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Desaparecidos Parte I


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13/09/2016


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América. Decenas de miles de personas continúan desaparecidas en el mundo sin acceso a la justicia


La desaparición forzada se ha usado a menudo como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos. La sensación de inseguridad que esa práctica genera no se limita a los parientes próximos del desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad

Las desapariciones forzosas llevadas a cabo por agentes del Estado -o por grupos no estatales con el consentimiento de las autoridades- seguidas por la negativa de ese Estado a reconocer éstas o el paradero de los desaparecidos son un fenómeno que se ha registrado en la historia de varios países.

Derechos Humanos

Estas prácticas son consideradas una grave violación de los Derechos Humanos, según el  Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, vigente desde el 1 de julio de 2002, que además la califica como un crimen contra la humanidad y, por tanto, no prescribirá.

“Se dará a las familias de las víctimas el derecho a obtener reparación y a exigir la verdad sobre la desaparición de sus seres queridos”, señala también la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

Derechos como el reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho a la libertad y seguridad de la persona, su identidad, garantías, protección y a la asistencia a la familia, son violados al producirse una desaparición forzada.

En la resolución titulada “Declaración para la protección de todas las personas de desapariciones forzadas, o por sus siglas según la resolución AG, 47/133)”, la ONU establece que el Estado tiene responsabilidad internacional si comete, autoriza o permite este delito en su territorio, y además que la desaparición forzada es un crimen que atenta contra la dignidad humana, por lo que constituye una violación flagrante al derecho internacional.

No hay ningún país en el que exista una lista definitiva de desaparecidos. En algunos casos, las distintas estimaciones sobre la cifra de desaparecidos pueden diferir en miles de personas, en otros, incluso en cientos de miles.

Las desapariciones forzadas constituyen una violación continuada de varios derechos fundamentales, que se mantiene hasta el momento en que se establecen el destino o paradero de la víctima. La impunidad sistemática existente, que es tolerada y promovida, contribuye a prolongar el sufrimiento de sus familiares, que son también víctimas de desaparición forzada según la definición internacional.

Hablar de víctimas no nos hace partidarios de unos u otros, sino que nos coloca del lado de los derechos humanos. Las familias de los desaparecidos quieren conocer la verdad sobre la suerte o el paradero de sus seres queridos. Como ha recordado el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, “este es un derecho absoluto” y “una obligación que el Estado debe satisfacer de acuerdo al derecho internacional”. Es urgente que el Estado adopte como una prioridad la búsqueda de las personas desaparecidas 

Aun cuando varios aspectos de la desaparición forzada puedan haberse completado años o décadas atrás, si otras partes de la desaparición persisten, especialmente si no se determina la suerte o el paradero de la víctima, deberá considerarse el caso por parte de los tribunales penales y no deberá fragmentarse el acto de la desaparición forzada. Aun cuando a modo de hipótesis, la prescripción fuese permisible, la misma solamente puede aplicarse una vez agotada la investigación judicial y no de manera preliminar.

Por su lado, el Comité contra la Desaparición Forzada –también de la ONU- exige que se “asegure que todas las desapariciones forzadas son investigadas de manera exhaustiva e imparcial, independientemente del tiempo transcurrido desde el inicio de las mismas y aun cuando no se haya presentado ninguna denuncia formal; adopte las medidas necesarias, legislativas o judiciales, con miras a superar los obstáculos jurídicos de orden interno que puedan impedir tales investigaciones; (…) y que las víctimas reciban reparación adecuada”.

La Convención de la ONU sobre personas desaparecidas (http://bit.ly/2cCSGtP)

La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas entró en vigor el 23 de diciembre de 2010, tras haberse convertido Irak en el vigésimo país que la ratificó. Actualmente, 88 Estados han firmado la Convención y 46 han ratificado la declaración sobre desapariciones forzadas. Por América Latina firmaron: Cuba, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Panamá, Perú, Paraguay, Uruguay y México.

En Europa, ocho países han ratificado el documento. Estos son: Austria, Bélgica, España, Francia, Alemania, Portugal, Holanda y Malta, quien ratificó apenas el pasado 27 de marzo.

En el sureste asiático Japón, Mongolia, Camboya, Samoa y Togo se han sumado a esta ratificación y en Eurasia: Albania, Armenia, Bosnia Herzegovina, Kazajstán, Montenegro, Serbia, Eslovaquia, Lituania.

