. Decenas de miles de personas continúan
desaparecidas en el mundo sin acceso a la justicia
La desaparición forzada se ha usado a menudo como
estrategia para infundir el terror en los ciudadanos. La sensación de
inseguridad que esa práctica genera no se limita a los parientes próximos del
desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad
Las desapariciones forzosas llevadas a cabo por
agentes del Estado -o por grupos no estatales con el consentimiento de las
autoridades- seguidas por la negativa de ese Estado a reconocer éstas o el
paradero de los desaparecidos son un fenómeno que se ha registrado en la
historia de varios países.
Derechos HumanosEstas prácticas son consideradas una grave
violación de los Derechos Humanos, según el
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, vigente desde el 1 de
julio de 2002, que además la califica como un crimen contra la humanidad y, por
tanto, no prescribirá.
“Se dará a las familias de las víctimas el
derecho a obtener reparación y a exigir la verdad sobre la desaparición de sus
seres queridos”, señala también la Convención Internacional para la protección
de todas las personas contra las desapariciones forzadas.
Derechos como el reconocimiento de la
personalidad jurídica, el derecho a la libertad y seguridad de la persona, su
identidad, garantías, protección y a la asistencia a la familia, son violados
al producirse una desaparición forzada.
En la resolución titulada “Declaración para la
protección de todas las personas de desapariciones forzadas, o por sus siglas
según la resolución AG, 47/133)”, la ONU establece que el Estado tiene
responsabilidad internacional si comete, autoriza o permite este delito en su
territorio, y además que la desaparición forzada es un crimen que atenta contra
la dignidad humana, por lo que constituye una violación flagrante al derecho
internacional.
No hay ningún país en el que exista una lista
definitiva de desaparecidos. En algunos casos, las distintas estimaciones sobre
la cifra de desaparecidos pueden diferir en miles de personas, en otros,
incluso en cientos de miles.
Las desapariciones forzadas constituyen una
violación continuada de varios derechos fundamentales, que se mantiene hasta el
momento en que se establecen el destino o paradero de la víctima. La impunidad
sistemática existente, que es tolerada y promovida, contribuye a prolongar el
sufrimiento de sus familiares, que son también víctimas de desaparición forzada
según la definición internacional.
Hablar de víctimas no nos hace partidarios de
unos u otros, sino que nos coloca del lado de los derechos humanos. Las familias
de los desaparecidos quieren conocer la verdad sobre la suerte o el paradero de
sus seres queridos. Como ha recordado el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones
Forzadas de Naciones Unidas, “este es un derecho absoluto” y “una obligación
que el Estado debe satisfacer de acuerdo al derecho internacional”. Es urgente
que el Estado adopte como una prioridad la búsqueda de las personas
desaparecidas
Aun cuando varios aspectos de la desaparición
forzada puedan haberse completado años o décadas atrás, si otras partes de la
desaparición persisten, especialmente si no se determina la suerte o el
paradero de la víctima, deberá considerarse el caso por parte de los tribunales
penales y no deberá fragmentarse el acto de la desaparición forzada. Aun cuando
a modo de hipótesis, la prescripción fuese permisible, la misma solamente puede
aplicarse una vez agotada la investigación judicial y no de manera preliminar.
Por su lado, el Comité contra la Desaparición Forzada
–también de la ONU- exige que se “asegure que todas las desapariciones forzadas
son investigadas de manera exhaustiva e imparcial, independientemente del
tiempo transcurrido desde el inicio de las mismas y aun cuando no se haya
presentado ninguna denuncia formal; adopte las medidas necesarias, legislativas
o judiciales, con miras a superar los obstáculos jurídicos de orden interno que
puedan impedir tales investigaciones; (…) y que las víctimas reciban reparación
adecuada”.
La Convención de la ONU sobre personas
desaparecidas (http://bit.ly/2cCSGtP)
La Convención Internacional para la Protección de
Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas entró en vigor el 23 de
diciembre de 2010, tras haberse convertido Irak en el vigésimo país que la
ratificó. Actualmente, 88 Estados han firmado la Convención y 46 han ratificado
la declaración sobre desapariciones forzadas. Por América Latina firmaron:
Cuba, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador,
Honduras, Panamá, Perú, Paraguay, Uruguay y México.
En Europa, ocho países han ratificado el
documento. Estos son: Austria, Bélgica, España, Francia, Alemania, Portugal,
Holanda y Malta, quien ratificó apenas el pasado 27 de marzo.
