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Desde
hace tiempo venimos denunciando la falta de un modelo de educación permanente
desde que las comunidades autónomas asumieron las competencias educativas. No
solo no existe modelo sino que ni siquiera tienen persona o personas de
referencia en la respectiva Administración central. A los políticos no les
interesa la educación permanente en sus diversas variantes porque no la
entienden ni tienen interés en ella.
Con
los centros de educación de personas adultas se da una clara dejadez desde las consejerías
de educación, sobre todo en las comunidades autónomas gobernadas por el Partido
Popular. A los partidos de derechas no les seduce en exceso la educación y
menos aún si se refiere a las personas adultas. Cuando sí suelen mostrar
interés es cuando llega algún periodo electoral, pero se olvidan inmediatamente;
mienten tanto al respecto que sus “promesas” tienen nulo recorrido. Me
recuerdan a Tierno Galván en su afirmación respecto a los programas electoral:
“las promesas se hacen para no cumplirlas”. “¡Hay que ser ‘cencerro’ para hacer
una afirmación así!”, en palabras de don Manuel Fraga.
Quienes creemos en la educación permanente, y
llevamos trabajando en ella mucho tiempo, preferimos partidos de izquierdas –pero
de corte moderados en el poder-- porque
creen en esa formación permanente y en la educación a lo largo de la vida.
Claro que, cuando escribimos “izquierdas” nada tiene que ver con credos y
actitudes inadecuadas o fantasmas del estilo podemita, donde la educación solo
sirve para sus vacíos discursos y como arma arrojadiza contra el oponente político.
Ahora
mismo hay comunidades — como Galicia, Castilla y León, Rioja, Murcia,…– que
carecen de un modelo definido de educación permanente. Es más, una comunidad
como es Castilla y León está destrozando los centros y aulas de educación de
personas adultas; ni siquiera el cambio de director general ha conseguido
generar ni una sola bocanada de esperanza, recuperación e ilusión de futuro.
En
el caso de mi comunidad –Castilla y León -- la normativa emanada de la
Consejería de Educación es obsoleta, retorcida y no menos absurda. Hay
situaciones rayanas en el esperpento, la ridiculez y el caos. Enumeramos
algunas, pero no son todas: las sustituciones tardan dos meses y más en cubrirse; la
inspección educativa no entiende esta variante y da el mismo tratamiento que a
la enseñanza ordinaria, con el agravante de que soluciones para niños pretenden
implantarlas para el tratamiento de alumnado adulto; no hay referencia de EPA
ni de educación a distancia en la comunidad; existe una alta descoordinación
entre la Dirección General de Política Educativa Escolar y los servicios
periféricos de educación; se amortizan plazas de profesorado constantemente,
pero después hay especialidades que tardan meses en cubrirse; la Consejería de
Educación pretende centrarse casi exclusivamente en la ESO reglada para
adultos, cuando realmente el abandono es brutal (supera el 40%, a pesar de las
mentiras del PP) y se desaprovecha una ingente cantidad de recursos humanos
(excesivas horas y personal para muy poco alumnado); constante supresión de
recursos del Cuerpo de maestros; existe un fuerte divorcio entre la ciudadanía
y la Consejería de Educación desde hace años. El alumnado demanda enseñanzas no
regladas a las que no atiende la Consejería ni la dirección general
correspondiente.
Si
a estos breves apuntes añadimos que se advierte un claro desprecio hacia el
profesorado, entonces estamos ante un atentado y un abuso de los altos cargos.
Precisamente unos cargos a quienes el presidente Herrera ha instado hace tiempo
a salir del despacho, pisar la calle y conocer la problemática de la
ciudadanía. Pero ni caso. ¿Entienden ahora por qué el presidente llegó a decir
aquello de “Rodeado de imbéciles, gobierne usted si puede”?
El
profesorado ha manifestado reiteradamente su malestar por cuanto se describe,
pero la Administración educativa –lo reitero para que no se olvide ni se eche
en saco roto-- pasa del profesorado y de la ciudadanía; nunca se había dado
mayor nivel de desprecio hacia el pueblo soberano; no obstante es lo que hay y
es lo que podemos esperar cuando se lidia con mediocres ‘cabestros’,
catedráticos de la estupidez y saltimbanquis del sentido común que se olvidan
de la innovación, la investigación y la educación permanente. Mañana contaremos
cómo un director general (del ámbito educativo) de la Junta de Castilla y León
se embolsaba buenos dineros por asistir a mesas redondas y congresos, en tanto
que no permitía que sus asesores y/o técnicos lo hicieran; todo iba a parar al
“ínclito” director general. ¿Quién dijo que eso no era corrupción? Pues,
señores, es solo la punta del iceberg. Y como fui testigo doy fe de ello.
Podríamos
hacer referencia a muchas más brutalidades, pero lo dejamos para mañana. De
momento nos conformamos con pedir la dimisión (ipso facto) del consejero de
educación y del director general de Política Educativa, así como de toda la
plana mayor de la Alta Inspección de Castilla y León; esos grandes desconocidos
para la ciudadanía, pero recordados por su desidia, dejadez, desgana,
desinterés y desencuentro permanente. Hasta tal punto es así que nos recuerda a
la Alta Inspección del País Vasco y de Cataluña, verdaderos absurdos del
sistema educativo.
Jesús
Salamanca Alonso
