollo para
mantener la vida como la conocemos, las negociaciones prosiguen para poner en marcha
medidas ambiciosas que permitan asegurar un futuro climáticamente seguro para
las presente y futuras generaciones. En ese sentido, cada vez más gobiernos y
empresas internacionales refuerzan sus compromisos para mitigar los efectos del
cambio climático y disminuir las repercusiones negativas que acarrean para los
países poco contaminantes como República Dominicana.