En el sureste asiático Japón, Mongolia, Camboya,
Samoa y Togo se han sumado a esta ratificación y en Eurasia: Albania, Armenia,
Bosnia Herzegovina, Kazajstán, Montenegro, Serbia, Eslovaquia, Lituania.
En África ya han ratificado Burkina Faso, Gabón,
Mali, Mauritania, Nigeria, Senegal, Marruecos, Túnez y Zambia.
Pese a que algunos países han juzgado violaciones
a los derechos humanos en el mundo, estos no han firmado la declaración. Tales
como: Estados Unidos, Gran Bretaña, Suiza, Noruega, Suecia, Finlandia, Italia,
Australia, Canadá, Dinamarca y Grecia.
La Convención tiene por objeto evitar las
desapariciones forzadas, determinar la verdad sobre estos delitos, castigar a
los responsables y ofrecer reparaciones a las víctimas y a sus familias.
El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas que se
ocupa de este asunto ha registrado más
de 50.000 casos de desapariciones forzadas en los últimos 30 años, aunque la
cifra total de desaparecidos es mucho mayor. Un buen número de casos no se
denuncian, entre otros motivos, por la pobreza, el analfabetismo, el temor a
las represalias, una mala administración de justicia, canales de información
ineficaces, sistemas institucionalizados de impunidad, una práctica de silencio
y restricciones a la labor de la sociedad civil.
Las
cifras
Desde que empezaron a iniciarse los registros
estadísticos en el mundo sobre las desapariciones forzadas en 1985, se han
informado 54 mil 405 casos en 104 países.
Los últimos datos que se conocen fueron revelados
en febrero de 2015 por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o
Involuntarias de Naciones Unidas que se reunió en Buenos Aires (Argentina).
En ese encuentro, el titular del grupo de
trabajo, el argentino Ariel Dulitzky, reveló que se contabilizan 43 mil casos
en estudio que -según sus palabras- "son sólo la punta del iceberg".
Situación
en el mundo Parte I
AMÉRICA
Argentina
Alrededor de 30,000 personas fueron
detenidas-desaparecidas en Argentina principalmente durante la dictadura
militar de 1976-1983.
Miles más fueron ejecutadas, tanto por las fuerzas de
seguridad como por la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A).
El proceso de justicia transicional argentino ha
sido, tanto en sus aspectos positivos como en su aspectos negativos, un modelo
estudiado en varios países con casos de desapariciones forzosas. Desde el fin
de la dictadura militar en 1983, las víctimas de la represión han tenido que
recorrer un tortuoso camino político y judicial. Proceso que en ocasiones
avanzaba reconociendo sus derechos a la hora de ofrecer una justicia reparadora
pero en otras ocasiones retrocedía, amparando la impunidad de los encargados de
desplegar la represión más brutal de toda América del Sur en las últimas
décadas.Con la victoria electoral de Raúl Alfonsín en octubre de 1983, la
sociedad argentina comienza una nueva etapa que incluye el establecimiento de
la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). Este órgano
presentó un informe en el que se ofrecía un listado no definitivo de
desaparecidos por la represión. Establecieron una relación en torno a 9.000
casos. Varias asociaciones de derechos humanos han venido cuestionando esa
cifra desde entonces, aumentando los casos hasta 30.000. En 1984 comenzaron las
labores del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y desde entonces ha
trabajado en unos 30 países, siendo una referencia mundial en su campo. El
debate sobre la auténtica cifra de desaparecidos no se ha cerrado aún.
Sin embargo, los argentinos han visto como el
ímpetu inicial del gobierno de Alfonsín se diluía con la aprobación de las
leyes de Punto Final (1986) y de Obediencia Debida (1987). Carlos Menem,
presidente de Argentina de 1989
a 1999, indultó a varios militares acusados de crímenes
de lesa humanidad, a grupos guerrilleros e incluso a altos mandos del Golpe de
Estado como Videla, Massera y Viola.
No será hasta 1998 cuando el proceso de justicia
transicional vuelva a funcionar. Ese año el Congreso derogó las leyes de Punto
Final y Obediencia Debida, pero sin efecto retroactivo. En 2005, la Corte
Suprema de Justicia declara inconstitucionales estas leyes y en 2007, otra
sentencia califica de la misma forma los indultos otorgados a los represores.
Videla regresó a prisión y murió por causas naturales a mediados de 2013 en un
cárcel de Buenos Aires. Nunca se arrepintió de sus acciones de gobierno durante
la dictadura.