En África ya han ratificado Burkina Faso, Gabón, Mali, Mauritania, Nigeria, Senegal, Marruecos, Túnez y Zambia.

Pese a que algunos países han juzgado violaciones a los derechos humanos en el mundo, estos no han firmado la declaración. Tales como: Estados Unidos, Gran Bretaña, Suiza, Noruega, Suecia, Finlandia, Italia, Australia, Canadá, Dinamarca y Grecia.

La Convención tiene por objeto evitar las desapariciones forzadas, determinar la verdad sobre estos delitos, castigar a los responsables y ofrecer reparaciones a las víctimas y a sus familias.

El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas que se ocupa de este asunto  ha registrado más de 50.000 casos de desapariciones forzadas en los últimos 30 años, aunque la cifra total de desaparecidos es mucho mayor. Un buen número de casos no se denuncian, entre otros motivos, por la pobreza, el analfabetismo, el temor a las represalias, una mala administración de justicia, canales de información ineficaces, sistemas institucionalizados de impunidad, una práctica de silencio y restricciones a la labor de la sociedad civil.

Las cifras

Desde que empezaron a iniciarse los registros estadísticos en el mundo sobre las desapariciones forzadas en 1985, se han informado 54 mil 405 casos en 104 países.

Los últimos datos que se conocen fueron revelados en febrero de 2015 por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas que se reunió en Buenos Aires (Argentina).

En ese encuentro, el titular del grupo de trabajo, el argentino Ariel Dulitzky, reveló que se contabilizan 43 mil casos en estudio que -según sus palabras- "son sólo la punta del iceberg".

Situación en el mundo Parte I

AMÉRICA

Argentina

Alrededor de 30,000 personas fueron detenidas-desaparecidas en Argentina principalmente durante la dictadura militar de 1976-1983. Miles más fueron ejecutadas, tanto por las fuerzas de seguridad como por la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A).

El proceso de justicia transicional argentino ha sido, tanto en sus aspectos positivos como en su aspectos negativos, un modelo estudiado en varios países con casos de desapariciones forzosas. Desde el fin de la dictadura militar en 1983, las víctimas de la represión han tenido que recorrer un tortuoso camino político y judicial. Proceso que en ocasiones avanzaba reconociendo sus derechos a la hora de ofrecer una justicia reparadora pero en otras ocasiones retrocedía, amparando la impunidad de los encargados de desplegar la represión más brutal de toda América del Sur en las últimas décadas.Con la victoria electoral de Raúl Alfonsín en octubre de 1983, la sociedad argentina comienza una nueva etapa que incluye el establecimiento de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). Este órgano presentó un informe en el que se ofrecía un listado no definitivo de desaparecidos por la represión. Establecieron una relación en torno a 9.000 casos. Varias asociaciones de derechos humanos han venido cuestionando esa cifra desde entonces, aumentando los casos hasta 30.000. En 1984 comenzaron las labores del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y desde entonces ha trabajado en unos 30 países, siendo una referencia mundial en su campo. El debate sobre la auténtica cifra de desaparecidos no se ha cerrado aún. 

Sin embargo, los argentinos han visto como el ímpetu inicial del gobierno de Alfonsín se diluía con la aprobación de las leyes de Punto Final (1986) y de Obediencia Debida (1987). Carlos Menem, presidente de Argentina de 1989 a 1999, indultó a varios militares acusados de crímenes de lesa humanidad, a grupos guerrilleros e incluso a altos mandos del Golpe de Estado como Videla, Massera y Viola. 

No será hasta 1998 cuando el proceso de justicia transicional vuelva a funcionar. Ese año el Congreso derogó las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, pero sin efecto retroactivo. En 2005, la Corte Suprema de Justicia declara inconstitucionales estas leyes y en 2007, otra sentencia califica de la misma forma los indultos otorgados a los represores. Videla regresó a prisión  y murió  por causas naturales a mediados de 2013 en un cárcel de Buenos Aires. Nunca se arrepintió de sus acciones de gobierno durante la dictadura.

