Desaparecidos Parte II - Política Internacional - Reeditor.com

. Decena de miles de personas continúan desaparecidas en el mundo sin acceso a la justicia
Una desaparición forzada se define por tres elementos acumulativos:

-La privación de libertad contra la voluntad de la persona interesada;

-La participación de agentes gubernamentales, al menos indirectamente por aquiescencia;

-La negativa a revelar la suerte o el paradero de la persona interesada.

La ONU define el término, de acuerdo con la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, al momento en que “se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que estas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del Gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley.

Situación en el mundo

ORIENTE MEDIO Y NORTE ÁFRICA

Irak

La Comisión Internacional de Personas Desaparecidas (ICMP) estima que la cifra podría ir desde 250.000 personas hasta un millón, una horquilla enorme. La mayoría de desapariciones se habrían producido durante el régimen de Sadam Hussein. No existen cifras precisas sobre los desaparecidos desde la invasión extranjera del país, pero, según fuentes oficiales, se elevaría a unos 7.000 individuos sólo entre 2005 y 2007, sin que se conozca el número de desapariciones que pudieran ser imputadas ni a las fuerzas del orden iraquíes ni a las tropas extranjeras. Hasta la fecha se han localizado unas 300 fosas comunes en todo el país.

Se calcula que el régimen de Sadam Hussein hizo desaparecer a cientos de miles de iraquíes en diversas campañas de represión sistemática y organizada. Destaca la conocida como Operación al-Anfal, realizada en 1982 contra diversas minorías presentes en el país. Los kurdos, pueblo que también cuenta con cientos, sino miles de desaparecidos en el Kurdistán turco, fueron los más diezmados.

La comunidad chií sufrió también una dura represión, especialmente cruenta tras el fin de la Primera Guerra de Iraq en 1991. Las tropas extranjeras les prometieron ayuda si se levantaban contra Sadam aunque luego no cumplieron su promesa y terminaron abandonados a su suerte. A los desaparecidos forzosos durante el régimen de Hussein hay que sumar los miles de cuerpos sin identificar registrados desde la invasión extranjera de 2003. Sólo en 2013, y según la ONU, se produjeron algo más de 7.800 muertes causadas por la guerra civil que vive el país. La cifra más alta de muertos desde 2008, año en el que se contabilizaron casi 6.800 asesinatos. Los institutos forenses del país no están preparados para proceder a la identificación de todos los cadáveres que reciben, lo que impide establecer si alguno de esos cadáveres corresponde a las personas detenidas por agentes del Estado y de los que no se han vuelto a tener noticias.

En 2005 el gobierno iraquí creó el Centro para las Personas Desaparecidas. Se ha aprobado también una ley para la Protección de las Fosas Comunes. La escasez de medios, la opacidad de las autoridades iraquíes y estadounidenses y la complicada situación de inseguridad que ha vivido el país en la última década han impedido llevar a cabo una labor a la altura del desafío.

Libia.

Desde que comenzaron los disturbios en febrero de 2011, miles de personas han sido sometidas a desaparición forzada por las fuerzas del coronel Gadafi. Entre estas hay personas sospechosas de oponerse a Gadafi, personas detenidas por las fuerzas de Gadafi en retirada y quienes desaparecieron en enfrentamientos en el este del país. A algunas se las llevaron tras redadas practicadas por fuerzas de Gadafi en territorios bajo control de la oposición y a otras, al abandonar los baluartes de la oposición. Desde el comienzo de los disturbios, los familiares de presos políticos a los que ya mantenían recluidos las autoridades de Trípoli no han tenido noticias de sus familiares encarcelados. Muchas han podido sufrir tortura y otros malos tratos, e incluso ser víctimas de ejecución extrajudicial.

Líbano.

En abril de 2011 Amnistía Internacional presentó un informe en el que denunció que las autoridades libanesas han tomado pocas medidas para investigar la suerte que han corrido miles de personas desaparecidas desde la guerra civil de 1975-1990 pese a la campaña de sus familiares por esclarecer la verdad.

Marruecos y Sáhara Occidental.

El Consejo Consultivo de Derechos Humanos, encargado de vigilar la aplicación de las recomendaciones de la Comisión de Equidad y Reconciliación, publicó un informe en enero de 2010. Abarcaba en él el periodo transcurrido desde 2005, fecha en que la Comisión de Equidad y Reconciliación, que había investigado las desapariciones forzadas y otras violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1956 y 1999, había concluido sus trabajos. El informe no incluía una lista exhaustiva de las personas desaparecidas, ni tampoco conclusiones detalladas sobre casos individuales o información sobre si proseguían las investigaciones sobre ellos.