Bolivia
Las dictaduras militares que gobernaron a Bolivia
desde 1964 a
1982, y algunos de los posteriores gobiernos democráticos, fueron responsables
por graves violaciones a los derechos humanos. Estas incluyeron la detención
arbitraria de miles de personas, el uso sistemático de la tortura, las
ejecuciones sumarias y las desapariciones forzadas. Estas últimas nunca
alcanzaron las dimensiones de otros países del Cono Sur, pero siguen sin
aclararse. Las familias siguen buscando a sus familiares desaparecidos y el
gobierno sigue sin ofrecer respuesta.
Colombia
La ONU calculó en 2011 que alrededor de 15.600
personas de las aproximadamente 57.000 que figuraban en el Registro Nacional de
Desaparecidos colombiano habrían sido víctimas de desaparición forzada desde
los años 60. Otras estimaciones rebajan esa cifra, otras hablan de una cifra
superior. De acuerdo con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas, organización colombiana, hasta el 2015 se contabilizan un total de 45
mil 630 personas que han sido víctimas de la desaparición forzada, un crimen
que se ha producido en ese país desde hace más de 10 años, a raíz de los
conflictos internos generados por el paramilitarismo.
Durante el largo conflicto interno colombiano
todos los bandos implicados -guerrillas, paramilitares y ejército- han sido
acusados de llevar a cabo desapariciones. Según un análisis realizado por la
Comisión Colombiana de Juristas, una ONG con estatus consultivo de Naciones
Unidas, de las desapariciones reportadas en el periodo 1996-2009 se pudo
establecer la autoría de las desapariciones en algo más del 70% de los casos.
Las conclusiones sobre a quien adjudicar aquellas se distribuyen así: casi un
12% a los agentes del Estado, un 56,50% a los grupos paramilitares y un 2,26% a
los grupos guerrilleros. A lo que hay que sumar que la delincuencia común ha
llevado a cabo desapariciones forzosas.
A finales de 2013, la Fiscalía General colombiana
anunció que entre 2007 y 2013 se había procedido a la exhumación de más de
5.000 cuerpos.. Organizaciones de derechos humanos han denunciado que las
pesquisas sobre este asunto se complican en algunos casos por las amenazas que
reciben los investigadores, incluidas las realizadas por militares colombianos.
Cabe esperar que en el curso de las actuales negociaciones de paz entre el
Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC se pueda conocer el paradero
personas hechas desaparecer tanto por las fuerzas del orden como por el grupo
guerrillero. A esta situación se suma que falta conocer el paradero de muchas
personas hechas desaparecer por los paramilitares. En la actualidad, las
campañas de exhumaciones prosiguen.
Cuando el pasado diciembre se anunció en La
Habana, sede del proceso de paz durante estos cuatros años, el punto 5,
relativo a las víctimas, se estableció una comisión temporal que se encargará
de la reparación, la búsqueda de justicia y verdad, la no repetición y el
reconocimiento de responsabilidad, con independencia de que se trate de actores
armados o agentes del Estado. El acuerdo también incluye una unidad especial
para la búsqueda de desaparecidos. Pero antes de que se ponga en marcha con la
firma final prevista para este mismo año, Colombia tendrá que consolidar una
cifra. La horquilla va de los 15.000 de la Fiscalía a los más de 100.000 del
Comité Internacional de la Cruz Roja. La Unidad de Víctimas contabiliza más de 40.000 desaparecidos. “Por
el momento no ha sido posible unificarlos porque no hay voluntad política”, denuncia
Gloria Luz Gómez, secretaria general de la Asociación de Familiares de
Detenidos Desaparecidos (Asfaddes). A la espera de un cómputo final, Colombia
podría convertirse en el país latinoamericano con más desaparecidos.
Los negociadores acordaron trabajar conjuntamente
en la búsqueda de los desaparecidos, que el Centro de Memoria Histórica cifra
en más de 25.000, y crearán una unidad especial que facilitará información
sobre su ubicación, así como la entrega de sus restos a los familiares. Para
ello contará con la ayuda de la Cruz Roja Internacional.
El acuerdo forma parte del punto de reparación a
las víctimas, uno de los pilares sobre los que se estructura el proceso de paz
que desde hace casi tres años se desarrolla en La Habana. Después de la creación
de una Comisión de la Verdad y de empezar los trabajos para desminar de forma
conjunta el país, este era uno de los acuerdos más esperados. En un conflicto
que ha dejado más de siete millones de víctimas, entre muertes (220.000),
desplazados y afectados, los desplazados ocupan uno de los capítulos más
siniestros de la historia del país.