Bolivia

Las dictaduras militares que gobernaron a Bolivia desde 1964 a 1982, y algunos de los posteriores gobiernos democráticos, fueron responsables por graves violaciones a los derechos humanos. Estas incluyeron la detención arbitraria de miles de personas, el uso sistemático de la tortura, las ejecuciones sumarias y las desapariciones forzadas. Estas últimas nunca alcanzaron las dimensiones de otros países del Cono Sur, pero siguen sin aclararse. Las familias siguen buscando a sus familiares desaparecidos y el gobierno sigue sin ofrecer respuesta. 

Colombia

La ONU calculó en 2011 que alrededor de 15.600 personas de las aproximadamente 57.000 que figuraban en el Registro Nacional de Desaparecidos colombiano habrían sido víctimas de desaparición forzada desde los años 60. Otras estimaciones rebajan esa cifra, otras hablan de una cifra superior. De acuerdo con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, organización colombiana, hasta el 2015 se contabilizan un total de 45 mil 630 personas que han sido víctimas de la desaparición forzada, un crimen que se ha producido en ese país desde hace más de 10 años, a raíz de los conflictos internos generados por el paramilitarismo.

Durante el largo conflicto interno colombiano todos los bandos implicados -guerrillas, paramilitares y ejército- han sido acusados de llevar a cabo desapariciones. Según un análisis realizado por la Comisión Colombiana de Juristas, una ONG con estatus consultivo de Naciones Unidas, de las desapariciones reportadas en el periodo 1996-2009 se pudo establecer la autoría de las desapariciones en algo más del 70% de los casos. Las conclusiones sobre a quien adjudicar aquellas se distribuyen así: casi un 12% a los agentes del Estado, un 56,50% a los grupos paramilitares y un 2,26% a los grupos guerrilleros. A lo que hay que sumar que la delincuencia común ha llevado a cabo desapariciones forzosas.

A finales de 2013, la Fiscalía General colombiana anunció que entre 2007 y 2013 se había procedido a la exhumación de más de 5.000 cuerpos.. Organizaciones de derechos humanos han denunciado que las pesquisas sobre este asunto se complican en algunos casos por las amenazas que reciben los investigadores, incluidas las realizadas por militares colombianos. Cabe esperar que en el curso de las actuales negociaciones de paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC se pueda conocer el paradero personas hechas desaparecer tanto por las fuerzas del orden como por el grupo guerrillero. A esta situación se suma que falta conocer el paradero de muchas personas hechas desaparecer por los paramilitares. En la actualidad, las campañas de exhumaciones prosiguen. 

Cuando el pasado diciembre se anunció en La Habana, sede del proceso de paz durante estos cuatros años, el punto 5, relativo a las víctimas, se estableció una comisión temporal que se encargará de la reparación, la búsqueda de justicia y verdad, la no repetición y el reconocimiento de responsabilidad, con independencia de que se trate de actores armados o agentes del Estado. El acuerdo también incluye una unidad especial para la búsqueda de desaparecidos. Pero antes de que se ponga en marcha con la firma final prevista para este mismo año, Colombia tendrá que consolidar una cifra. La horquilla va de los 15.000 de la Fiscalía a los más de 100.000 del Comité Internacional de la Cruz Roja. La Unidad de Víctimas  contabiliza más de 40.000 desaparecidos. “Por el momento no ha sido posible unificarlos porque no hay voluntad política”, denuncia Gloria Luz Gómez, secretaria general de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes). A la espera de un cómputo final, Colombia podría convertirse en el país latinoamericano con más desaparecidos.

Los negociadores acordaron trabajar conjuntamente en la búsqueda de los desaparecidos, que el Centro de Memoria Histórica cifra en más de 25.000, y crearán una unidad especial que facilitará información sobre su ubicación, así como la entrega de sus restos a los familiares. Para ello contará con la ayuda de la Cruz Roja Internacional. 

El acuerdo forma parte del punto de reparación a las víctimas, uno de los pilares sobre los que se estructura el proceso de paz que desde hace casi tres años se desarrolla en La Habana. Después de la creación de una Comisión de la Verdad y de empezar los trabajos para desminar de forma conjunta el país, este era uno de los acuerdos más esperados. En un conflicto que ha dejado más de siete millones de víctimas, entre muertes (220.000), desplazados y afectados, los desplazados ocupan uno de los capítulos más siniestros de la historia del país. 