El 14 de diciembre de 2010 se publicó con retraso una lista de 938 víctimas de desaparición forzada y otras violaciones de derechos humanos como anexo al informe inicial. La información que se añadió a algunos casos individuales era escasa e imprecisa. Se enumeraron seis casos pendientes y se indicó que se investigarían en más profundidad.

Siria. Las manifestaciones para exigir reformas en Siria comenzaron en febrero de 2011 y desde mediados de marzo las fuerzas de seguridad sirias han llevado a cabo una campaña de violencia contra los manifestantes. Al menos 1.800 personas han muerto -Naciones Unidas eleva el número a 2.200-, incluidos más de 80 menores de edad. Se ha detenido a miles de personas, muchas de las cuales permanecen recluidas en régimen de incomunicación, bajo grave riesgo de ser torturados, y otras muchas han sido desaparecidas. Recientemente, han sido recluidos cuatro jóvenes activistas que ayudaban a organizar protestas pacíficas en Damasco y sus inmediaciones. Se encuentran en paradero desconocido.

ASIA

Camboya

La cifra exacta de desaparecidos no ha sido establecida. Sin datos oficiales, los expertos estiman que se podría hablar de cientos de miles de personas.

De abril de 1975 a octubre de 1979, el régimen de los Jemeres Rojos convirtió Camboya en una pesadilla. Se han identificado cientos de fosas comunes en todo el país y se sospecha que en algunas permanecen enterrados miles de cadáveres. Bill Kiernan, profesor de la Universidad de Yale y uno de los investigadores sobre el genocidio camboyano más reconocidos, afirma a esglobal que aún no se sabe el número de personas que pueden considerarse “desaparecidos” de entre esos 1,7 millones de personas asesinadas durante el terror jemer.

En 1997, con el dictador Pol Pot vivo, el Gobierno camboyano pidió ayuda a las Naciones Unidas para establecer un tribunal que permitiese juzgar los crímenes cometidos bajo el Régimen. En 2007, y tras largas negociaciones entre el Gobierno camboyano y la ONU, con el tribunal especial conformado, se produjeron las primeras detenciones de altos cargos jemeres. En la actualidad, este órgano de justicia tiene cuatro casos abiertos.

Por lo que respecta a los desaparecidos y a sus familias, el Estado camboyano no ha elaborado una base de datos fiable con los nombres de las personas en paradero desconocido. La mayoría de las fosas comunes continúan sin ser exhumadas. Los familiares de los desaparecidos cuentan con la ayuda de organizaciones independientes, como el Centro de Documentación. Con escasos medios, estas entidades se están encargando de investigar y documentar los hechos que tuvieron lugar durante aquellos años oscuros.

Corea del Norte

Recientemente, Naciones Unidas publicó un informe sobre distintas violaciones de los derechos humanos supuestamente cometidas por el régimen de Kim Jung-un. En dicho informe, elaborado principalmente a partir de testimonios de norcoreanos exiliados, se establece que en este país asiático podrían contarse hasta 200.000 desaparecidos.

El régimen norcoreano, fundado en 1948 por Kim il-sung, ha logrado mantener un aislamiento casi total del país en las más de seis décadas que lleva controlando todos los aspectos de la vida de sus ciudadanos. Desde finales de 2011, dirige el país el joven King Jong-un, hijo de Kim Jong-il, su antecesor en el cargo, y nieto del fundador del Régimen. Sigue siendo una incógnita si el actual dictador propiciará una apertura en el futuro. Esta hipotética situación podría depender en buena medida de la voluntad de los dirigentes de China, el principal valedor de este sistema opresivo en las últimas décadas. Investigadores de derechos humanos han venido alertando en los últimos años de que los horrores que se habrían producido en estas casi siete décadas de dictadura han podido alcanzar dimensiones de espanto, en base a los cientos de testimonios de norcoreanos huidos del país.

Las autoridades norcoreanas han negado el contenido del informe de la ONU: “El informe tergiversa la imagen real del pueblo coreano que goza de derechos auténticos y está salpicada de puras mentiras y falsedades deliberadamente inventadas por las fuerzas hostiles”. No se conocen medidas reparadoras puestas en marcha por el Régimen. Dada la influencia de China en Corea del Norte, no cabe esperar que, aún en el supuesto de que el régimen comenzara un futuro proceso de apertura, vayan a implementarse medidas con rapidez; al menos si siguen el modelo chino, sobre cuyos desaparecidos durante los años de Mao Tse Tung se sabe más bien poco.