Los negociadores acordaron, por un lado, trabajar
de manera inmediata en "ubicar, identificar y entregar dignamente los
restos de las personas dadas por desaparecidas" durante el conflicto. Para
ello, requerirán el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja con el fin
de diseñar y poner en marcha planes especiales humanitarios para la búsqueda,
ubicación, identificación y entrega digna de los restos a sus familiares.
Como primer paso, el Gobierno acelerará la
identificación y entrega de restos de víctimas que hayan muerto en operaciones
de la Fuerza Pública "inhumados como N.N [no name, sin nombre] en
cementerios ubicados en las zonas más afectadas por el conflicto". Por su
parte, la guerrilla se compromete a entregar información para la ubicación y
posterior identificación de los restos de víctimas de cuya ubicación tengan
conocimiento.
El segundo punto acordado en el texto que leyeron
a última hora de la tarde del sábado los representantes de los países garantes,
Noruega y Cuba, las delegaciones se comprometen a crear, tras el acuerdo de paz
final, una Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD). Para su
formación y desarrollo el Gobierno y las FARC se comprometen a contar con la
participación de organizaciones de víctimas, defensoras de derechos humanos y
con el apoyo de instituciones especializadas.
Uno de los aspectos más significativos de este
acuerdo es que aquellos que contribuyan con información a la UBPD podrán
beneficiarse, si así se considera, de un tratamiento especial en materia de
justicia, dentro del sistema judicial que se desarrollará una vez se firme el
acuerdo final. Este punto, alcanzado hace un mes, ha sido crucial a la hora de
consolidar el proceso de paz. Sin embargo, desde su firma por parte del
presidente, Juan Manuel Santos, y el máximo líder de las FARC, Timochenko, el
pacto ha estado envuelto en polémica. La comisión jurídica se reunió para
tratar de avanzar y concretar los asuntos más polémicos y sobre los que ha
habido un constante cruce de declaraciones.
La unidad de búsqueda de desaparecidos tendrá un
director colombiano, que recibirá las recomendaciones y sugerencias de la
Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desparecidas, organizaciones de
víctimas, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Comisión Internacional
sobre Personas Desaparecidas. Al menos cada seis meses deberá informar
periódica y públicamente sobre las actividades de búsqueda, identificación y
localización y entrega digna de restos que se realicen, siempre y cuando las
víctimas así lo deseen.
Guatemala
Cifras: se calcula que existen a día de hoy entre
40.000 y 45.000 desaparecidos, la mayoría durante la guerra civil. Las
desapariciones realizadas por fuerzas de seguridad estatales han continuado
hasta la fecha, según han denunciado numerosas organizaciones de derechos
humanos.
Durante el largo conflicto interno que vivió
Guatemala entre 1960 y 1996 se calcula que se produjeron unos 200.000 muertos.
En este conflicto -como en otros conflictos centroamericanos como en el de
Nicaragua o El Salvador- los EE UU
jugaron un papel relevante, pues apoyaron al ejército golpista y a los grupos
paramilitares. Los gobiernos de Argentina, Chile, México e Israel también colaboraron
con los militares guatemaltecos en distintos momentos del conflicto. Algo más
del 80% de los asesinados pertenecían a alguna de las etnias indígenas maya del
país que representan entre el 50 y el 60% de la población total del país. Al ex
dictador Ríos Montt se le ha juzgado, de hecho, por genocidio. Aunque la casi
totalidad de las víctimas eran civiles desarmados, la inmensa mayoría de las
desapariciones fueron llevadas a cabo por efectivos del ejército.
Ríos Montt negó en el juico haber dado órdenes
para que se asesinara y se hiciera desaparecer a una etnia en concreto. El ex
dictador está a la espera de saber la nueva fecha de su juicio, tras haber sido
anulado el proceso que lo condenó a 80 años de prisión por genocidio. La ley de
Reconciliación Nacional de 1996 derogó las amnistías que se llevaron a cabo
antes de esa fecha, incluida la recibida por Ríos Montt gracias a otro dictador
guatemalteco, Oscar Mejía. El proceso judicial ha puesto de manifiesto el
camino que queda por recorrer para que algunos poderes fácticos guatemaltecos
acepten la reparación histórica reclamada por los familiares de los
desaparecidos y asesinados. La Fundación de Antropología Forense de Guatemala
(FAFG), organización independiente, se dedica desde hace años a la identificación
de los desaparecidos. Hasta la fecha han logrado determinar las identidades de
unas 6.000 personas. Además han elaborado un banco de muestras genéticas que
permitirá facilitar el trabajo de identificación de los cuerpos que aún están
enterrados en fosas comunes distribuidas por todo el país. También ha destacado
la acción del Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (Caldh), una
organización no gubernamental que recientemente abría un museo sobre memoria
histórica en una casa del casco viejo de la ciudad de Guatemala. En lo referido
a la ayuda estatal, ésta ha sido casi nula.
