Pacto Fiscal

Pacto Fiscal

 

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Le siguió su correligionario, el senador Pérez. También lo compartió la Banca, liderada por el empresario Jorge Awad. Y, por cierto, el conglomerado de oposición manifestó su interés aunque a una iniciativa institucional del Gobierno; la que en 20 años se abordó tímidamente, y en que “al final del día” terminó el más pobre de los chilenos pagando el mismo porcentaje de impuesto que los más adinerados del país.

También hay ya detractores a la reforma: senadores y ministros insinúan que aún no es necesaria; la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) enfatiza que espera que el Estado tenga mejores ingresos vía crecimiento e inversión.

En fin, estos últimos insinúan que Chile perdería competitividad, que ello perjudicaría a los más pobres, y que hay que tener cuidado con el “populismo” ¿?

Tal disyuntiva se aproxima a ser un tema país, y ¡no de izquierdas ni de derechas!

La verdad es que gracias al crecimiento pero también a una efectiva política social, Chile ha disminuido sustantivamente la pobreza. También ha incrementado notablemente el ingreso por paridad de poder de compra de los chilenos.

Pero la pésima distribución del ingreso ha permanecido inalterable.

Chile requiere imperiosamente, entonces, de un Pacto Fiscal para satisfacer la creciente demanda de bienes públicos de una sociedad que aún no ha alcanzado el desarrollo. Una reforma tributaria profunda que permita mejorar la distribución de ingresos después de impuestos es, indudablemente, el mayor desafío.

Podemos dar un salto cuantitativo y de largo plazo, y definir políticas de Estado en un conjunto de materias. La sociedad, más allá de las diferencias políticas, tiene que ser convocada para consensuar un conjunto de temas y desafíos de futuro.

Es que la situación de Chile hoy es distinta, y muchos de los instrumentos que veníamos utilizando han alcanzado su límite, por ejemplo, con los subsidios fiscales. Es el momento de cambiar de foco.

Cierto. No existen países desarrollados que tengan un nivel de presión tributaria sobre el producto del orden del 18%, como es el caso de Chile, o del 23% si se consideran otras contribuciones sociales de carácter provisional y/o peajes en las carreteras. No hay países desarrollados en donde el impuesto a las utilidades de las empresas se calcule sobre la base de utilidades retiradas y no sobre las utilidades devengadas. Hay excepciones, pero la norma general es que la base tributaria sea la utilidad devengada y no la retirada.

Ahí está la viga maestra sobre la que reposan las soluciones a nuestros grandes problemas de distribución del ingreso; de la desigualdad social; y de una mejor calidad educacional para todas las chilenas y chilenos.

MBA. Universidad de Talca.

UNETE



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