Pakistán.

Desde el 24 de octubre de 2010 hasta el 31 de mayo de 2011, Amnistía Internacional registró 73 casos de presunta desaparición forzosa y 108 casos de posibles ejecuciones extrajudiciales de activistas de Baluchistán, profesores, periodistas y abogados. En 93 de los casos se había informado de su desaparición antes de aparecer muertos.

Sri Lanka.

En 2010 Amnistía Internacional documentó informes de desapariciones forzadas y secuestros con exigencia de rescate llevados a cabo por miembros de las fuerzas de seguridad en muchas partes del país, especialmente en Colombo y en el norte y el este de Sri Lanka. Además, sigue sin conocerse el paradero de centenares de miembros de los Tigres de Liberación de Eelam Tamil que desaparecieron tras haberse entregado a las fuerzas armadas en 2009.

ÁFRICA

República Democrática del Congo.

El ejército y los grupos armados congoleños siguen cometiendo delitos de derecho internacional, como violación y asesinato, en el este de la República Democrática del Congo tras décadas de delitos similares en todo el país. Un nuevo informe de Amnistía Internacional publicado en agosto de 2011 pide la reforma y el fortalecimiento del sistema de justicia nacional del país para combatir la impunidad, una impunidad que ha promovido un ciclo de violencia y violaciones de derechos humanos, entre las que se incluyen las desapariciones forzadas de personas.

Ruanda.

Los secuestros, las desapariciones forzadas y las detenciones en régimen de incomunicación –poco frecuentes en Ruanda en los últimos años– aumentaron en el 2010. Amnistía Internacional lamenta profundamente el rechazo de Ruanda a la recomendación de investigar los casos de arresto y detención arbitraria y de desapariciones forzadas. Ruanda manifestó su intención de ratificar la Convención para la Protección contra las Desapariciones Forzadas; sin embargo, continúa sin querer investigar dichos casos.

EUROPA

Armenia

No existe un acuerdo entre los historiadores. Las diversas estimaciones fluctúan entre los 600.000 y los 1.5 millones de armenios desaparecidos. A ellos habría que sumar los miles de turcos que, según Ankara, habrían hecho desaparecer los armenios

En 2015 se cumplio el centenario del inicio del Genocidio Armenio. En 1915 el Imperio Otomano afrontaba una larga agonía. La esclerosis interna del Imperio se sumaba a un cambio profundo en el equilibrio internacional de poderes. El Sultanato era aún la cabeza visible del poder otomano, aunque en la práctica, el control del menguante Imperio fue ejercido por los Jóvenes Turcos, movimiento dirigido por militares y del que Atatürk era ya uno de los altos oficiales. Los territorios orientales de la actual Turquía habían asistido a sucesivas masacres contra la minoría armenia cristiana a finales del siglo XIX: se calcula que entre 200.000 y 300.000 armenios fueron masacrados en su última década. Sin embargo, lo que estaba por venir sería mucho peor pues en el periodo 1915-1923 las tropas turcas llevarían a cabo sucesivas campañas de exterminio de los armenios.

Turquía no ha reconocido hasta la fecha que aquellas masacres tuvieran como finalidad el exterminio total, el genocidio, de los armenios. Se refiere a “excesos” cometidos en el marco del conflicto mundial en el que los armenios eran aliados del Imperio Ruso. Además cifran en tan sólo 300.000 las víctimas armenias. Reclaman también que se reconozcan las masacres perpetradas por los armenios cristianos contra musulmanes turcos, que nadie ha negado, por lo que se han llevado exhumaciones de fosas comunes de turcos asesinados por armenios.

En las últimas décadas Turquía ha estado dispuesta a enemistarse con aliados internacionales antes que reconocer que existió un genocidio contra el pueblo armenio. Algunos intelectuales turcos han tenido incluso que enfrentar juicios por hablar sobre lo ocurrido en aquellos años. Se ha convertido en un tema tabú. El actual primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, se ha disculpado ya ante los kurdos por las masacres cometidas por las tropas turcas contra esa minoría en los años 30.

Bosnia y Herzegovina.