Los negociadores acordaron, por un lado, trabajar de manera inmediata en "ubicar, identificar y entregar dignamente los restos de las personas dadas por desaparecidas" durante el conflicto. Para ello, requerirán el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja con el fin de diseñar y poner en marcha planes especiales humanitarios para la búsqueda, ubicación, identificación y entrega digna de los restos a sus familiares. 

Como primer paso, el Gobierno acelerará la identificación y entrega de restos de víctimas que hayan muerto en operaciones de la Fuerza Pública "inhumados como N.N [no name, sin nombre] en cementerios ubicados en las zonas más afectadas por el conflicto". Por su parte, la guerrilla se compromete a entregar información para la ubicación y posterior identificación de los restos de víctimas de cuya ubicación tengan conocimiento. 

El segundo punto acordado en el texto que leyeron a última hora de la tarde del sábado los representantes de los países garantes, Noruega y Cuba, las delegaciones se comprometen a crear, tras el acuerdo de paz final, una Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD). Para su formación y desarrollo el Gobierno y las FARC se comprometen a contar con la participación de organizaciones de víctimas, defensoras de derechos humanos y con el apoyo de instituciones especializadas. 

Uno de los aspectos más significativos de este acuerdo es que aquellos que contribuyan con información a la UBPD podrán beneficiarse, si así se considera, de un tratamiento especial en materia de justicia, dentro del sistema judicial que se desarrollará una vez se firme el acuerdo final. Este punto, alcanzado hace un mes, ha sido crucial a la hora de consolidar el proceso de paz. Sin embargo, desde su firma por parte del presidente, Juan Manuel Santos, y el máximo líder de las FARC, Timochenko, el pacto ha estado envuelto en polémica. La comisión jurídica se reunió para tratar de avanzar y concretar los asuntos más polémicos y sobre los que ha habido un constante cruce de declaraciones. 

La unidad de búsqueda de desaparecidos tendrá un director colombiano, que recibirá las recomendaciones y sugerencias de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desparecidas, organizaciones de víctimas, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas. Al menos cada seis meses deberá informar periódica y públicamente sobre las actividades de búsqueda, identificación y localización y entrega digna de restos que se realicen, siempre y cuando las víctimas así lo deseen.

Guatemala

Cifras: se calcula que existen a día de hoy entre 40.000 y 45.000 desaparecidos, la mayoría durante la guerra civil. Las desapariciones realizadas por fuerzas de seguridad estatales han continuado hasta la fecha, según han denunciado numerosas organizaciones de derechos humanos.

Durante el largo conflicto interno que vivió Guatemala entre 1960 y 1996 se calcula que se produjeron unos 200.000 muertos. En este conflicto -como en otros conflictos centroamericanos como en el de Nicaragua o El Salvador-  los EE UU jugaron un papel relevante, pues apoyaron al ejército golpista y a los grupos paramilitares. Los gobiernos de Argentina, Chile, México e Israel también colaboraron con los militares guatemaltecos en distintos momentos del conflicto. Algo más del 80% de los asesinados pertenecían a alguna de las etnias indígenas maya del país que representan entre el 50 y el 60% de la población total del país. Al ex dictador Ríos Montt se le ha juzgado, de hecho, por genocidio. Aunque la casi totalidad de las víctimas eran civiles desarmados, la inmensa mayoría de las desapariciones fueron llevadas a cabo por efectivos del ejército. 

Ríos Montt negó en el juico haber dado órdenes para que se asesinara y se hiciera desaparecer a una etnia en concreto. El ex dictador está a la espera de saber la nueva fecha de su juicio, tras haber sido anulado el proceso que lo condenó a 80 años de prisión por genocidio. La ley de Reconciliación Nacional de 1996 derogó las amnistías que se llevaron a cabo antes de esa fecha, incluida la recibida por Ríos Montt gracias a otro dictador guatemalteco, Oscar Mejía. El proceso judicial ha puesto de manifiesto el camino que queda por recorrer para que algunos poderes fácticos guatemaltecos acepten la reparación histórica reclamada por los familiares de los desaparecidos y asesinados. La Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG), organización independiente, se dedica desde hace años a la identificación de los desaparecidos. Hasta la fecha han logrado determinar las identidades de unas 6.000 personas. Además han elaborado un banco de muestras genéticas que permitirá facilitar el trabajo de identificación de los cuerpos que aún están enterrados en fosas comunes distribuidas por todo el país. También ha destacado la acción del Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (Caldh), una organización no gubernamental que recientemente abría un museo sobre memoria histórica en una casa del casco viejo de la ciudad de Guatemala. En lo referido a la ayuda estatal, ésta ha sido casi nula.

