. La
mayoría, son ejecutadas por el gobierno a
través de los impuestos y las tarifas para “regular”, “controlar” o
“proteger” un mercado o producto específico.
Hay que
decirlo, también, en la mayoría de los casos hay fuertes grupos de poder que
son los que presionan al gobierno para que establezca estas disposiciones. Es
el caso de los mercados oligopólicos o monopólicos como el de la electricidad,
telefonía, gas, petróleo, entre otros.
Recuerdo
que el 25 de mayo de 2015 (también escribí sobre este tema), precisamente, se
realizó una mega-manifestación de taxis en la ciudad de México para presionar
para que Miguel Ángel Mancera prohibiera la entrada al mercado de la Ciudad de
México el servicio de UBER, o bien, regularlo para evitar que operara en
detrimento de los sindicatos que controlan estos servicios en la ciudad.
Volver
a hablar sobre este asunto es propicio por el caso de los taxistas de la ciudad
de México en contra de UBER (y los taxistas en cualquier otra ciudad como es el
caso de Durango). Este fenómeno explica fehacientemente lo que en economía se
denomina: barreras a la libre competencia; y, en política: favorecer/perjudicar
al sindicato que controla al gremio de taxis y la renta y concesión de placas para
ese servicio, según sea la posición del gobierno en turno.
Los
argumentos de los taxistas en contra de la participación en el mercado de
empresas como Uber y Cabify son tres: i) la falta de respuesta de las
autoridades a su solicitud de “intervención” para evitar perder empleos, lo que
aparentemente es justificable y tiene razón; ii) la supuesta ilegalidad del
servicio de esas empresas; y iii) la competencia desleal que significan.
Respecto
a la no intervención del gobierno y la ilegalidad en el servicio de UBER, en la
medida que se trata de un servicio entre entes privados, y no públicos, el
argumento de ilegalidad parece que no se sostiene; en todo caso, no se sabe que
las organizaciones de taxistas hayan interpuesto ningún recurso jurídico al
respecto. Para variar, se recurre más a la presión en las calles y en “amenazas
en los medios de comunicación” que a los tribunales, y lo peor, han terminado
por agredir a quienes utilicen este tipo de servicios (usuarios y oferentes).
En
cuanto a la competencia desleal, los taxistas tienen razón. Sin embargo, ésta
no es consecuencia de los nuevos agentes económicos entrantes al mercado (UBER
y otras empresas), sino de la obsoleta regulación que imponen los gobiernos al
servicio público de taxis: control tarifario, revista de verificación,
taxímetros, pagos de derechos de placas, cambios de colores de los vehículos,
etcétera. Dicho de otra forma, esto es como se valida el poder monopólico y la
colusión, acuerdo, trabajo conjunto, cooperación… (como usted quiera llamarle)
de un sindicato con el gobierno. Eso debe terminar. Así de simple. Obviamente,
esto pone en tela de juicio la utilidad o necesidad de un sindicato que controle
el servicio de trasporte público. Si a estos problemas de “regulación” se suman
las “mordidas” recurrentes a taxistas y el tráfico o mercado secundario de
placas entre otros aspectos (ilegales) que incrementan los costos para los
taxistas registrados, pues el argumento de “competencia desleal” sí es válido.
En este
contexto, estimados amigos, lectores, sobra decir que la competencia es
deseable para los consumidores o usuarios del servicio. De acuerdo con diversos
análisis, en otras ciudades del mundo la participación de empresas como UBER ha
implicado una reducción de entre 10 y 30% del precio de los servicios, con un
considerable incremento de la calidad. Lo que se requiere no es “regular” a
UBER, sino disminuir los costos regulatorios para los taxistas organizados. En todo
caso, si el gobierno de cualquier país cataloga el servicio de esas empresas
como público, que sólo “tome nota” de lo que ya las propias empresas registran
(exámenes, no antecedentes penales y cursos de capacitación) sin intervenir de
manera directa.
Para
reducir los costos de los taxistas se requiere eliminar la regulación tarifaria
(ya hay competencia en el mercado y las diferencias de precios entre el
servicio de UBER y los “taxis de sitio” son evidentes); disminuir o eliminar
los pagos de derechos por los trámites (el costo burocrático es muy elevado);
establecer un esquema de verificación por terceros (que busque eliminar la
corrupción); cancelar las disposiciones que implican sobrecostos (cambios de
color, taxímetros); y, sobre todo, liberar el número de placas que se otorgan
(obtención inmediata a quien lo solicite con requisitos mínimos sin estar
afiliado a ningún sindicato) para inducir mayor competencia, así como propiciar
la creación de empresas de taxistas similares a UBER (como Yaxi e EasyTaxi). Es
una magnífica oportunidad para modernizar/ordenar de fondo el servicio de taxis
de cualquier ciudad del país. La llegada de la tecnología tal vez sea lenta
para ciudades como Durango, pero es inevitable. Bienvenida sea.
Ello
permitiría que, como para cualquier otro producto, el consumidor elija a la
empresa que considere más conveniente en términos de calidad del servicio,
confiabilidad, seguridad y precio, y no que la autoridad nos diga cuál sí o
cuál no.
La
función del gobierno debería ser proveer la información adecuada y suficiente
para que el usuario tome la mejor decisión.
Si la
lógica política se impone, el gobierno llegará a un nuevo arreglo con los sindicatos
y “regulará” el servicio de UBER en detrimento de los usuarios. No olvidemos
que hablamos de dinero que entra a las arcas gubernamentales vía las tarifas y
los impuestos. Espero me equivoque, pero todo indica lo contrario.
Si la
lógica económica es correcta, se deben eliminar los costos que el gobierno impone
a los taxistas (con todo lo que ello implica en términos de sindicatos) y que
el mercado opere en competencia perfecta.
@leon_alvarez