La determinación del paradero de las víctimas de desaparición forzada de la guerra de 1992-1995 avanza lentamente. Debido a la respuesta inadecuada del sistema de justicia, los responsables de este delito solían gozar de impunidad. Aunque el Instituto de Personas Desaparecidas continuó realizando exhumaciones en diversos emplazamientos, siguió sin conocerse el paradero de entre 10.000 y 11.500 personas.

Desde el fin de la guerra en Bosnia, cada 11 de julio se celebra una ceremonia en Sbrenica , ciudad bosnia en la que se perpetró una de las mayores matanzas de las últimas guerras balcánicas, en la que son inhumados los restos de desaparecidos identificados durante los 12 meses anteriores. Hasta la fecha unos 6.000 cuerpos han sido identificados, de los más de 8.000 bosnios musulmanes ejecutados y enterrados en fosas comunes en aquel lugar.

Entre 1991 y 2001 se calcula que casi 35.000 habitantes de los Balcanes fueron hechos desaparecer. La mayoría, unos 30.000, eran bosnios, pero hay desparecidos de todos los bandos. En 2012, Amnistía Internacional calculó que aún se desconocía el paradero de unas 14.000 personas. Las exhumaciones continúan.

Organizaciones de derechos humanos como Amnistía han venido denunciando, sin embargo, que ninguno de los gobiernos balcánicos ha cumplido por completo con sus obligaciones a la hora de investigar y perseguir los crímenes cometidos en contexto bélico. Algunos de estos juicios se han llevado a cabo en el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. La colaboración de los gobiernos de los diferentes países balcánicos con el Tribunal no ha sido igual de fluida a lo largo de los veinte años de trabajos en la Haya. Tampoco es igual la satisfacción de los distintos países con las sentencias. Serbia se ha quejado en varias ocasiones de que algunas sentencias hacen sospechar que se constituyó para juzgar a su pueblo. Especialmente irritantes para Serbia han sido las absoluciones del ex primer ministro de Kosovo Ramus Haradinaj y del ex general croata Ante Gotovina. Ambos estaban acusados de haber encabezado crímenes contra los serbios y fueron absueltos en noviembre de 2012.

España.

Las asociaciones de Memoria Histórica calculan que entre 80.000 y 114.000 desaparecidos estarían aún en alguna de las más de 2.000 fosas comunes que se han conseguido localizar hasta ahora. A ellos habría que sumar los restos de miles de combatientes republicanos sin identificar que fueron enterrados en el Valle de los Caídos, la mayor fosa común del país.

La Guerra Civil (1936-39) y su inmediata posguerra convirtió a España en un gran cementerio. Durante el Franquismo se exhumaron la mayor parte de las víctimas del bando encabezado por los militares golpistas. El Régimen llegó a construir un gran mausoleo, el Valle de los Caídos, en el que se enterraron tanto restos de combatientes del bando franquista como del bando leal al Gobierno de la República. Unos 12.000 cadáveres no han sido aún identificados.

Los sucesivos gobiernos democráticos españoles se han mostrado reticentes a la hora de implicarse en la búsqueda de desaparecidos: una labor que, según las Naciones Unidas, es una obligación estatal. Desde la ONU también se ha afirmado que ninguna ley de amnistía puede subvertir dicha obligación. El actual presidente español, Mariano Rajoy, siendo candidato a la presidencia en 2008 declaró que si por él fuera se tendrían que eliminar todas las ayudas públicas para la exhumación de víctimas. Gracias a la labor de la sociedad civil –articulada en torno a organizaciones no gubernamentales como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH)- a finales de los años noventa del siglo XX se comenzaron a localizar las fosas comunes repartidas por todo el país. La ley de la Memoria Histórica de 2007 -que, según muchos juristas, no se estaría respetando- supuso un importante primer paso parlamentario para compensar la situación de desamparo en la que se encontraban los familiares de las víctimas que querían recuperar los restos de sus antepasados. Sin embargo, en 2009, los partidos mayoritarios del Senado se negaron a convertir esta búsqueda en una responsabilidad estatal. La implicación del Estado –desigual en función de las autoridades regionales y locales de turno- se ha limitado a la financiación de las asociaciones comprometidas en la búsqueda de los desaparecidos. De las casi 2.400 fosas localizadas hasta la fecha, sólo se han podido exhumar unas 400. El Gobierno recortó en 2012 la partida presupuestaria destinada a la apertura de fosas: de los 6.200.000 del 2011 se pasó a dos millones y medio. El actual Gobierno también ha cerrado la oficina de atención a las víctimas. En 2013 se eliminó dicha partida presupuestaria, y no se ha recuperado en los presupuestos de 2014.