México
Se desconoce el porcentaje de desapariciones
forzosas llevadas a cabo por fuerzas de seguridad. Según cifras oficiales,
entre 2006 y 2012, se presentaron casi 20.000 denuncias de desapareciones pero
la cifra real, según algunas organizaciones de derechos humanos, podría ser
mayor.
Se ha producido un aumento en los informes de
desapariciones a manos de las fuerzas armadas en el contexto de operativos para
combatir el crimen organizado.
En otro orden, Amnistía Internacional ha
documentado que la investigación y el procesamiento de personal militar acusado
de violaciones de derechos humanos tienen lugar bajo la jurisdicción del
sistema militar. A consecuencia de ello, quienes sobreviven a los abusos del
ejército se enfrentan a múltiples obstáculos a la justicia. La familia de
Rosendo Radilla lleva más de tres décadas haciendo campaña para derribar el
muro de silencio que rodea su desaparición forzada.
Durante el Gobierno de Felipe Calderón se
incrementaron exponencialmente las denuncias por desapariciones. La mayor parte
de éstas se habrían producido en el contexto violente de los cárteles de la
droga. Sin embargo, organizaciones como Human Rights Watch han documentado ya
desapariciones forzosas, es decir, las llevadas a cabo por el ejército y las
fuerzas de seguridad mexicanas. Naciones Unidas ha pedido ya al Gobierno
mexicano que se comprometa a elaborar una base de datos fiable y que contribuya
con la financiación necesaria para que se puedan investigar adecuadamente
dichas desapariciones como primer paso para comenzar un proceso de justicia
efectiva. La clave en México a la hora de establecer el número de desaparecidos
forzosos pasará por establecer hasta que punto ha llegado la connivencia de las
autoridades mexicanas con grupos de delincuentes. En este sentido, no han
faltado las informaciones aparecidas en medios mexicanos que acusaban a las
fuerzas del orden –tanto del ejército como de las fuerzas policiales locales y
estatales- de haber realizado una labor especialmente beneficiosa para algunos
cárteles en detrimento de otros. En los últimos años no se han dejado de
encontrar fosas comunes por toda la geografía mexicana, la mayoría producto de
la acción de grupos criminales narcotraficantes. Las desapariciones en el
sexenio Calderón se suman a los producidas en los años 70 y 80 durante la
represión de movimientos de izquierdas llevada a cabo por los sucesivos
gobiernos dictatoriales del PRI, casi 550 personas desaparecidas según cifras
oficiales.
La confección de una lisa basada en
investigaciones solventes será el primer paso. Hasta el momento, se han
aumentado algunas partidas presupuestarias para el 2014, como la destinada a la
Coordinación General de Servicios Periciales pero se han reducido otras como la
Dirección General de Especialidades Médico Forenses. La Unidad Especializada de
Búsqueda de Personas Desaparecidas, creada en 2013, contará con un presupuesto
de unos 40.000.000 pesos (2.200.000 de euros). Desde la Comisión Mexicana de
Defensa y Promoción de los Derechos Humanos se ha denunciado que, a la hora de
investigar violaciones de derechos humanos cometidas por el ejército, la
primacía de la jurisdicción militar en dichas investigaciones -algo que contraviene
la Constitución- es un obstáculo muy difícil de salvar.
Por otra parte, en junio de 2011, Amnistía
Internacional lanzaba una acción urgente sobre seis hombres detenidos ilegalmente y sometidos a
desaparición forzada por miembros de la Marina en el norte de México. Pese a
las convincentes pruebas, la Marina sigue negando su implicación, y la
investigación oficial parece haberse estancado.
Estados
Unidos.
En el contexto de la llamada “guerra contra el
terror” liderada por Estados Unidos tras los atentados del 11-S en Nueva York y
Washington, las violaciones de derechos humanos cometidas por agentes
estadounidenses en Europa, Irak, Afganistán, Guantánamo y otros lugares del
mundo han sido muchas y variadas, y han incluido desapariciones forzadas,
tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes; en algunos casos con
resultado de muerte bajo custodia. Según la CIA, entre 2002 y 2007 se recluyó
en el programa secreto al menos a 98 de los detenidos denominados “de alto
valor”.
