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Crisis en Venezuela: mediación internacional y referendo revocatorio


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13/06/2016


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La crisis en Venezuela se agrava por el creciente desabastecimiento de alimentos y medicinas que padece la población; y por la decisión gubernamental de reprimir cualquier manifestación de descontento popular que ocurra en el país. Mientras, la mediación internacional se inició con tropiezos; por lo que no parece una opción cercana, por ahora. Al país, sólo le queda la realización del referendo revocatorio como un camino para salir de la crisis; si la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y sus aliados sociales logran sortear los obstáculos institucionales que ha colocado el Consejo Nacional Electoral (CNE).  

Los niveles de desabastecimiento en alimentos y medicinas que sufre la población venezolana alcanzan niveles de crisis humanitaria. En los centros poblados (grandes y pequeños) de todo el país, los ciudadanos deben hacer largas filas para tratar de adquirir el conjunto de productos regulados; por ser considerados de primera necesidad. Sin embargo, transcurridos ya meses, la crisis de acceso a los productos de la dieta diaria se ha agudizado; provocando protestas populares que a diario reclaman su derecho al acceso de bienes y servicios de calidad.

A la escasez de productos en el mercado se suma la creciente inflación (180% al cierre del pasado año 2015) y, el debilitamiento sostenido de los canales regulares de distribución de alimentos. Esto ha propiciado el surgimiento de un “mercado ilegal” de mercancías. Una reciente medida del presidente Maduro creó los denominados consejos locales de administración y producción (CLAP) con el propósito de entregar una bolsa de productos regulados por casa, cada 28 días. Los CLAP constituyen un mecanismo “clientelar” y burocrático con el cual se pretende racionalizar y direccionar el consumo popular de alimentos y de artículos de aseo personal.  

Los CLAP requieren para su creación de representantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) por medio de sus frentes sociales; a saber: i) de las “Unidades de Batalla Bolívar-Chávez” (UBCH); ii) del Frente Francisco de Miranda (FFM), organización política socialista (fundada en La Habana, Cuba en el año 2003); iii) de la Unión Nacional de Mujeres (UNAMUJER); y iv) de los consejos comunales cooptados por el régimen. Con la puesta en marcha de estas instancias se coloca una nueva traba; ahora de naturaleza ideológica, para el acceso y consumo de productos.       

En la Organización de Estados Americanos (OEA) quedó pospuesta para el día 23 de junio la reunión para el análisis y discusión del informe preparado por Luis Almagro, que considera la aplicación de la Carta Democrática a Venezuela. Sin embargo, en su sesión extraordinaria, de fecha 1° de junio, el Consejo Permanente de la entidad aprobó por consenso, una declaración dirigida a: i) la identificación de  mecanismos que coadyuven a un diálogo abierto; ii) el respaldo a la iniciativa de diálogo del grupo de ex presidentes (a través de la Unasur) y, iii) la promoción del entendimiento de todas las partes involucradas en la situación del país.

Pese al apoyo conseguido por la OEA, la iniciativa emprendida por la Unión de Naciones Suramericana (UNASUR) presenta serias dificultades. En fecha 27-05-2016, se realizó una primera reunión exploratoria (y por separado) en la República Dominicana con representantes de la MUD y del gobierno venezolano. El encuentro fue conducido por los ex-presidentes Leonel Fernández, Martín Torrijos y José Luis Rodríguez Zapatero. A los pocos días y, luego que el ex-presidente Rodríguez Zapatero visitara al líder democrático Leopoldo López en la prisión militar de “Ramo Verde”, la iniciativa de diálogo propuesta por UNASUR sufrió un serio revés, al trascender a la opinión pública que el ex-presidente español habría propuesto a los líderes democráticos la posposición del referendo revocatorio a cambio de la liberación de los presos políticos. En tal sentido, con la OEA obstaculizada en su proceso de toma de decisiones y UNASUR con baja credibilidad, las acciones de mediación quedan en una posición vulnerable.

Además, se erigen como trabas importantes a la realización de cualquier iniciativa de diálogo: i) los continuos retrasos implementados por el propio Consejo Nacional Electoral (CNE) para impedir el desarrollo del referendo revocatorio y ii) las más recientes agresiones; por parte de colectivos paramilitares afectos al PSUV, contra diputados de la plataforma democrática como Julio Borges.

La solicitud de un referendo revocatorio corresponde al ejercicio de un derecho constitucional. Como se sabe, la MUD logró que más de 2 millones de ciudadanos venezolanos firmaran la solicitud correspondiente. En una segunda fase, se consignaron ante el CNE cerca de 2 millones firmas de las cuales el organismo electoral excluyó 600 mil firmas; sin un criterio claro. Firmas como la Henrique Capriles fueron desechadas. Toca ahora, validar un total de 1.3 millones de firmas; por parte de los electores (no excluidos) en el lapso comprendido entre 20-24 de junio. Para ese proceso, el CNE dispuso tan sólo de 24 oficinas en todo el país (a razón de 1 oficina por entidad federal). Para la MUD esto significa un reto crucial; tanto de orden político como organizativo.

La delicada situación venezolana requiere de una observación internacional adecuada basada en la democracia y en la defensa de los derechos humanos. Por lo tanto, esa mediación internacional debe ser imparcial, responsable, incluyente y también eficaz. La solución a la crisis humanitaria en  Venezuela pasa por la realización de un referendo revocatorio que permita sentar las bases del cambio necesario sobre la voluntad del pueblo, como auténtico protagonista de su destino.

@migonzalezm



Etiquetas:   Relaciones Internacionales   ·   Democracia   ·   Participación Ciudadana

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