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Chile ¿un Estado Fallido?


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30/01/2017


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Se vive una catástrofe enorme. Chile arde en uno de los mayores incendios forestales de la historia. Si la función principal del Estado es velar por la seguridad de sus habitantes, por su integración territorial y sus instituciones, se podría decir que en el caso de esta catástrofe, el Estado ha fallado, ha sido incapaz de proteger, preventivamente, su población, su flora y su fauna.


La responsabilidad de fondo de lo que estamos viviendo se extiende a todos los gobiernos que, por más de 40 años, han mantenido un subsidio forestal perverso, que promueve las plantaciones de pinos y eucaliptus, con un aporte estatal de un 70% del valor del plan de manejo. Esto se estableció por el Decreto 701/1974 generado en el régimen militar cuando Fernando Léniz era Ministro de Economía y Julio Ponce Lerou Director de Corfo. Este subsidio significó que fuese desapareciendo el bosque nativo, ya que fue mantenido por todos los gobiernos democráticos posteriores, con exportaciones de madera en estado bruto o chips.

El daño ecológico se conocía, toda vez que estas especies implantadas acidifican la tierra, lo que mata toda vida en su entorno, y, además, por usar agua en forma intensiva secan las napas subterráneas, generando sequías y destruyendo los equilibrios naturales. Por ende, ha sido el propio Estado de Chile, cooptado por los grupos económicos en una relación corrupta con las élites políticas, el que ha propiciado y subsidiado un uso de la naturaleza de nuestro país, con parámetros depredadores y una nula fiscalización. La responsabilidad del Estado y los gobiernos es que han apoyado una política pública que atenta contra el bien común, dejando a las siguientes generaciones un país devastado en su patrimonio natural y en riesgo constante de encenderse como un verdadero polvorín. Y ello ha ocurrido, está ocurriendo.

El sistema político económico de Chile, ha buscado eludir responsabilidades. Ha mandado el Ministro de Agricultura una indicación legal al Senado para que este subsidio se morigere en términos de prohibir la siembra de pinos y eucaliptus “cerca de zonas pobladas”. Un proyecto patético que demuestra el intento culposo de cambiar la forma, pero manteniendo el fondo de un negocio oscuro, donde ha existido cero defensa del bien común, el interés general. Por demás, el control del sector forestal está en manos de una corporación privada que recibe fondos del Ministerio de Agricultura, pero se maneja fuera del control que corresponde a la Administración del Estado, en una caja negra que ha evidenciado improvisación y negligencia en la prevención de siniestros recurrentes con equipos modernos, disponibles a nivel internacional.

La Justicia está investigando causas probables de los siniestros, presumiéndose acciones criminales de pirómanos, pero también la posibilidad de un recalentamiento de líneas de transmisión eléctrica que no habrían mantenido áreas limpias para evitar incendios. También se investiga la relación con atentados ligados al conflicto de las forestales con mapuches en la Araucanía, donde ha habido atentados incendiarios y también auto atentados tendientes a culpar a los mapuches. Todos son hechos confusos que ha investigado el Ministerio Público, sin que se arribe a una mayor claridad, en un clima creciente de tensión y violencia.

En resumen, los hechos concretos muestran que el Estado en forma irresponsable permitió y propició una explotación salvaje y depredadora de especies implantadas que fueron medrando la riqueza natural del bosque del sur de Chile, con desaparición de especies autóctonas, de la fauna diversa asociada y el riesgo inminente de este nivel de tragedias. A ello se suma la nula prevención que permitiera frenar incendios con uso de tecnologías que eran conocidas en situaciones vividas en California, Australia, Europa.