México

Se desconoce el porcentaje de desapariciones forzosas llevadas a cabo por fuerzas de seguridad. Según cifras oficiales, entre 2006 y 2012, se presentaron casi 20.000 denuncias de desapareciones pero la cifra real, según algunas organizaciones de derechos humanos, podría ser mayor.

Se ha producido un aumento en los informes de desapariciones a manos de las fuerzas armadas en el contexto de operativos para combatir el crimen organizado.

En otro orden, Amnistía Internacional ha documentado que la investigación y el procesamiento de personal militar acusado de violaciones de derechos humanos tienen lugar bajo la jurisdicción del sistema militar. A consecuencia de ello, quienes sobreviven a los abusos del ejército se enfrentan a múltiples obstáculos a la justicia. La familia de Rosendo Radilla lleva más de tres décadas haciendo campaña para derribar el muro de silencio que rodea su desaparición forzada.

 Durante el Gobierno de Felipe Calderón se incrementaron exponencialmente las denuncias por desapariciones. La mayor parte de éstas se habrían producido en el contexto violente de los cárteles de la droga. Sin embargo, organizaciones como Human Rights Watch han documentado ya desapariciones forzosas, es decir, las llevadas a cabo por el ejército y las fuerzas de seguridad mexicanas. Naciones Unidas ha pedido ya al Gobierno mexicano que se comprometa a elaborar una base de datos fiable y que contribuya con la financiación necesaria para que se puedan investigar adecuadamente dichas desapariciones como primer paso para comenzar un proceso de justicia efectiva. La clave en México a la hora de establecer el número de desaparecidos forzosos pasará por establecer hasta que punto ha llegado la connivencia de las autoridades mexicanas con grupos de delincuentes. En este sentido, no han faltado las informaciones aparecidas en medios mexicanos que acusaban a las fuerzas del orden –tanto del ejército como de las fuerzas policiales locales y estatales- de haber realizado una labor especialmente beneficiosa para algunos cárteles en detrimento de otros. En los últimos años no se han dejado de encontrar fosas comunes por toda la geografía mexicana, la mayoría producto de la acción de grupos criminales narcotraficantes. Las desapariciones en el sexenio Calderón se suman a los producidas en los años 70 y 80 durante la represión de movimientos de izquierdas llevada a cabo por los sucesivos gobiernos dictatoriales del PRI, casi 550 personas desaparecidas según cifras oficiales. 

La confección de una lisa basada en investigaciones solventes será el primer paso. Hasta el momento, se han aumentado algunas partidas presupuestarias para el 2014, como la destinada a la Coordinación General de Servicios Periciales pero se han reducido otras como la Dirección General de Especialidades Médico Forenses. La Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, creada en 2013, contará con un presupuesto de unos 40.000.000 pesos (2.200.000 de euros). Desde la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos se ha denunciado que, a la hora de investigar violaciones de derechos humanos cometidas por el ejército, la primacía de la jurisdicción militar en dichas investigaciones -algo que contraviene la Constitución- es un obstáculo muy difícil de salvar. 

Por otra parte, en junio de 2011, Amnistía Internacional lanzaba una acción urgente sobre seis hombres  detenidos ilegalmente y sometidos a desaparición forzada por miembros de la Marina en el norte de México. Pese a las convincentes pruebas, la Marina sigue negando su implicación, y la investigación oficial parece haberse estancado.

Estados Unidos.

En el contexto de la llamada “guerra contra el terror” liderada por Estados Unidos tras los atentados del 11-S en Nueva York y Washington, las violaciones de derechos humanos cometidas por agentes estadounidenses en Europa, Irak, Afganistán, Guantánamo y otros lugares del mundo han sido muchas y variadas, y han incluido desapariciones forzadas, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes; en algunos casos con resultado de muerte bajo custodia. Según la CIA, entre 2002 y 2007 se recluyó en el programa secreto al menos a 98 de los detenidos denominados “de alto valor”.







Etiquetas:   Derechos Humanos   ·   Conflictos Armados   ·   Conflicto Político

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