A vueltas con Seseña - Medio Ambiente - Reeditor.com

. Mucho más inteligente sería analizar lo ocurrido, sacar conclusiones, e intentar evitar que algo así vuelva a repetirse. Pero si hiciéramos eso, esto no sería España, y mucho me temo que seguiremos expuestos a más “seseñas”, “seseñitas”, o “seseñazas”.

Para empezar lo ocurrido demuestra que en tema ambiental, como en los demás temas, en España las sanciones no guardan proporción con los delitos. Solo así puede explicarse que el culpable de todo esto, la empresa DISFILT S.A., acumulara por expedientes promovidos por las distintas administraciones en relación con el vertedero ilegal de Seseña la "friolera" de 600.000 euros en multas. Una cantidad a todas luces ridícula si tenemos en cuenta que los daños ocasionados por esta empresa pueden cuantificarse en un buen puñado de millones de euros. Y lo más sangrante es que la justicia ni siquiera consiguió hacer efectivas estas sanciones, con el culpable declarado insolvente después de haberse embolsado una cantidad muy superior a la de esas multas por permitir crear en Seseña el mayor vertedero de neumáticos de Europa.

A esta falta absoluta de rigor sancionador hay que unir una clamorosa falta de previsión. Si a todas las actividades con un potencial contaminador como ésta se les exigiera una fianza suficiente antes de iniciar su actividad, al menos la Administración podría, en casos como este, recurrir a dicha fianza para solventar los desmanes cometidos en vez de cargárselos a las espaldas de los contribuyentes.

Hoy hablamos de Seseña porque ha terminado en llamas, pero no hace tanto el desastre planeaba sobre otra localidad, también castellanomanchega, por una industria especializada en gestionar deshechos, que había acumulado de forma ilegal más de diez mil toneladas de residuos, buena parte de ellos peligrosos, almacenados sin cumplir norma alguna de seguridad, amenazando la integridad de los ciudadanos de una ciudad de más de 20.000 habitantes. Para colmo, la empresa titular estaba participada y había sido promovida por el gobierno del señor Barreda. Con la justicia exigiendo la intervención subsidiaria a la Administración Regional para evitar un accidente químico, sólo la venta de las instalaciones a una nueva empresa impidió que la ilegalidad cometida por la empresa amiga de Barreda fuera imputada a las espaldas de los castellanomanchegos.

Pero volvamos a los neumáticos. En el caso de Seseña no sólo es que no se exigiera una fianza como la que mencionábamos antes, es que se huyó de cualquier tipo de principio de precaución, permitiendo la coexistencia, a una distancia de menos de 400 metros, de una instalación de este tipo y las viviendas de la urbanización de El Pocero. Sólo por esto el señor Barreda haría mejor en mantener la boca cerrada en lugar de ponerse a repartir culpas después de lo ocurrido.

Es cierto que en 2007 el gobierno del señor Barreda solicitó al juzgado poder gestionar los neumáticos abandonados, y la justicia no es que negara a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la posibilidad de entrar a retirar el depósito ilegal, sino que le vino a decir que había aún temas “sub judice” (los relativos al arrendamiento de las parcelas en las que se ubica el vertedero) que hasta que no se resolvieran impedían la ejecución subsidiaria. Sin embargo cuando esos temas se resolvieron en los tribunales la Junta no volvió a solicitar la gestión del vertedero, y de 2007 a 2011 no movió ni un dedo para impedir que los neumáticos se siguieran apilando en Seseña, ni para mantener el depósito en unas condiciones mínimas de seguridad. Y si la administración regional decidió “mirar a otro lado”, ¿qué decir de los sistemas integrados de gestión de residuos (SIG), esos a los que usted paga cada vez que compra una rueda una cantidad para gestionarla cuando se convierte en residuo? Agarrándose a la excusa de que su responsabilidad no alcanzaba a los neumáticos puestos en el mercado antes de 2005, se quitaron de en medio en lo referente a este vertedero en el que se han estado acumulando neumáticos hasta prácticamente ayer.