En el discurso presidencial del 21 de mayo de 2015, se comprometió la adquisición de aviones adecuados, entiendo que se apuntaba al tipo Hércules que son los que Brasil ha utilizado. Sin embargo, esa promesa se incumplió y , en justificación, se levantó la tesis de que “en nuestro relieve los aviones grandes no servían” y se siguió con una docena de helicópteros que apenas pueden transportar media tonelada de agua por viaje. Cuando se inició el incendio, una chilena residente en Estados Unidos, Lucy Ana Avilés, casada con un nieto del fundador de Walmart, ofreció donar gratuitamente la operación en los siniestros forestales del Avión Extintor Boeing 747 denominado Super Tanque. 5 días demoraron en el Gobierno de Chile en autorizar que ingresara el avión ofrecido. La burocracia quiso mantenerse en el sofisma construido como excusa y en esos 5 días el incendio creció a dimensiones gigantescas, quemaron pueblos enteros, se llegó a una decena de víctimas, verdaderos mártires que trabajaban casi sin recursos contra un tsunami de fuego incontrolable.

Fue por las redes sociales que surgió el clamor, pida ayuda, Presidenta, permita que el avión opere, que vengan a ayudarnos, no podemos solos. Irresoluta, dubitativa, confusa, la Jefa de Estado tardó 5 días en aceptar el ofrecimiento de este Super Tanque, muchos burócratas seguían a regañadientes los hechos. El punto es que aumentaron las hectáreas devastadas y el impacto de calamidad llevó al Estado a replicar lo que viene haciendo tras cada emergencia, sacar a funcionarios que cuentan los daños, subsidios para enseres con gift cards para el retail. Mientras tanto, los brigadistas sin equipos de protección seguían solitarios luchando a puro coraje, aumentaron los bomberos y brigadistas mártires por cumplir con un deber de Estado, proteger la vida de personas y animales.

Tardíamente, Chile pidió que llegara la ayuda y ésta ha permitido ir frenando los siniestros.

La situación que se ha vivido es vergonzosa y patética. Se convoca por los medios oficiales a campañas de solidaridad que también resultan oprobiosas. Porque, al final los que cobran y ganan por un lado u otro son los responsables de fondo de esta suerte de fatalidad, de crónica de un incendio anunciado. Porque no se entiende que para dar cobertura logística a los brigadistas, pobladores, carabineros y bomberos se esté pidiendo que sea la gente la que junte plata para llevarles agua y víveres. La situación de inoperancia del Estado es evidencia de lo que desde la definición fijada en la Constitución de 1980, aún se respeta como máximo dogma del neoliberalismo y se llama Estado Subsidiario, una organización feble, sin coherencia para tener fuerza y eficacia frente a contingencias, una organización mutilada de atribuciones, dedicada a cuidar la propiedad privada sacrosanta, antes que velar geopolíticamente por el bien común y la Seguridad pública.

Por esta sensación de indefensión, por el dolor y el agobio colectivos, hoy lo primero es salvar vidas y apagar el fuego. Pero, decididamente, la ciudadanía está en un punto de inflexión severa: exigir el término de este Estado Fallido, reclamando la responsabilidad política que quienes, anclados a la codicia han permitido que Chile se destruya en su campo hermoso. Que se lleve a los Tribunales de Justicia a quienes, liquidando el futuro de nuestros nietos por la ambición descontrolada del modelo depredador que, pese a todo, han permitido plantaciones que son un polvorín. Denunciar a quienes se han beneficiado por casi cinco décadas de un subsidio perverso, el cual todavía defienden con dientes y muelas.

Este incendio debe marcar el fin de un Estado Subsidiario, el fin de una institucionalidad centrada en defender el sistema heredado del régimen militar, un Estado enclenque en un país ocupado por 7 familias. Es un momento terrible que debiera dar paso al Estado Responsable, como el de la vieja República de los años 60, exigiendo a los políticos culpables de la catástrofe que asuman su responsabilidad por sus errores y omisiones, pero, por sobre todo, por las connivencias que han mantenido con los mezquinos intereses de esos pocos que concentran la riqueza de Chile.

Periodismo Independiente, 29 de enero de 2017. @hnarbona en Twitter.





Etiquetas:   Corrupción   ·   Políticas Públicas   ·   Chile

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