Institucionalidad en Chile

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08/01/2017

“La Institucionalidad”

La Institucionalidad es un atributo básico de la república, dentro del estado de derecho. A ulterior se entiende que, si un estado en ejercicio de su plena soberanía configura su distribución político-administrativa a la luz de la división de los poderes del Estado, esa república, se determinará en base a todos los organismos que la conformen y estos reforzarán el “ideario Platónico” de una república al servicio de las personas y en pos del bien común.

De manera general, una sociedad o un Estado tienen su institucionalidad más avanzada y sólida, cuanto más eficientes sean las normativas y leyes que se aplican. Y cuantas menos distensiones se verifiquen en las regulaciones y resoluciones.

 

La institucionalidad, debe ser entendida y acotada en el marco del estado de derecho, del ordenamiento jurídico y la regulación política. Es por ello que para mantener y resguardar la institucionalidad que da cuerpo a la república, el estado de derecho y el desarrollo de sus procesos son el medio preferente para guiar la conducta de los ciudadanos. La transparencia, la previsibilidad, y la generalidad, están sobrentendidas en él. Esto tolera a que se facilite las interacciones humanas, permite la prevención y solución efectiva, eficiente y pacífica de los conflictos, y ayuda también al desarrollo económico sostenible y la paz social. Para tener un Estado de Derecho efectivo es necesario que el derecho sea el principal instrumento de gobierno; que la ley sea capaz de guiar la conducta humana; Y que los poderes la interpreten y apliquen congruentemente.

Al conjugar estos tres elementos mencionados y dadas las condiciones para su interacción, se habla de un ordenamiento jurídico. La validez del estado de derecho y del ordenamiento jurídico se concibe en virtud de una sociedad libre, compuesta por personas libres, que resuelve los problemas que le plantea su convivencia colectiva por medio de la participación ciudadana, permitiendo con ello la conformación de una institucionalidad política, que regula la estructura y órganos del gobierno del estado, ya sea por medio de su Constitución, estructuras geopolíticas del gobierno (Central, regional y local), administración pública, funciones y alcances sociales y económicos del estado, instituciones políticas comparadas, etc.

La Constitución política de la República de Chile establece lo que se denomina “bases de la institucionalidad”, porque se comprenden en dicha normativa los principios que sirven de cimiento al entramado valórico y jurídico sobre los cuales se edifican el ordenamiento jurídico que rige la convivencia social.

Puede considerarse, entonces, que dicha normativa primera, constituye la estructura esencial que inspira el resto de la normativa constitucional. En efecto, estas bases alcanzan todo cuanto se refiere al núcleo esencial de la sociedad, de las personas, la forma del Estado, sus deberes; y se regula el ejercicio de la soberanía nacional.

Podríamos decir que en cuanto estas bases de la institucionalidad constituyen el cimiento esencial de la convivencia nacional, sirven en toda su extensión para definir la interpretación y aplicación de todas las demás normas del cuerpo constitucional o normativa de la Carta Magna y del ordenamiento jurídico en general.

El artículo primero resulta fundamental pues reconoce que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y Derechos. Y este es uno de los elementos esenciales sobre la base del cual ha de interpretarse y aplicarse la totalidad de la normativa constitucional y como consecuencia de ello, de todo el ordenamiento jurídico nacional.

Otro elemento de importancia, es el denominado principio de la “servicialidad del Estado”. Dado que la constitución política estructura la forma jurídica del Estado resulta del todo crucial que existan parámetros y principios insoslayables que permitan esclarecer los límites y contornos donde puede imponerse la actividad del ente gubernativo frente a los derechos de las personas que componen ese Estado. Así el Artículo primero de la Constitución señala perentoriamente que el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es proveer el bien común. En la vida cotidiana suele olvidarse este principio tan importante. Si el Estado está al servicio de la persona humana, todo su actuar, desde el trato de los funcionarios públicos para con sus conciudadanos como las más complejas resoluciones del gobierno, deben ser ejecutadas e interpretadas bajo el prisma de este principio que se desprende de la servicialidad del Estado. Se advierte pues, que lo fundamental es destacar la persona.

Otro tema de suma importancia y tal vez la de mayor trascendencia es el ejercicio de la soberanía. Dado que el artículo 4° de la Constitución, la cual establece que Chile es una república democrática, nace la voluntad de considerar que el ejercicio de poder se realiza por el pueblo a través de sus representantes por las decisiones adoptadas en el seno de la colectividad por las mayorías, en un estado donde se respete irrestrictamente el principio de la separación de los poderes del Estado y con estricto respeto de los derechos fundamentales de las personas.

En este sentido el artículo 5° de la constitución establece que la soberanía reside en la nación. Los creadores de la carta fundamental han querido con ello equiparar la fuerza fundante de la voluntad del pueblo o de todas las gentes, con la presencia de otras entidades ajenas al pueblo, tales como los órganos del estado, el Consejo de seguridad nacional, la Contraloría General de la República, el Tribunal Constitucional, etc. Pensamos que si existió la intención de crear un concepto comprensivo de un mayor número de entes que son titulares del ejercicio de la soberanía, el precepto en verdad redunda en desmedro del verdadero soberano de toda democracia que se precie de tal, esto es, el pueblo. En este orden de consideraciones el precepto debió reconocer que en verdad la soberanía, que es el poder político máximo de un país o estado,  reside en el pueblo y no en un ente que discurre sobre una abstracción indeseada en una democracia, como es el concepto de Nación.

Con todo es menester reconocer que el inciso segundo de este artículo 5° de la Constitución señala que “El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.

Con ello se ha querido salvar el inconveniente severo, impuesto por el inciso primero del artículo 5°, de radicar en un ente abstracto como “la Nación” el ejercicio de la soberanía. Pero no debe olvidarse nunca que sólo los ciudadanos organizados son los titulares únicos y verdaderos de dicha soberanía. Y que por tratarse del pueblo, ya no de un ente abstracto sino de una realidad dinámica que se encuentra en constante evolución en sus procesos comunitarios y sociales, es el verdadero depositario de lo que quiere y a lo que aspira un país o Estado en un territorio y tiempo determinados.

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