Por fin en 2011 el Jugado de Illescas otorga a los neumáticos del vertedero ilegal la condición de "bien abandonado" y permite al Ayuntamiento de Seseña gestionarlos. Todo ello sin tener en cuenta que el citado ayuntamiento toledano no disponía ni de los medios técnicos ni económicos para acometer la ingente tarea de limpiar aquella montaña de ruedas. Y aquí comienza un infructuoso rosario de entrevistas, tanto de los responsables del Ayuntamiento de Seseña como de los de la recién estrenada administración Cospedal, con empresas gestoras de residuos, buscando a un mirlo blanco que estuviera dispuesto a llevarse de allí los neumáticos cumpliendo con la normativa vigente y a ser posible sin coste. Ni los gestores, ni esas cementeras que ahora parecen estar dispuestas a utilizar neumáticos de Seseña como combustible (con subvención de por medio, supongo) mostraron la menor inclinación a colaborar en la solución del problema.

Paralelamente, y en una falta de coordinación palmaria, desde el Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente y Alimentación se le ponía a los SIG y a los gestores el caramelo en la boca hablándoles de millones de euros por gestionar “lo de Seseña”, con lo que las posibilidades de Ayuntamiento y Junta de conseguir a un gestor dispuesto a llevarse las ruedas a riesgo y ventura se reducían poco menos que a ninguna.

Aun así, y para hacer posible el milagro, el ayuntamiento se encargó de dotar a las parcelas en las que se ubica el vertedero de suministro de agua y electricidad, elementos imprescindibles tanto para una hipotética gestión del depósito como para garantizar su seguridad, y se limpió el perímetro del vertedero de la vegetación seca que podía ser combustible y conductor para que un incendio entrara al depósito de neumáticos.

Y cuando ya casi nadie lo esperaba, en 2013 aparece el “mirlo blanco”, una empresa de Valencia (nada de Senegal ni gaitas) que decía contar con unas perspectivas de negocio que le permitían quitar de allí los neumáticos sin coste para la Administración. Por supuesto contaban con experiencia en la gestión de neumáticos, y con todas las autorizaciones pertinentes. Se instaló una planta trituradora de neumáticos en el vertedero y la cosa parecía empezar a funcionar. La empresa llegó a un acuerdo con una cementera madrileña que estaba dispuesta a comprar el neumático triturado para usarlo como combustible, y por primera vez la pila de ruedas empezaba a disminuir en vez de crecer.

Pero la alegría duró poco y la cementera de pronto decidió que no podía seguir utilizando el triturado de Seseña. Cualquier posible salida comercial a los materiales que se extraían del vertedero se cerraba como si una misteriosa mano negra fuera cerrando las puertas a cada paso que se intentaba dar: si se enviaba metal a las fundiciones del norte de España, de pronto aparecía un misterioso suministrador que completaba el cupo de fundición, si se obtenía un posible comprador de caucho triturado, de pronto aparecía otro que lo ofrecía a mitad de precio. Y no sólo se cerraban las salidas comerciales, sino que se llegó incluso al sabotaje, arrojando por la noche trozos de metal a las trituradoras para reventar las cuchillas.

Por su parte la Consejería de Agricultura había conseguido implicar tanto a la Comunidad de Madrid como al Ministerio en un protocolo conjunto de actuación para el vertedero de Seseña, que a finales de 2014 estaba prácticamente ultimado y contaba con los informes favorables tanto de la abogacía del Estado como de los servicios jurídicos de Castilla-La Mancha y Madrid. Pero el final de la legislatura se echó encima y el protocolo no se llegó a firmar. Para esas fechas, la misteriosa “mano negra” había conseguido asfixiar a la empresa valenciana (que no senegalesa) que tuvo que dejar de triturar neumáticos, incapaz de asumir los costes de trabajo sin poder dar salida al material procesado.