Para Amnistía Internacional la Ley de Memoria Histórica aprobada en el Congreso de los Diputados en 2007 está alejada del derecho internacional y, por tanto, no salda realmente la deuda pendiente del Estado con todas las víctimas que padecieron graves violaciones de derechos humanos. En especial, la organización recuerda a las autoridades españolas que deben garantizar el acceso a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de desaparición forzada durante la Guerra Civil y el Franquismo. Decenas de miles de personas fueron víctimas de desaparición forzada tanto durante la Guerra Civil como durante el franquismo.

Mas de 114.000 personas así lo han denunciado ante los tribunales españoles. Pero el Gobierno sigue obviando la responsabilidad del Estado de investigar estas graves violaciones de derechos humanos y garantizar justicia y reparación a las víctimas.

También la organización ha pedido reiteradamente a las autoridades españolas que realicen todas las gestiones oportunas ante los Gobiernos de Estados Unidos, Siria y Pakistán con el fin de conocer el paradero del ciudadano español Mustafá Setmariam, desaparecido desde su detención en 2005 en Pakistán, en el marco de las operaciones de la guerra contra el terror. En abril de 2011 tras la presentación de un Informe de Amnistía Internacional sobre la política exterior de la presente legislatura, el Gobierno español se reunió con la esposa de Setmariam.

Rusia

Los historiadores no han podido establecer la cifra exacta de personas en paradero desconocido. Durante el régimen estalinista se habrían podido producir entre 3 y 5 millones de desapariciones. A esto hay que sumar los casos producidos durante la guerra de Chechenia: varios cientos de civiles -algunas organizaciones hablan de casi 5.000-supuestamente hechos desaparecer por las tropas federales rusas.

El estalinismo se extiende de 1922 a1953. Se calcula que sólo entre 1937 y 1938, los años del Gran Terror, fueron ajusticiadas unas 700.000 personas, enterradas en su mayoría en fosas comunes. Además de las ejecuciones, el régimen condenó a campos de trabajo a millones de ciudadanos del Imperio. Muchos de ellos morirían, sobre todo aquellos condenados a penas en los campos del Gulag siberiano.

En épocas más modernas, el ejército ruso ha participado en dos guerras en la República de Chechenia. La primera tuvo lugar de 1994 a 1996 y una segunda que abarcó la década 1999-2009. Fueron conflictos con un grado de violencia muy alto por parte de ambos bandos. En el caso de los combatientes chechenos, fueron radicalizando su orientación islámica con el paso de los años debido, en buena medida, a los asesinatos selectivos de líderes chechenos moderados y a la financiación proveniente de Arabia Saudí y Al Qaeda.

Tras la muerte de Stalin, durante el deshielo de Nikita Jruschev, se llevaron a cabo rehabilitaciones oficiales de miles de condenados injustamente por el régimen estalinista. Sin embargo, muchos de los casos ni siquiera se revisaron. Una parte significativa de los archivos soviéticos se abrieron a los investigadores tras la caída del régimen en 1991. Durante los años de Yeltsin, tan caóticos para lo bueno, con un aumento de las libertades y de la pluralidad, pero sobre todo para lo malo, con el derrumbe económico y social, el acceso de los historiadores a los millones de expedientes de los represaliados fue casi ilimitado. Pero esta situación no duró mucho. Las organizaciones de derechos humanos han denunciado que en la última década el acceso a los archivos ha sido severamente limitado, por lo que no se ha podido avanzar en el establecimiento de cifras concretas de desaparecidos, mucho menos saber dónde fueron enterrados. Cada cierto tiempo aparecen en toda la geografía rusa fosas comunes y algunas de ellas podrían contener miles de cadáveres. El gobierno ruso, según la ONG Memorial, apenas se ha comprometido a la hora de recuperar la memoria histórica del país, salvo en la década de los años 90. Durante esta década se llevaron algunas medidas reparadoras, estableciendo por ejemplo, algunos monumentos en recuerdo de las víctimas del estalinismo.

Por lo que respecta a Chechenia, el gobierno pro ruso de la república del Cáucaso ha admitido ya que en su territorio existen decenas de fosas comunes. A pesar de ello, no se han llevado a cabo investigaciones oficiales para determinar quiénes están enterrados en ellas y quiénes perpetraron estos asesinatos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ha dictado en los últimos años decenas de sentencias condenatorias hacia Rusia por estas desapariciones llevadas a cabo por sus tropas federales.