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UBER y libre mercado


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27/07/2016

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En diversas ocasiones en esta columna he referido como uno de los principales problemas de la economía que existan barreras a la libre competencia. La mayoría, son ejecutadas por el gobierno a  través de los impuestos y las tarifas para “regular”, “controlar” o “proteger” un mercado o producto específico.


Hay que decirlo, también, en la mayoría de los casos hay fuertes grupos de poder que son los que presionan al gobierno para que establezca estas disposiciones. Es el caso de los mercados oligopólicos o monopólicos como el de la electricidad, telefonía, gas, petróleo, entre otros.

Recuerdo que el 25 de mayo de 2015 (también escribí sobre este tema), precisamente, se realizó una mega-manifestación de taxis en la ciudad de México para presionar para que Miguel Ángel Mancera prohibiera la entrada al mercado de la Ciudad de México el servicio de UBER, o bien, regularlo para evitar que operara en detrimento de los sindicatos que controlan estos servicios en la ciudad.

Volver a hablar sobre este asunto es propicio por el caso de los taxistas de la ciudad de México en contra de UBER (y los taxistas en cualquier otra ciudad como es el caso de Durango). Este fenómeno explica fehacientemente lo que en economía se denomina: barreras a la libre competencia; y, en política: favorecer/perjudicar al sindicato que controla al gremio de taxis y la renta y concesión de placas para ese servicio, según sea la posición del gobierno en turno.

Los argumentos de los taxistas en contra de la participación en el mercado de empresas como Uber y Cabify son tres: i) la falta de respuesta de las autoridades a su solicitud de “intervención” para evitar perder empleos, lo que aparentemente es justificable y tiene razón; ii) la supuesta ilegalidad del servicio de esas empresas; y iii) la competencia desleal que significan.

Respecto a la no intervención del gobierno y la ilegalidad en el servicio de UBER, en la medida que se trata de un servicio entre entes privados, y no públicos, el argumento de ilegalidad parece que no se sostiene; en todo caso, no se sabe que las organizaciones de taxistas hayan interpuesto ningún recurso jurídico al respecto. Para variar, se recurre más a la presión en las calles y en “amenazas en los medios de comunicación” que a los tribunales, y lo peor, han terminado por agredir a quienes utilicen este tipo de servicios (usuarios y oferentes).

En cuanto a la competencia desleal, los taxistas tienen razón. Sin embargo, ésta no es consecuencia de los nuevos agentes económicos entrantes al mercado (UBER y otras empresas), sino de la obsoleta regulación que imponen los gobiernos al servicio público de taxis: control tarifario, revista de verificación, taxímetros, pagos de derechos de placas, cambios de colores de los vehículos, etcétera. Dicho de otra forma, esto es como se valida el poder monopólico y la colusión, acuerdo, trabajo conjunto, cooperación… (como usted quiera llamarle) de un sindicato con el gobierno. Eso debe terminar. Así de simple. Obviamente, esto pone en tela de juicio la utilidad o necesidad de un sindicato que controle el servicio de trasporte público. Si a estos problemas de “regulación” se suman las “mordidas” recurrentes a taxistas y el tráfico o mercado secundario de placas entre otros aspectos (ilegales) que incrementan los costos para los taxistas registrados, pues el argumento de “competencia desleal” sí es válido.

En este contexto, estimados amigos, lectores, sobra decir que la competencia es deseable para los consumidores o usuarios del servicio. De acuerdo con diversos análisis, en otras ciudades del mundo la participación de empresas como UBER ha implicado una reducción de entre 10 y 30% del precio de los servicios, con un considerable incremento de la calidad. Lo que se requiere no es “regular” a UBER, sino disminuir los costos regulatorios para los taxistas organizados. En todo caso, si el gobierno de cualquier país cataloga el servicio de esas empresas como público, que sólo “tome nota” de lo que ya las propias empresas registran (exámenes, no antecedentes penales y cursos de capacitación) sin intervenir de manera directa.

Para reducir los costos de los taxistas se requiere eliminar la regulación tarifaria (ya hay competencia en el mercado y las diferencias de precios entre el servicio de UBER y los “taxis de sitio” son evidentes); disminuir o eliminar los pagos de derechos por los trámites (el costo burocrático es muy elevado); establecer un esquema de verificación por terceros (que busque eliminar la corrupción); cancelar las disposiciones que implican sobrecostos (cambios de color, taxímetros); y, sobre todo, liberar el número de placas que se otorgan (obtención inmediata a quien lo solicite con requisitos mínimos sin estar afiliado a ningún sindicato) para inducir mayor competencia, así como propiciar la creación de empresas de taxistas similares a UBER (como Yaxi e EasyTaxi). Es una magnífica oportunidad para modernizar/ordenar de fondo el servicio de taxis de cualquier ciudad del país. La llegada de la tecnología tal vez sea lenta para ciudades como Durango, pero es inevitable. Bienvenida sea.

Ello permitiría que, como para cualquier otro producto, el consumidor elija a la empresa que considere más conveniente en términos de calidad del servicio, confiabilidad, seguridad y precio, y no que la autoridad nos diga cuál sí o cuál no.

La función del gobierno debería ser proveer la información adecuada y suficiente para que el usuario tome la mejor decisión.

Si la lógica política se impone, el gobierno llegará a un nuevo arreglo con los sindicatos y “regulará” el servicio de UBER en detrimento de los usuarios. No olvidemos que hablamos de dinero que entra a las arcas gubernamentales vía las tarifas y los impuestos. Espero me equivoque, pero todo indica lo contrario.

Si la lógica económica es correcta, se deben eliminar los costos que el gobierno impone a los taxistas (con todo lo que ello implica en términos de sindicatos) y que el mercado opere en competencia perfecta.

@leon_alvarez









Etiquetas:   Economía   ·   Transporte   ·   Gobierno   ·   Monopolio   ·   Oligopolio

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