Así las cosas, y ante la imposibilidad de cumplir los objetivos fijados, el ayuntamiento decidió resolver el convenio con la empresa a principios de 2016. Hasta ese momento, la empresa valenciana (que no senegalesa) había conseguido sacar del vertedero unas 9.000 toneladas de neumáticos, una cifra a todas luces insuficiente pero que representa el único esfuerzo efectivo por gestionar la montaña de ruedas de Seseña que se ha realizado hasta la fecha.

Pasado el paréntesis electoral, el Gobierno de García-Page retomó el camino del acuerdo con la Comunidad de Madrid y el Ministerio, explorando dos líneas fundamentales: trituración de neumáticos a través de la empresa TRAGSA para su utilización en cementeras, y posibilidad de obtención de fuel (a través de un estudio de la empresa EMGRISA). Resulta paradójico que la persona que en EMGRISA coordina el estudio de obtención de fuel sea la misma que como Director General de la Junta permitió que se formara el vertedero de neumáticos de Seseña. Igualmente resulta reseñable que en cualquier caso la gestión fuera a ser encomendada a una empresa pública (TRAGSA o EMGRISA), con lo que los gestores privados se quedaban sin su parte del deseado pastel de Seseña.

Y en estas llegó el incendio, provocado o bien por algún inconsciente, o por alguien demasiado consciente, ¿quién sabe? A ver si es que a alguien no le convenía que se pusieran en el mercado 90.000 toneladas de neumáticos fuera de uso…. Y con el incendio llegó el yo te dije, tú me dijiste, más cercano a la trifulca de patio de vecinos que a la verdadera depuración de responsabilidades

Y hablando de “responsables”, ¿alguien ha visto al Viceconsejero de Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha desde el día del incendio? Se ve que en su papel de Delegado Provincial cuando el incendio de Guadalajara aprendió como quitarse de en medio y que no le salpiquen las llamas.

En conclusión, nuestro sistema legal ha demostrado su incapacidad para impedir desmanes como el de Seseña, el de Ibertubo, o el de Aznalcóllar (por citar alguno más). Es lícito que los gestores privados se lucren con el negocio de los residuos, pero es infumable que cada vez que uno de estos gestores decide liarla, sean los contribuyentes los que tengan que sufragar los gastos de la juerga. Por buena parte de los neumáticos de Seseña los ciudadanos habían pagado una cantidad en concepto de gastos de gestión de sus residuos, y ahora además de sufrir el incendio van a tener que correr con los gastos de descontaminación y de gestión de los neumáticos que han sobrevivido a las llamas.

La justicia debe dotarse de instrumentos que impidan que la tropelía de cualquier desalmado acabe, en el mejor de los casos, siendo pagada por los contribuyentes, o en el peor ocasionando un daño grave al medio ambiente o a la salud de los ciudadanos. Las sanciones deben tener suficiente carácter disuasorio como para que el pirata de turno se lo piense muy mucho antes de traspasar la frontera de la legalidad. Las actividades de gestión deben estar cubiertas por garantías financieras que permitan hacerse cargo de incumplimientos o incidencias.

No es de recibo que ante un caso como el de Seseña, el duopolio que controla toda la gestión de neumáticos haya escurrido el bulto. En España no se mueve ni media rueda (entera o triturada) sin que ellos lo sepan. Con los todopoderosos fabricantes de neumáticos a la cabeza, el duopolio extiende una compleja madeja que engulle tanto a los gestores de neumáticos fuera de uso como a los fabricantes de plantas trituradoras y de valorización de neumáticos, a las cementeras y a cualquiera que un momento u otro participe en el ciclo de los neumáticos. Son perfectamente conscientes de que en Seseña había y hay también neumáticos puestos en el mercado después de 2006, y han preferido mirar hacia otro lado mientras la montaña de ruedas crecía sin parar. Para ellos el vertedero de Seseña no ha sido más que una posibilidad de negocio que no ha llegado a materializarse.